“Acá está fallando la prevención y el control estatal”, dijo el fiscal Marijuan sobre el manejo de los planes sociales

Tras la ebullición que despertó la causa que investiga a dirigentes y militantes piqueteros por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales, el fiscal federal Guillermo Marijuan, encargado en otros expedientes de la averiguación de irregularidades en la asistencia social del Estado, declaró que “acá está fallando la prevención” y que el “problema está en la falta de control”. También dijo: “es muy difícil que las causas lleguen a tener una resolución judicial rápida y concreta porque son miles de casos”.

La causa en cuestión, conducida por el juez federal Sebastián Casanello, estalló el lunes pasado con casi treinta allanamientos contra distintos movimientos piqueteros acusados de extorsión, coacción agravada y defraudación. Tuvo su origen el 20 de diciembre, el día que se preparaba la primera movilización de piqueteros contra Javier Milei y el Gobierno puso a disposición el número 134 del Ministerio de Seguridad para que los ciudadanos hicieran denuncias de manera anónima.

Una serie de reportes dieron pie para la actuación del fiscal Gerardo Pollicita, para quien “al amparo de la apariencia de una actividad solidaria como es la administración de un comedor popular, se montaron al menos tres grupos de personas que, valiéndose de las facultades que les otorgara el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo, se dedicaron sistemáticamente a exigir dinero a los beneficiarios de dicha prestación social”.

En ese marco, el fiscal federal Marijuan habló este domingo con Radio con Vos sobre el tema, en tanto participó de la investigación de otros casos donde se detectaron defraudaciones similares contra la Administración Pública. Allí recordó: “Ya en 2001, con la crisis tremenda que atravesó el país, comienza en Argentina una asistencia social con planes, que se denominaban Plan Jefas y Jefes de Hogar. Por la falta de control se creó la Unidad Fiscal de Delitos de la Seguridad Social en el ámbito de la procuración. Y el primer trabajo que hicimos fue entrecruzar el padrón de beneficiarios de Jefes y Jefas de Hogar con distintas bases de datos de personas que estuvieron en relación de dependencia: ahí surgieron miles y miles de incompatibilidades que se denunciaron, y miles de bajas que se dieron porque había gente que pertenecía a gobiernos nacionales, al poder judicial, legislativo, lo que ustedes se les ocurra. No aprendimos nada. Pasan los años, los distintos planes sociales tienen distintos requisitos, pero siguen los incumplimientos y sigue la falta de control”.

Luego agregó: “El denominado Plan Potenciar Trabajo pone como requisito que la persona esté en una situación de vulnerabilidad. Nosotros hemos puesto en evidencia, comparando la base de datos con un trabajo que hizo la AFIP para ver la potencialidad económica y financiera que tenían algunos de estos titulares de planes, que era una situación escandalosa: gente que había comprado dólares, que era propietaria de bienes muebles e inmuebles, que tenía cuentas bancarias, etc. Todo eso los apartaba de cualquier situación de vulnerabilidad. Y cuando además advertís que uno de los padrones que no había considerado la AFIP era el tema de quién había viajado… Ahí surgieron más de 30 mil personas que tenían estos planes que no podían en modo alguno ser titulares. Es decir, impulsamos las bajas de manera inmediata”.

Hasta el momento, las pruebas recolectadas por el fiscal Pollicita configuraron un sistema de control y de sanciones sobre las víctimas, que incluyó la toma de asistencia a las “movilizaciones” -al comienzo y al final-, el armado de “listas de castigados” -que debían “reparar” su sanción mediante el cumplimiento de nuevas tareas-, la imposición de multas por faltar a una “marcha” -de hasta $10.000 por cada ausencia-, la exigencia de “justificar” las ausencias a las “movilizaciones” con “comprobantes” de los respectivos impedimentos, y la prohibición de retirar raciones de comida o alimentos no perecederos por plazos determinados.

Así las cosas, el juez Casanello resolvió la inhibición de bienes de las personas y las cooperativas allanadas la semana pasada. Se trata de Jeremías Cantero, el segundo de Eduardo Belliboni en el PO, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza, entre otros.

Al hablar sobre las posibles soluciones judiciales frente a los desmanejos en la asistencia social, el fiscal Marijuan expresó: “Primero tiene que haber un control del Estado. El Estado tiene un organismo que es el SINTIS -Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social-, que guarda todas las bases de datos de distintos ámbitos, que está a disposición de todos los poderes del Estado. Y es justamente donde tiene que actuar.

Asimismo precisó: “Dentro del ministerio de Desarrollo Social, cuando uno escribe a una persona, antes de darle el alta, tiene que verificarse su situación en la AFIP y la ANSES tiene que decir si es una persona que está o no está en relación de dependencia. Después, cuando uno llega con una investigación de oficio como hicimos nosotros, o con una investigación a instancia de alguna petición de parte, y encuentra tres, cuatro, cinco mil incompatibilidades, ya es muy difícil que las causas lleguen a tener una resolución judicial rápida y concreta, porque son miles de casos”.

Y destacó: “Acá está fallando la prevención. Está fallando el control estatal. Nosotros creemos que tenemos que ir a un control biométrico, que las personas tienen que dar el cumplimiento de los planes y la asistencia de esos planes directamente con una aplicación donde exhiban su rostro. Así hubiéramos evitado, por ejemplo, todo ese problema que tiene la provincia de Buenos Aires con aquellas personas que andan con miles de tarjetas que no les pertenecen y que cobran millones de pesos extrayendo directamente de los cajeros automáticos. Hay muchas cosas para hacer y el problema está en la falta de control”.

A su vez, el fiscal dio cuenta de una investigación donde encontró 3000 personas que reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) “que no están en el país”, en tanto uno de los requisitos para obtenerla es “la permanencia o residencia” en el territorio. Y aclaró: “Estamos judicializando 1500 denuncias (...). No vamos a hacer una denuncia con los tres mil casos, vamos a denunciar individualmente a cada persona en las distintas jurisdicciones donde estaban cobrando. Imagínense lo que es esto, es tremendo”.

Luego señaló:”Hay muchos casos de personas que cruzan de países vecinos para cobrar beneficios como la PUAM, esto ya lo tenemos determinado con las bases de datos que cruzamos con Migraciones: gente que entra y sale del país permanentemente; gente que permanece pocos días en la Argentina y se va a países limítrofes, y el requisito de una pensión para un ciudadano argentino es que además resida en la Argentina”.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal comentó que notó “buena predisposición” por parte de los actuales funcionarios de Capital Humano -encabezado por Sandra Petovello-, ex ministerio de Desarrollo Social, donde vio un “reordenamiento administrativo” para optimizar los recursos y los controles, que implicará, según aclaró, “un trabajo muy arduo”.

Por su parte, al referirse a los movimientos piqueteros encargados en el gobierno anterior de canalizar las prestaciones sociales, el fiscal Marijuan dijo: “Ellos tienen que entender que toda la gente que se inscribe tiene que cumplir los requisitos que establece la ley. No son planes abiertos para entregar plata a cualquier persona. El Estado no puede alcanzar a todos, sino que tiene que poner determinadas pautas para entender quiénes son los más vulnerables, y esas pautas se tienen que cumplir. Y los problemas que ellos tienen es que llevaban listas de personas para que les dieran altas de planes”.

“Además -continuó- tiene problema la persona que se inscribe a través de esas listas, porque cree que es el dirigente social el que le da el plan, y el que se lo puede sacar. Y lo que la gente tiene que entender es que las altas y las bajas -solo- las puede dar el funcionario público del área que corresponde”.

Según adelantó el fiscal Marijuan, este miércoles tendrá una reunión con el titular de la página “Mi Argentina” con la intención de “buscar” y “sugerir” soluciones tecnológicas para mejorar el control de los planes.