Piqueteros: la fiscalía rechazó la nulidad de la causa que reclaman los acusados y la investigación avanza bajo reserva

Bajo reserva, el juez federal Sebastián Casanello y Gerardo Pollicita esperan el resultado de una serie de diligencias ordenadas en el marco de la investigación que apunta a una treintena de piqueteros por extorsión, coacción agravada y defraudación. El tiempo sirve también para analizar todas las pruebas secuestradas, con crucial atención sobre lo que aparezca en los teléfonos. Pero en el mientras tanto, la fiscalía reclamó al juez rechazar la jugada de las defensas para hacer caer la causa: anular el allanamiento de la sede del Polo Obrero, donde se secuestró dinero y dispositivos.

El planteo, adelantado por Infobae, había sido presentado por Elizabeth Del Carmen Palma —como Presidenta de la “Asociación Civil Polo Obrero”— con el fin de impugnar el allanamiento que se hizo el lunes 13 de mayo en la sede de la sede de la entidad, en la calle Monteagudo al 700. En ese procedimiento fueron secuestrados unos 6 millones de pesos, 16.425 dólares y 180 euros en efectivo, además de cuatro notebooks, tres CPU, un DVR, cuatro pendrives y un disco rígido, que están siendo analizadas.

La acusada reclamó la nulidad absoluta del procedimiento porque no se le dio aviso a sus autoridades y porque las cámaras de seguridad fueron desconectadas. Habló de la doctrina del “fruto del árbol venenoso”.

Pero el fiscal afirmó que “no existen razones válidas para hacer lugar al planteo” y que el pedido de la defensa “deviene improcedente”: no solo porque la norma citada no establece expresamente la nulidad del procedimiento si no se avisó a las autoridades sino porque ese aviso no corresponde cuando sea " perjudicial a la investigación penal”. La fiscalía advirtió que la diligencia fue producto de una nutrida investigación y se llevó adelante, simultáneamente, con otros procedimientos porque son muchas personas involucradas en la causa.

Según pudo saber Infobae, Pollicita también subrayó que un encargado del depósito y una abogada participaron del procedimiento cuestionado y que no hubo cuestionamientos. También rechazó la versión dada sobre la interrupción intencional de las cámaras: es que, dijo, tenían que ser desconectadas para su secuestro. El procedimiento, además, fue grabado. El Ministerio Público reclamó así rechazar la nulidad intentada porque no se acredita un “perjuicio”.

La causa irrumpió en la escena pública hace una semana, precisamente con los allanamientos. Ahí se conoció el avance de la denuncia que había impulsado desde el Ministerio de Seguridad Patricia Bullrich a raíz de los llamados recibidos en el teléfono 134, habilitado especialmente para hacer denuncias el 20 de diciembre, el día de la primera protesta piquetera contra el gobierno de Javier Milei.

Con esos llamados, el ministerio fue a tribunales y por sorteo el caso recayó en manos del juez Casanello, que delegó la causa. El fiscal se centró en las 45 denuncias que hablaban de hechos en la Capital Federal, intentó rastrear a los responsables de esos llamados y logró que cinco de ellos declaran, bajo reserva, y aportaran pruebas. La investigación avanzó con diligencias y escuchas directas y el fiscal solicitó allanamientos para detener e indagar. El juez entendió que, para eso, faltaba prueba. Apelación mediante, la Cámara Federal ordenó los procedimientos para secuestrar documentos y teléfonos.

Los apuntados son Jeremías Cantero, el segundo de Eduardo Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza. Pero los investigadores apuntan a saber quiénes más estaban detrás de los delitos investigados que podrían ampliarse, según surja de las pruebas analizadas.

Apenas irrumpió en la escena pública, el Gobierno aprovechó para denunciar las extorsiones de los movimientos piqueteros y esas agrupaciones para asegurar que se busca atacar a los referentes sociales mientras no se entregan alimentos. En ese contexto, la responsable de la sede del Polo Obrero pidió la nulidad del allanamiento, que el fiscal rechazó. Ahora deberá responder el juez.

Mientras tanto, por el momento, las detenciones por ahora quedaron descartadas. El juez concedió la exención de prisión de los 13 implicados de los 28 que se presentaron en la causa, pero con la advertencia de que no pueden salir del país ni tampoco acercarse a los comedores investigados. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mientras tanto, fue aceptada como querellante para impulsar con pedidos el expediente. Se descuenta que su próximo paso apuntará a los ex funcionarios del área.

Por lo pronto, anoche en el canal TN, el presidente Milei cargó el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni y añadió: “me gustaría ver presos a por los comedores fantasma pero no puedo meterme en la Justicia”. Los comedores fantasmas es otra causa que se radicó la semana pasada.