La justicia de la provincia de La Rioja abrió una investigación interna en las últimas semanas contra la jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 de Chilecito, Virginia Illanes Bordón. El fiscal provincial Diego Torres Pagnussat promovió una acción penal por los delitos de cohecho pasivo, prevaricato y estafa.
Se trata de la segunda magistrada provincial denunciada en los últimos días. La anterior había sido Norma Abate de Mazzucchelli, acusada de solicitar una coima de 8 millones de pesos para destrabar una sucesión, denuncia por la cual el Consejo de la Magistratura provincial puso en marcha el juicio político.
En el caso de Illanes Bordón, la jueza está acusada de haber cobrado dinero de personas que tenían causas penales. “A diferencia del caso Mazzuchelli, acá la suma de dinero sí se recibió, es un delito grave”, planteó el abogado David Calipo, que presentó la denuncia.
Y amplió: “Una de las causas que denuncié tiene que ver con un empresario conocido de la ciudad de Chilecito, donde el Ministro Público Fiscal pide que se avance en función de acusación de homicidio en grado de tentativa y ella lo procesa por un delito menos grave, y se le termina concediendo la libertad, y posteriormente es quien denuncia que la doctora pasó por su domicilio para retirar una suma de dinero”.
“Están ensuciando el nombre de la función judicial. (...) Una de las denuncias tiene fecha del octubre del año pasado, hay 97 capturas certificadas de conversaciones entre la magistrada y una de las personas, prueba documental, constancia de transferencia bancaria”, sostuvo el letrado en radio Fénix.
El abogado denunciante, además, indicó que dos personas del círculo íntimo de la magistrada se presentaron a declarar y manifestaron “cosas terribles”: “Utilizaba la función policial para que le limpien la casa, los móviles para que le saquen escombros de la casa... ¿Qué hay que hacer para que las instituciones funcionen? Las denuncian están presentadas en el Consejo de la Magistratura. A la jueza se le prescriben las causas, se le pierden determinados expedientes, ha dejado la sociedad sin justicia. Son causa suficiente para la remoción de su cargo”, completó.
El caso Mazzuchelli
La denuncia contra la jueza Mazzuchelli salió a la luz gracias al testimonio de la comerciante Manuela Saavedra, quien relató al programa Telenoche (El Trece) cómo fue que la jueza le habría pedido 8 millones de pesos en concepto de “reconocimiento” para agilizar un proceso de sucesión familiar. Además, sus declaraciones estuvieron acompañadas por material audiovisual que complica aún más a quien era vicepresidenta primera de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina.
Según el relato de Saavedra, Abate de Mazzuchelli mantuvo con ella tres encuentros. En la primera reunión, fue la comerciante quien se acercó a la magistrada para conocer por qué el expediente estaba paralizado. Horas después, la jueza se habría hecho presente en el comercio de la mujer, alegando que los oficios podrían estar listos en breve.
Esto habría derivado en una tercera reunión en el que Abate de Mazzucchelli solicitó una suma de dinero para destrabar la causa, algo que incluiría dentro de los honorarios de la abogada que llevaba la sucesión, pero que cobraría ella.
En ese momento, la mujer comerciante grabó un video en el que se la escucha a la magistrada quejarse de los bajos salarios. La jueza fue directa y preguntó: “¿Cuánto creés que podés (pagar)?”. “¿Quién te hizo todo? ¿Quién te manejó todo? Acá no fueron los abogados”.
“Es simple, Manuela. Acá nadie te va a poner un revólver en el pecho”, afirmó Abate de Mazzucchelli. Así, Saavedra completó que la jueza le comentó: “Voy a regular unos honorarios para tu abogada y esos honorarios van a ser los míos. Vos me entendés, porque sos inteligente”.
Luego de eso, siempre siguiendo el relato de la comerciante riojana, Abate de Mazzucchelli escribió un “8″ en un papel, requiriendo 8 millones de pesos por el proceso y cuestionando el trabajo de los abogados que llevan el expediente.
A raíz de estas denuncias, el Tribunal superior de Justicia informó que se realizó la conformación del Jurado de Enjuiciamiento (Jury) contra la magistrada, conformado por representantes de las Funciones Judicial, Legislativa, Ejecutivo y del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja.