Un extraño incidente sacudió este jueves el Palacio de Tribunales, apenas poco después de un gigantesco evento que encabezaron los ministros de la Corte Suprema y en el que participaron los integrantes del Consejo de la Magistratura y gran parte de los jueces de Comodoro Py 2002. Un delincuente se acercó al auto oficial del presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti, observó el interior e intentó abrirlo.
En el entorno de Rosatti el caso fue leído como un acto de intimidación después de la seguidilla de episodios extraños que incluyeron pinchaduras de ruedas e intentos de entrar a su casa en Santa Fe y que tomaron trascendencia pública con la creación de líneas telefónicas a su nombre y la causa de espionaje que tuvo como víctimas a jueces y políticos, con la actividad de al menos un agente inorgánico de la AFI que fue procesado.
Según el reporte policial, caratulado como tentativa de robo, el hecho ocurrió pasado el mediodía en la calle Uruguay 449, en el estacionamiento Corte Suprema de la Nación. Rosatti, junto a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, había terminado un multitudinario acto en la sala de audiencias del Palacio para celebrar los 30 años de creación del Consejo de la Magistratura a través de la reforma constitucional de 1994. En tribunales recordaban que hacía mucho no había una convocatoria de tanta envergadura.
Fue entonces cuando, según muestra el video que publica Infobae, el desconocido se acerca a un auto estacionado en la playa El hombre no logró su objetivo. Uno de los custodios del edificio observó la extraña situación y abordó al sujeto para identificarlo, pero el sospechoso cruzó unas palabras y se dio a la fuga corriendo, tal como se exhibe en el video. Finalmente, el sospechoso fue detenido a las dos cuadras. Unos policías
Dijo llamarse Franco Daniel Molina, pero en realidad se trataba de Damián Berruet. Es argentino y tiene 42 años. Tiene antecedentes penales por robo, lesiones y resistencia a la autoridad y pesa sobre él una orden de captura emitida en mayo de 2023, confirmaron a este medio fuentes judiciales.
En la causa quedó secuestrado el auto Toyota SW4, dominio AE026UF de color blanca, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, utilizado por Rosatti, junto a lo que llevaba el detenido: una mochila gris, un destornillador plano, un destornillador tipo “T” y un handy utilizado como “inhibidor”.
La investigación quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, subrogante del juzgado 12 y candidato del Gobierno de Javier Milei para llegar a la Corte Suprema de Justicia. El caso quedó en manos de la justicia federal por tratarse de un auto oficial y porque involucra al presidente de la Corte. Se descuenta que en las próximas horas, con la intervención del fiscal Franco Picardi, el sospechoso tendrá que prestar indagatoria.
¿Un ladrón descuidado y al voleo? En el entorno de Rosatti descartaron de plano esa posibilidad. Sobre todo por los movimientos previos que tuvo el sospechoso antes de acercarse al auto y elegir especialmente el vehículo del presidente de la Corte. Es que había otros también estacionados en ese sector y más lejos de la vista de los custodios de la puerta por la que entran los ministros.
Lo que alimentan las sospechas es que la seguidilla de episodios que viene registrando el presidente de la Corte. No es la primera vez que se sucede un episodio así: en septiembre del 2022 le robaron una mochila que estaba en el asiento del auto oficial de Rosatti, episodio que fue denunciado en aquel momento.
Pero en marzo del 2023, Rosatti denunció ante los tribunales federales de Comodoro Py que le aparecieron cuatro líneas telefónicas a su nombre. La sospecha que el juez planteó en su denuncia es que esas líneas pudieron haber sido gestionadas a su nombre por la función como presidente de la Corte y la lucha contra el narcotráfico que lleva adelante el máximo tribunal.
La investigación terminó determinando que no tenía cuatro líneas a su nombre sino cinco radicadas en Misiones. Y que lo mismo le habían hecho a sus colegas: el juez Rosenkrantz y con el juez Lorenzetti. La causa, además, se anexó a otra que investigaba el hackeo de celulares a distintos jueces de Casación y del Tribunal Oral Federal que juzgó a Cristina Kirchner. Y allí se detuvo a un agente inorgánico de la AFI, Ariel Zanchetta, que fue liberado en abril. Además se imputado un ex funcionario de la AFIP, Fabián “Conu” Rodríguez, en el marco de una causa que demostró a actividades de espionaje que tuvieron como foco a políticos y jueces.
La seguidilla de incidentes no terminó ahí: en noviembre pasado, desconocidos entraron al edificio de Rosatti, en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, y buscaron acceder al departamento donde el juez tiene su biblioteca, su escritorio y escribe los borradores de sus votos. La puerta estaba con rastros de haber sido “barreteada”. En el marco de esa denuncias también se conoció que varias veces el auto oficial de Rosatti apareció con las ruedas pinchadas -algo que fue denunciado, pero no se había hecho público-.
Los extraños episodios también apuntaron a su entorno. Hubo un incidente con el hijo de Silvio Robles, director general de la vocalía de Rosatti, cuando una camioneta utilitaria color gris realizó varios disparos en el edificio donde vive el joven. El análisis de las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano y de cámaras privadas de edificios y locales en la zona permitieron confirmar el recorrido del vehículo, según la denuncia que también se radicó por esos hechos y que se habían mantenido bajo reserva. A otro colaborador del juez también le entraron al departamento y lo único que le robaron fue la computadora.
Conocida la noticia del episodio ocurrido en el Palacio de Tribunales sobre el intento de robo al auto de Rosatti, desde el entorno de Lorenzetti minimizaron los hechos. “Nosotros entendemos que no podemos instalarnos como víctimas cuando hay asesinatos y robos violentos que sufre la gente, que, además, no tiene custodia como los jueces de la Corte. Tampoco creemos conveniente sostener la idea de una intimidación cuando no hay correlato con la realidad de la investigación policial y judicial”, dijeron.