Mientras avanzan sobre la “ruta del dinero” piquetero, Casanello arranca las indagatorias por extorsión a dirigentes del Polo Obrero

La causa que puso en la mira a los movimientos piqueteros y, en particular, a los manejos del Polo Obrero se reactivará esta semana: a partir de mañana un grupo de dirigentes e intermediarios comenzarán a desfilar en indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, en una ronda que culminará el próximo 25 de junio con el líder de la agrupación Eduardo Belliboni. Los acusan de administración fraudulenta, coacción y extorsión a beneficiarios de planes sociales. En los últimos días, los investigadores fueron avanzando sobre la pista de la ruta del dinero piquetero que puso en la mira a una usina de facturas truchas y una empresa ligada al Polo Obrero que se usaría para desviar dinero, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Las sospechas crecieron sobre Costex SA luego de que se allanara a sus socios y ambos dijeran que no tenían nada que ver con ese emprendimiento. Uno de ellos, además, vive en condición precaria, reforzando los indicios en torno a que se lo usó de pantalla. Esas dos personas también aparecen como socios de otras tres empresas que se crearon en 2020: Costex y VSP Consulting SA fueron registradas en octubre de ese año; Ciriaco Shoes SRL y Recinsur SA son de febrero de 2020. La AFIP las reportó como una usina de facturas truchas.

Siguiendo ese hilo, detallaron las fuentes consultadas por Infobae, aparecen un mismo grupo de profesionales detrás de la creación de esas empresas: un escribano, un abogado y dos gestores que fueron allanados. Se están analizando los documentos, sus computadoras y celulares para tratar de esclarecer que pasó. La gran duda es quiénes estaban detrás de estas sociedades y, en particular, de Costex SA que es la que aparece ligada a este expediente.

Otro dato llamó la atención: el Gobierno ha decidido entrar de lleno en esta causa desde distintos brazos. Tras el rechazo del juez Casanello para que el Ministerio de Seguridad -encargado de la denuncia- se convirtiera en querellante, el Ministerio de Capital Humano fue aceptado en el expediente. Pero además se sumó esta semana la Unidad de Información Financiera y ha pedido también ese rol de afectado particular la Oficina Anticorrupción, detallaron las fuentes consultadas por este medio. También pidió ser querellante la agrupación civil Poder Ciudadano.

Todo versa en torno a la denuncia que se originó el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno habilitó el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias anónimamente. Se hizo una denuncia en los tribunales de Comodoro Py: hubo reportes de todo el país, el fiscal Pollicita, que recibió la investigación delegada, se focalizó en las 45 que tuvieron lugar en la Capital Federal, su jurisdicción. Y avanzó en intentar rastrearlas. Localizó a siete: cinco de esas personas se animaron a declarar.

“Ha podido comprobarse preliminarmente que, al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social —personas en situación de alta vulnerabilidad social—, bajo diversos conceptos —”cápitas”, “cuotas”, “alquiler de comedor”, etc.—, cobrarles por la entrega de alimentos —pese a que los recibían gratuitamente del Gobierno Nacional—, obligarlos a vender por la zona la comida recibida del Estado Nacional —quedándose los acusados con la ganancia— y/o forzarlos a participar de “movilizaciones” de las agrupaciones políticas a las que pertenecen —e incluso en algún caso repartir volantes de candidatos a comicios electorales—; todo ello bajo la expresa amenaza de que, en caso de no cumplir con esas exigencias, se les daría de baja de la prestación social y/o se les negarían los alimentos y la mercadería”, sostuvo el fiscal Pollicita en su acusación.

Con los allanamientos y la información secuestrada, el juez ordenó la indagatoria del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni y otros referentes de la agrupación, por el escándalo de corrupción, junto a su inhibición de bienes. Fue el 27 de mayo pasado, el mismo día en que hacía lugar a una cautelar contra el Ministerio de Capital Humano por la denuncia de la entrega de alimentos que también tramita en su juzgado.

“Considero acreditado -con el grado requerido legalmente en esta etapa- que diversas personas, nucleadas bajo las figuras asociativas ‘Asociación Polo Obrero’ y ‘Cooperativa El Resplandor Ltda.’, habrían administrado de manera indebida al menos una parte de los recursos estatales que le fueran confiados en convenios celebrados con el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del aludido programa “Potenciar Trabajo””, afirmó el juez.

El juez sostuvo que se comprobó “el empleo de facturación apócrifa y la simulación de gastos no concretados –al menos a través de las firmas “Ediciones e Impresiones Rumbos SRL” y “Coxtex SA”-, para disfrazar el verdadero uso de una parte importante de los fondos”. Y resaltó que “se trató de montos significativos que fueron canalizados a través del uso de diferentes personas jurídicas, con la finalidad de obtener un beneficio particularizado. Así, lo público se confundió con lo privado al financiar actividad partidaria”, agregó.

Mientras se está buscando la pista sobre qué hubo detrás de la creación de Costex, Rumbos SRL tiene otra particularidad: se detectaron irregularidades y anomalías que hacen creer que las facturas fueron un dibujo, señalan los investigadores. Se facturaba por kits de seguridad o resmas de papel de manera sospechosa. Hay facturas hechas un mismo dia varias veces por un mismo monto, vendiendo productos distintos. El domicilio legal de la empresa pertenecía a un aportante del Partido Obrero. La sospecha en tribunales es que la empresa era un vehículo para desviar fondos para gastos de campaña.

Este martes, el juez arrancará con las indagatorias de Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Elizabeth Galindo Mamani y Cynthia Delgado Vilches. Para el día siguiente están citados Gloria Paraguay Estrada, Rossmery Grande Arancibia, Mercedes Fossat y María Cecilia Cowper. Y el jueves se espera a Carlos Fernández Kostiuk, Manuel Alonso y Lorenzo Martelli.

El 18 de junio están convocados Jeremías Cantero, Gianna Puppo, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Guillermo Vásquez; y para el 19 de junio fueron llamados Mariano Alejandro Centanni, Erika Lubenfeld, Ezequiel Coego y Elizabeth del Carmen Palma. La ronda termina con la citación a Eduardo Silvio Belliboni, María Isolda Dotti, Iván Ortiz y Roberto Adrián Albornoz para el 25 de junio.

“Está cada vez más claro por qué eligieron perseguirnos y atacarnos con causas truchas, fake news y represión. Estaban tapando todos los curros que estaba armando Pettovello. ‘Al ladrón, al ladrón’ gritan, mientras se chorean todo y ajustan a los comedores”, dijo Belliboni en los últimos días.