Alberto Fernández fue personalmente a Comodoro Py para pedir que Ercolini se aparte de la causa de los seguros

En la más absoluta reserva, el ex presidente Alberto Fernández apareció este martes en los tribunales de Comodoro Py 2002 para encabezar él mismo el reclamo de su defensa para pedir el apartamiento del juez Julián Ercolini y la nulidad de todo lo realizado en la causa que investiga el escándalo de los seguros durante su gobierno.

En una audiencia frente al juez Roberto Boico, encargado de resolver la cuestión, el ex jefe de Estado no solo dijo que había recomendado el nombre de Ercolini para ser juez federal durante el gobierno de Néstor Kirchner sino que repasó su amistad con el magistrado que, como planteó, se fue enfriando hasta convertirse en distanciamiento. “Ercolini sabe perfectamente mi enemistad, la sabe todo el mundo, hay artículos periodísticos que hablan de eso; los que no lo saben son ustedes”, le dijo a los funcionarios judiciales.

En la sala no solo estaba el juez y el secretario del tribunal, también la abogada de Fernández Mariana Barbitta y el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, quien defendió la continuidad de Ercolini en el caso, y colaboradores de Boico. Infobae fue el único medio presente en la audiencia.

Es que si bien la abogada de Fernández había pedido una audiencia oral y había dejado planteada la voluntad de su cliente de participar de la audiencia, nadie confirmó si aparecería en los tribunales. Era clara la decisión del ex presidente de estar allí pero sin difusión. Minutos antes de las 11, silenciosamente, Fernández entró por una puerta lateral del edificio de Retiro, que tantas veces recorrió como abogado antes de ser jefe de Estado y se dirigió sin que casi nadie se enterara a la sala, donde minutos después apareció Boico, el juez sorteado para resolver -de manera unipersonal- la cuestión.

El propio Alberto Fernández se encargó de recordarle que él lo había nombrado juez de Cámara Federal (Boico venía de ser abogado de Cristina Kirchner en algunas causas y resultó elegido de una terna en el Consejo de la Magistratura en 2020). Como presidente, dijo, “nombré a muchísima gente, entre ellos a usted. Y hoy es la primera vez que lo veo. No sé a quienes son los jueces que nombré. Pero acá estoy hablando de un caso puntual, diferente. Yo recomendé su designación (durante el gobierno de Néstor Kirchner). Pasaron los años y el juez Ercolini comenzó a demostrar criterios jurisdiccionales que me llamaron la atención. Y me acerqué, como un profesor a su alumno, a decirle ‘por qué te estás equivocando tanto, estás haciendo las cosas mal’”, contó.

En la audiencia, Fernández dio detalles de discusiones que tuvo con el juez por el caso de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, por la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, episodio que -añadió- terminó con ese vínculo. Según dijo ese día salió del despacho con un portazo y nunca más volvieron a hablar. “Claro que Ercolini no me contestó públicamente. No es tonto”, dijo el ex presidente.

Pero más allá de ese vínculo, Alberto Fernández estructuró su recusación en base a la denuncia que él impulso sobre el escándalo de Lago Escondido, el viaje que realizaron un grupo de funcionarios judiciales -entre los cuales estaba Ercolini- y empresarios que se conoció en diciembre de 2022 tras una filtración de chats. En su informe, el juez había contestado que no había sido el presidente sino el entonces ministro de Justicia Martín Soria quien llevó adelante esas presentaciones judiciales. Pero el ex presidente habló en cadena nacional y anunció la denuncia penal en donde se asegura que las instrucciones fueron dadas por el jefe de Estado. “La denuncia fue consecuencia de una orden expresa mía”, afirmó

El fiscal Agüero Iturbe también repasó que esa denuncia quedó cerrada con un sobreseimiento precisamente porque, en su condición de abogado, el ex presidente debía saber que se habían violado las garantías constitucionales cuando se usaron chats ilegales. Pero en una réplica el ex presidente respondió: “Nadie negó el hecho. Lo que hicieron los acusados es decir que eso empezó con una filtración ilegal. Y eso puede ser cierto. Pero el hecho nadie lo negó y yo no hice una denuncia sabiendo que iba a terminar en sobreseimiento. Creí que la Justicia iba a tener la dignidad de tratar de apartar de su seno a personajes de esa calaña”.

Otro de los argumentos de Ercolini en su informe fue sostener que en otras causas el juez había firmado sobreseimientos en favor del ex presidente y en esos expedientes nunca había pedido su apartamiento. Eso fue sostenido en la audiencia por el Ministerio Público. Pero el ex presidente pidió la palabra: “me estoy enterando ahora de la existencia de esas causas. Deben ser denuncias tan disparatadas que directamente las cerró. Puede ser. De haber sabido y me hubiera citado como imputado en alguna de esas causas, hubiera hecho exactamente lo mismo (que ahora)”.

“Usted dice que hizo Ercolini para que Alberto Fernández se sienta en riesgo -retomó Alberto Fernández dirigiéndose al fiscal-. Para mí hizo algunas cosas. Me inhibió todos los bienes sin una citación. Pero además yo lo debo recusar en el primer acto. No puedo esperar que haga alguna cosa para recusar. Por eso lo recuso, por mi vínculo con él: de mi amistad a mi enemistad”

Las palabras de Alberto Fernández cerraron la exposición que había formulado su defensora (”sé que no hace falta porque tengo una excelente abogada, pero yo quise estar presente acá y quiero contarles como son las cosas”, comenzó). En su alocución, Barbitta sostuvo que varias de las respuestas que dio Ercolini en su informe eran “falsas” y reclamó su apartamiento y la nulidad de todo lo actuado. “Quiere quedarse con la investigación”, dijo y afirmó que en su informe demuestra “arbitrariedad”.

Un detalle llamó la atención: citó un precedente firmado por el propio Boico cuando apartó a Ercolini en la causa conocida como “Operativo Puff”, una decisión que más tarde fue revocada por Casación pero que a Barbitta le sirvió para sustentar su pedido. El juez decidió abrir la causa a prueba para pedir informes en el Consejo de la Magistratura sobre el caso Lago Escondido.

La anécdota, sin embargo, fue cuando el fiscal después de un rato dijo que se había quedado con la garganta seca y no había ni un vaso de agua. “¿Quiere una pastilla?”, dijo Alberto Fernández. Enseguida, salieron a buscar una jarra de agua.

La decisión sobre el apartamiento o no del juez Ercolini deberá definirla Boico. Junto a sus otros colegas, Martín Irurzun y Eduardo Farah, también resolverán si confirman la inhibición de bienes del ex presidente y los otros imputados.

La causa investiga las maniobras que se habrían desarrollado a partir del dictado del Decreto n° 823/2021, publicado en el Boletín Oficial con fecha 2 de diciembre de 2021, en donde el Ejecutivo de Alberto Fernández dispuso que todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional debían implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su función, a través de la firma “NACIÓN SEGUROS S.A.” -durante la gestión de Alberto Carlos Pagliano-, mediante un convenio interadministrativo.

Según se describió, en ese contexto se habilitó la posibilidad de que participaran “otras aseguradoras en forma de coaseguro” y eso “habría dado lugar a que gran parte de aquellas contrataciones, sea necesario o no, contasen con la participación de intermediarios y organizadores (tanto personas físicas como jurídicas) entre los que se encuentran, entre otros, Héctor Martínez Sosa, Pablo Andrés Torres García y Oscar Alberto Castello, así como varias firmas a las que se les asignaron abultadas comisiones.

Poderoso productor de seguros que maneja pólizas de muchos ámbitos de la administración pública nacional, en algunas provincias y en municipios, Martínez Sosa está vinculado a Alberto Fernández: el broker le prestó unos 20.000 dólares, según sus declaraciones juradas. Es además es el esposo de María Cantero, la histórica secretaria que tuvo el expresidente y también imputada.