La Comisión para la Reforma del Código Penal, creada y ampliada por dos resoluciones del Ministerio de Justicia de la Nación, realizó su segunda reunión en los tribunales federales de Comodoro Py, donde sus integrantes aprobaron un texto con los primeros artículos que sientan la base del anteproyecto que busca modificar el marco legal vigente.
La Comisión de Trabajo fue articulada bajo el ámbito de la cartera de Justicia por medio de las resoluciones 25/2024 del 28 de febrero y 48/2024 del 13 de marzo de este año. En ese marco, se encomendó al nuevo órgano “la elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo, teniendo en cuenta diversos proyectos de reforma al CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN preexistentes”.
El órgano en cuestión, promovido por el ministro Mariano Cúneo Libarona, está integrado por importantes figuras del ámbito jurídico como el reconocido abogado Jorge Boumpadre -titular de la Comisión-; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky; la jueza María Eugenia Capuchetti; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio César Báez; y los juristas Carlos Alberto Manfroni, Horacio Jaime Romero Villanueva, Fernando Oscar Soto, Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena.
El encuentro tuvo lugar en el edificio de tribunales de Comodoro Py 2002 y se llevó a cabo en la modalidad presencial y remota vía Zoom, con una amplia participación de sus miembros. También contó con la presencia de asesores encargados de colaborar con los integrantes de la Comisión de Reforma.
Durante la segunda reunión, el órgano designó nuevos asesores ad honorem para agilizar el proceso de trabajo y abordó diferentes temas de la parte general. A su vez, luego de un intenso debate, sus integrantes aprobaron el texto de los primeros artículos que presentan la base del anteproyecto de Código Penal que, según informaron los voceros, procuran elaborar en el menor tiempo posible, con el compromiso de modernizar y mejorar el marco legal vigente.
En efecto, el órgano abordó los artículos vinculados con el ámbito de validez espacial y temporal de la ley penal; las medidas de seguridad y salud mental; y las penas, tanto para personas físicas como jurídicas. Este es un nuevo paso fundamental para el avance hacia una reforma integral del Código Penal, respondiendo a las necesidades actuales de la sociedad y garantizando un sistema de justicia más eficiente y equitativo, agregaron los voceros.
De acuerdo a la resolución 25/2024, la Comisión deberá tener en consideración, “por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro, los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada”.
“Que de igual manera, resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, y de lavado de dinero y ciberdelito”, se añadió en la resolución.
Y se completó: “Que, en definitiva, los antecedentes históricos y las circunstancias de actualidad referidas, han llevado en los últimos años a la conformación de un criterio generalizado y prácticamente unánime, en orden a la necesidad de una reformulación integral y totalizadora de la legislación penal”.
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