Confirmaron la condena de Ricardo Jaime por enriquecimiento ilícito, pero ordenaron revisar la pena que le impusieron

La Cámara Federal de Casación Penal también ratificó la condena para Julio De Vido por el caso de la venta de trenes chatarra a España y Portugal

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Ricardo Jaime cuando fue detenido
Ricardo Jaime cuando fue detenido en 2016

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de Ricardo Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito aunque ordenó que el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6) que había dictado la sentencia debe fijar una nueva pena. El ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner había sido condenado en abril de 2022 a la pena de ocho años de prisión, el pago de una multa y también a la inhabilitación general perpetua para ejercer cargos públicos. Se comprobó que cobró coimas y a partir de ello consolidó un patrimonio que no pudo justificar con sus ingresos.

La Sala III de la Casación integrada por Daniel Petrone, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky confirmó también lo decidido por el TOF 6 respecto de Jaime que había sido condenado en el mismo juicio por el negociado realizado en la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Por ese caso también fue condenado el ex ministro de Planificación durante el kirchnerismo, Julio De Vido. La pena dictada por el TOF 6 para De Vido había sido de cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El juez Petrone determinó que se debía confirmar todo lo decidido por el TOF 6 en la sentencia de 2022. En tanto Slokar y Borinsky en voto mayoritario, decidieron confirmar la sentencia pero determinaron que se debe modificar la pena impuesta tanto a Jaime como a De Vido por el caso de la compra de trenes chatarra. En ese caso Jaime y su testaferro Manuel Vázquez fueron condenados también por recibir coimas millonarias. De Vido no fue acusado de recibir coimas. La Casación determinó que en ese capítulo del juicio se anulen las penas y se fijen nuevas para Jaime, De Vido y Vázquez.

Julio De Vido junto a
Julio De Vido junto a Ricardo Jaime durante los años del kirchnerismo (NA)

Los tres jueces confirmaron lo decidido por el TOF 6 para un grupo de testaferros de Jaime que habían sido condenados en 2022. Julieta Cecilia Jaime, hija del ex funcionario, Silvia Elena Reyss, la ex pareja de quien fue secretario de Transporte y las hijas de ella, Lorena Silvia Jayo, Agostina Soledad Jayo. Todas ellas habían sido condenadas a penas en suspenso (menores a tres años) como testaferros del ex funcionario público. Casación confirmó la condena. También se confirmaron las condenas de otros tres testaferros: Julián Vázquez, hijo de Manuel el hacedor de negocios sucios durante los años en los que Jaime manejó Transporte; Carlos Lluch, integrante de la estructura de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que tuvo concesiones de trenes y colectivos y Graciela Vigna, que es la madre de Sebastián Ledantes, un joven que estuvo casado unos meses con Julieta Jaime.

Los jueces Slokar y Borinsky decidieron absolver por el beneficio de la duda a Lisandro López y Alfredo Pielach. Ellos integraban los cuadros directivos de la empresa TEBA, propiedad del empresario Néstor Otero, que tiene a su cargo la explotación de, entre otros negocios el de la Terminal de Ómnibus de Retiro. Otero fue uno de los empresarios que le pagó coimas a Jaime según lo demostrado en uno de los primeros casos por el que el ex funcionario fue condenado. Slokar y Borinsky absolvieron a López y Pielach quienes habían sido condenados porque compraron un hotel en Carlos Paz que era manejado por Julieta Jaime. Para el juez Petrone, en cambio, se tendría que haber confirmado la condena que era de cumplimiento condicional. La decisión de la Casación firmada en la tarde del jueves puede ser apelada por el fiscal Raúl Plée.

La condena

El 1 de abril de 2022 el TOF 6 dio a conocer el veredicto de varios juicios que se realizaron por delitos en los que estaba acusado Jaime. Aquel día, los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico habían condenado a Jaime a la pena de ocho años de prisión, el pago de una multa de $14.991.385 e inhabilitación absoluta y especial perpetua para ejercer cargos públicos por ser considerado autor del delito de enriquecimiento ilícito de funcionario. Pero además por los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho (cobro de coima) en la millonaria compra de trenes chatarra a España y Portugal. El TOF 6 ya no tiene más esa integración debido a las vacantes que existen allí.

  El avión que
El avión que Ricardo Jaime usaba como propio

En el mismo veredicto había sido condenado el ex ministro de Planificación durante los doce años del kirchnerismo, Julio De Vido. La pena en el caso de De Vido fue de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por su participación en la operación de compra de trenes europeos. A diferencia de Jaime no se lo había condenado por haber recibido coimas.

Dos meses después de leído el veredicto, en junio de 2022, se difundieron las 932 páginas con los fundamentos de los jueces para haber firmado aquel sentencia. Al fundamentar la condena contra Jaime, De Vido y Manuel Vázquez por la compra de trenes europeos, Panelo, Canero y Basílico habían ducho: “Consideramos que, con el rigor que esta etapa procesal obliga, ha quedado fehacientemente acreditado con fuerza de verdad material tanto por los testimonios oídos durante la audiencia de debate como por las evidencias documentales incorporadas por lectura, que durante el período comprendido entre el 25 de mayo de 2003 y el 1° de julio de 2009, el entonces Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación (en adelante MPFIPyS), Julio Miguel De Vido, junto con quien se desempeñara como Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Raúl Jaime, y quien fuera Asesor de Gabinete “ad honorem” de la Secretaria de Transporte, Manuel Vázquez Garea, valiéndose de tales condiciones, en clara violación de los deberes a su cargo, suscribieron una serie de actos jurídicos que obligaron y comprometieron abusivamente al Estado Nacional, generando con su accionar un perjuicio patrimonial grave e irreversible al erario público cuya administración, según sus roles, les fue confiada, en beneficio propio y de terceros”.

El principal testaferro de Jaime y alquimista de operaciones fuera de la ley en la secretaría de Transporte entre 2003 y 2009, Manuel Vázquez, también había sido condenado pero a la pena de cinco años y ocho meses de prisión, al pago de una multa de $10.986.664,23 e inhabilitación absoluta y especial perpetua para ejercer cargos públicos. Lo habían condenado además como uno de los testaferros que permitió el enriquecimiento de Jaime y además como receptor de coimas en el negociado que se llevó adelante por la compra de trenes a España y Portugal. Una consultora de Vázquez, que fue asesor de Jaime en la secretaría de Transporte, facturó servicios inexistentes a empresas europeas que participaron de la operación de venta de los trenes. El importe de esas facturas fue considerado como un pago de coimas por la fiscal Gabriela Baigún que había impulsado la acusación en el juicio. Ahora el TOF 6 debe determinar nuevas penas para Jaime, De Vido y Vázquez.

Respecto del aumento patrimonial injustificado de Jaime, los jueces del TOF 6 habían señalado que: “Consideramos con el rigor que esta etapa procesal nos obliga, que ha quedado fehacientemente acreditado con fuerza de verdad material, en virtud de los testimonios oídos durante la audiencia de debate y las evidencias documentales incorporadas por lectura, que Ricardo Raúl Jaime se enriqueció patrimonialmente de manera apreciable e injustificada, en relación con sus ahorros e ingresos legítimos demostrados, durante la época en que ejerció el cargo de Secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación (en adelante Secretaría de Transporte), entre el 28 de mayo de 2003 y el 1 de julio de 2009, como así también en los dos años posteriores bajo el denominado “período de sospecha” que prevé el art. 268 (2) del Código Penal (conforme redacción según ley 25.188), a través de la adquisición de diversos bienes, con la participación y colaboración de Julieta Cecilia Jaime, Graciela Elsa Vigna, Alfredo Alejandro Pielach, Lisandro Damián López, Manuel Vázquez, Julián Vázquez, Carlos Alberto Lluch, Silvia Elena Reyss, Lorena Silvia Jayo y Agostina Soledad Jayo, para ocultar o al menos disimular dicho enriquecimiento ilícito”. Pielach y López fueron absueltos por la Casación.

Julieta Jaime, una de las
Julieta Jaime, una de las hijas del ex funcionario, condenada como testaferro de su padre

Los jueces del TOF 6 habían dicho que: “Es evidente que Ricardo Raúl Jaime por haber revestido el cargo de Secretario de Transporte durante más de seis años, conocía perfectamente que era funcionario público y que pesaban sobre él obligaciones inherentes al correcto funcionamiento de la administración pública, en particular el deber de poseer una situación patrimonial que resulte clara y transparente. Sin embargo, los elementos probatorios descriptos a lo largo de la presente sentencia nos indican que el encausado tuvo la intención de enriquecerse a sabiendas que lo hacía por encima de sus ahorros e ingresos legítimos. Y en tal sentido, la aparición de personas físicas y jurídicas interpuestas para ocultar dicho incremento patrimonial injustificado no hace más que confirmar el dolo exigido por la figura”.

Se comprobó durante el juicio que Jaime compró de manera ilícita una casa en un country de San Isidro, un hotel en Carlos Paz y un diario y una radio en Córdoba. Además de un avión de cuatro millones de dólares. Y también otros bienes que adquirió con las coimas recibidas. El TOF 6 había ordenado decomisar bienes entre los que se encuentran:

- La casa donde vive su hija Julieta en Villa Carlos Paz, Córdoba.

- Un departamento ubicado en el distinguido Barrio Parque en Avenida Figueroa Alcorta 3060, en la Capital.

- Un departamento situado en la calle Chaco en, Río Gallegos, Santa Cruz.

-Una casa en el country Cuatro Hojas, en Mendiolaza, Córdoba,

- Una casa en el barrio el Benteveo, Córdoba.

-Un yate valuado en un millón de dólares.

-Un Toyota Corolla

-Un Honda, Legend

-Y el dinero que le encontraron en una caja fuerte en 2010: 50.200 pesos, 45.329 dólares, 10.020 euros y 300 reales.

Los bienes recién serán decomisados cuando la condena quede firme. Es decir que por ejemplo, la hija de Jaime que vive en una casa comprada con dinero ilegal en Carlos Paz, podrá seguir allí hasta que en algunos años, la condena que fue confirmada este jueves, sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el juicio que terminó en abril de 2022 habían sido absueltos Sebastián Ledantes, Raúl Viola, Hugo Álvarez Picasso y Silvano del Carmen Mazzucchelli, quienes habían llegado al juicio acusados de testaferros. En tanto por el caso de la compra de trenes chatarra a España y Portugal habían sido desafectados del caso Ricardo Testuri y Carlos Retuerto Castaño.

El yate de un millón
El yate de un millón de dólares que era de Jaime y que durante el gobierno de Mauricio Macri fue ploteado por el ministerio de Seguridad

Siete años preso

Ricardo Jaime fue un pionero en lo que a corrupción respecta. Allá por 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, fue el primer ex funcionario kirchnerista que estuvo prófugo de la Justicia. También fue el primer ex funcionario kirchnerista en reconocer que había cobrado coimas mientras fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009. En En 2013 lo habían condenado en Córdoba por el intento de robo de material hallado durante un allanamiento en una propiedad en Córdoba cuando en 2010 avanzó la causa en la que se lo investigaba por enriquecimiento ilícito. Esa condenas es la que confirmó Casación este jueves.

En 2015 -antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la presidencia- había confesado que dos empresarios -a los que debía controlar desde su cargo público- le habían pagado coimas. Por ello pactó una pena baja: es decir que en 2015 lo condenaron por coimero, por corrupto. Fue el primero, eso sí, no fue el último.

También tuvo ex extraño privilegio de ser primer ex funcionario kirchnerista en terminar tras las rejas. El 2 de abril de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue ordenada su detención. Desde aquel día y hasta el 18 de marzo de 2023 Jaime estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza. Algún tiempo de esa detención fue con prisión preventiva que se superpuso con períodos de cumplimiento de alguna de las seis condenas que ya le habían dictado por casos de corrupción.

La casa de Carlos Paz
La casa de Carlos Paz comprada con dinero producto de las coimas. Allí vive una hija de Jaime

Jaime fue condenado en seis casos de corrupción y pasó seis años, 11 meses y 16 días preso en la cárcel de Ezeiza. Una de esas condenas, confirmada por Casación, fue por por su responsabilidad en la Tragedia de Once, un caso de corrupción seguida de muerte: en ese caso le fijaron una pena de seis años de prisión que tiene que ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La última condena dictada contra Jaime es de septiembre de 2022 allí el Tribunal Oral Federal 8 lo halló culpable de haber pactado el cobro de una coima con la empresa Alstom. El pago se iba a efectivizar cuando se concretara el faraónico proyecto del Tren Bala que jamás se realizó. La Casación confirmó el año pasado esa condena.

Jaime llegó pobre a Buenos Aires cuando fue convocado por su viejo amigo Néstor Kirchner allá por mayo de 2003 para hacerse cargo la secretaría de Transporte que, entre otras cosas, manejó millones de pesos en subsidios. Pero como funcionario se enriqueció ilícitamente: la fuente del aumento injustificado de su patrimonio no fue otra que las coimas pagadas por los empresarios que hicieron grandes negocios en el área de transporte.

La Casación confirmó la condena y mandó modificar la pena. Es decir que en otra instancia judicial ratificó que Jaime recibía coimas mientras fue secretario de Transporte entre 2003 y 2009. Se hizo millonario. Pero también estuvo preso 2451 días, casi siete años. Ahora está libre pero controlado por una tobillera electrónica. Y aún tiene pendientes de resolución varios casos por corrupción en los que está imputado.

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