Los fiscales Eduardo Taiano (de Comodoro Py) y Sergio Rodríguez (a cargo de la Procuración de Investigaciones Administrativas) le pidieron a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que procese al ex ministro de Salud Ginés González García en la causa por el llamado “Vacunatorio VIP”, el primer escándalo que vivió el Gobierno de Alberto Fernández en medio de la pandemia. El pedido del Ministerio Público incluyó al resto de los implicados que fueron indagados. Como respuesta a eso, las defensas también reclamaron sus respectivos sobreseimientos: insistieron en que no hubo delito, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Las presentaciones se hicieron en las últimas semanas y quedaron a estudio de la jueza Capuchetti, quien ahora deberá resolver las situaciones procesales de los implicados. Se trata del ex ministro González García; Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas; Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de Atención a Pacientes de ese hospital; Alberto Maceira, ex director del Hospital Posadas; y Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García.
La causa se inició en febrero del 2021, cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse al Ministerio de Salud después de un llamado de González García. Primero, como testigo, Maceira contó que “recibió instrucciones de los funcionarios de Salud para atender a algunos recomendados en el vacunatorio del Hospital Posadas”. Y relató que él mismo participó de la vacunación de Verbitsky, del diputado nacional Eduardo Valdés y del ministro Jorge Taiana, entre otros, en el Ministerio de Salud.
En el momento en que fueron vacunados, el cronograma oficial establecía que solo podían recibir la dosis el personal de salud y el estratégico. La jueza Capuchetti primero hizo un archivo parcial de la causa porque entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. Pero el fiscal Rodríguez -a cargo de la PIA- apeló y la Cámara Federal revocó la decisión de la magistrada y ordenó que se siga investigando. Desde entonces, Capuchetti delegó la causa en la fiscalía.
En mayo pasado, Taiano y Rodríguez pidieron indagatorias por abuso de autoridad y peculado de bienes. “La sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del ´Personal de Salud´ y eventualmente del Personal estratégico”, señalaron los fiscales.
Las indagatorias se ordenaron y se fueron dilatando. El ex ministro pidió postergaciones por un delicado cuadro de salud. Finalmente, prestó una declaración por Zoom -junto a un escrito de un centenar de páginas- en la que negó las acusaciones en su contra y dijo que las personas que se aplicaron las vacunas estaban amparadas en las resoluciones de su cartera.
“Me declararon culpable antes de que yo me pudiera defender”, dijo el ex funcionario hace unas semanas en declaraciones a Radio Con Vos. Afirmó haber sido víctima de una operación política y añadió: “Estoy totalmente tranquilo y en paz con mi conciencia”.
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