Una de las participantes del Concurso 420 para cubrir ocho vacantes de juez en la Justicia Nacional Civil de la Capital Federal denunció graves irregularidades en el proceso. El mencionado concurso tuvo un avance de una rapidez inusitada y fue aprobado por unanimidad en abril de 2023.
Una de las concursantes, Laura Prada Errecart, quien es Secretaria en el Juzgado Civil Nro. 69, tras varios planteos ante el Consejo de la Magistratura y agotada la vía administrativa, promovió una demanda ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo en la que expuso las graves irregularidades del Concurso 420 y pidió que se declare la nulidad de la resolución que lo aprobó “así como también de todos los actos consecutivos del procedimiento constitucional de designación de magistrados”. Además solicitó que se anulen otros actos que consideró irregulares que se cumplieron ante el Consejo de la Magistratura como la prueba de oposición realizada el 26 de septiembre de 2019 y el dictamen del jurado firmado únicamente por uno de ellos, entre otros.
Las irregularidades que denunció Prada Errecart en todos los planteos hechos hasta ahora son numerosas. En el examen de los postulantes a jueces se les dio a resolver un caso idéntico a uno real resuelto por uno de los jurados, Juan Martín Alterini como juez del Juzgado Civil 27 en el año 2018. Ese fallo firmado por Alterini, fue revocado en duros términos por la Cámara. Ni bien advertida la circunstancia, uno de los concursantes pidió que se sorteara un nuevo caso porque muchos candidatos al momento del examen ya contaban con el texto completo del fallo; y además condicionaba a los aspirantes a resolver el caso de la manera en que lo había hecho el jurado Alterini.
El pedido fue desoído, circunstancia que fue aprovechada por varios de los postulantes al cargo de juez. Es así que se advirtió en gran cantidad de exámenes, principalmente en los que obtuvieron mejor calificación, que habían copiado y pegado la sentencia de primera instancia dictada por Alterini, uno de los jurados, o que habían hecho una transcripción del fallo original sin comillas ni referencia presentándola como una “elaboración propia” del aspirante a juez. En la demanda, a la que accedió Infobae, se menciona como paradigmáticos de dicha modalidad los exámenes de Ángela Rosalía Mora y de Juan Ignacio Stampalija, ambos integrantes de la primera terna.
“Otro (examen) que raya lo escandaloso”, se indica en la demanda, es el de Ethel Humphreys “en el que, al margen de las transcripciones apropiadas al fallo del Dr. Alterini, la fecha del examen está consignada exactamente igual a la de la sentencia original: ‘Buenos Aires, de noviembre de 2018′”. Es decir, la postulante copió y pegó -hasta dejó el mismo espacio en blanco- y ni se tomó el trabajo de cambiar la fecha en que se dictó el fallo por la del día en que se estaba tomando el examen que fue el 26 de septiembre de 2019.
Tras la presentación del informe de calificación de las pruebas de oposición, fallecieron dos de los integrantes del jurado del concurso 420, Juan Martín Alterini y Juan Carlos Martin, quienes no fueron reemplazados. Luego de presentadas las impugnaciones, uno de los consejeros, Ricardo Recondo, pidió una ampliación de los fundamentos de las calificaciones. Sin embargo ese informe complementario se presentó sólo con la firma de los dos miembros del jurado sobrevivientes sin haber cumplido con la designación de los suplentes como establece el Reglamento de Concursos.
El cúmulo de irregularidades incluye que las calificaciones fueron remitidas en sobre cerrado con la firma solamente de Alterini. Unos días después, los otros miembros del jurado enviaron sendos correos electrónicos en los que se limitaban a adherir a las calificaciones y comentarios de Alterini que, recordemos, estaban en un sobre cerrado. La denunciante expresó en la demanda que esto demuestra que el jurado incumplió con la deliberación que ordena el Reglamento que rige los concursos de aspirantes a jueces.
Prada Errecart denunció otro incumplimiento del Reglamento porque el jurado no consignó cuáles eran las soluciones correctas para los distintos problemas presentados por el caso ni, en el supuesto de haber más de una, cuáles podrían haber sido razonablemente justificadas dentro de las corrientes interpretativas principales y de mayor aceptación en el derecho argentino vigente y, dentro de éstas, las preferibles.
Además de los planteos administrativos pertinentes, la denunciante intentó desde un primer momento y por todas las vías posibles ser escuchada por el presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, esfuerzo que hasta ahora, transcurridos más de dos años desde el primer pedido, ha resultado infructuoso.
En una nota dirigida a Rosatti el 16 de mayo de 2022 señala “tengo el honor de dirigirme a usted en el marco del Concurso N ° 420, en miras a informar sobre mis presentaciones efectuadas el 28/12/2021, 7/3/2022, 31/3/2022 y 5/4/2022″ y añade “Los serios cuestionamientos allí efectuados no fueron contestados por la Comisión de Selección ni luego y pese a mi presentación del 5/4/2022, por el magistrado que lo previno en el cargo que ahora usted honra. Tampoco se incorporaron a los antecedentes del expediente digital formado para el trámite del concurso.” Hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.