La postulación del juez Lijo a la Corte Suprema sumó apoyos de entidades contra el lavado de activos y el terrorismo

La propuesta del Gobierno para que el juez federal Ariel Lijo ocupe el lugar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que quedó vacante tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021 recibió más apoyos.

La Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) y el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH/UBA) están dentro de las 3.578 adhesiones a la postulación del magistrado al Máximo Tribunal.

“El candidato propuesto reúne las aptitudes para el cargo y doy fe de su compromiso con los derechos humanos, la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, como así también la dedicación puesta al servicio de la administración de justicia durante toda su trayectoria, la cual data de más de 30 años”, se indica en las presentaciones hechas por ambas instituciones ante el Ministerio de Justicia de la Nación. Añade el escrito que “esta tarea es acompañada por una sólida formación académica y actividad docente en el ámbito universitario.”

En las notas, que llevan la firma de Juan Félix Marteau, presidente de FININT y Director del CESH/UBA, se afirma que el juez Lijo “ha demostrado en todos los ámbitos un desempeño destacado, compromiso y seriedad, a los que se suman sus cualidades personales y morales.”

El juez Ariel Lijo es Profesor del Posgrado sobre Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el prestigioso curso que ofrece la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desde el año 2012, habiendo formado cerca de 600 profesionales es esta materia.

La Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) tiene como propósito fundamental promover procesos de toma de decisiones en el sector público y en el sector privado a los efectos de prevenir, mitigar o conjurar los efectos perversos de la circulación de activos, bienes o dinero que resultan críticos para la estabilidad social, jurídica, económica y política de las naciones que integran el orden global.

Por ello, su finalidad primaria es el desarrollo de estudios académicos y análisis tecnológicos sobre conductas ilícitas novedosas, dinámicas, transfronterizas y de alto impacto en la paz, la seguridad y las finanzas de los Estados, así como también sobre los nuevos dispositivos de control y regulación que han nacido en la sociedad mundial para mitigar los riesgos asociados a la emergencia de estos ilícitos.

Entre sus actividades, FININT brinda asesoramiento al sector público en la elaboración de agendas estratégicas de regulación de los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo y los delitos complejos vinculados; y al sector privado en la definición de políticas de transparencia institucional, mitigación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, y control de fraudes.

El Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) tiene como objeto analizar y comprender los riesgos que suponen las actividades terroristas en cualesquiera de sus manifestaciones, el extremismo violento y las redes financieras ilícitas vinculadas al crimen organizado, así como también, las estrategias, las capacidades y los mecanismos de los organismos responsables de la mitigación, prevención y represión de estas amenazas.

Este Instituto de la Universidad de Buenos Aires es parte del Global Research Network del (GRN) de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

De acuerdo con un informe elaborado por el Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo sumó 3.578 adhesiones.

Lijo es titular del juzgado federal nro. 4, ubicado en el edificio de la avenida Comodoro Py 2002. A lo largo de su carrera judicial, el magistrado tuvo varias causas de alto impacto político, como el caso de Ciccone Calcográfica, en el que procesó y envió a juicio oral al ex vicepresidente Amado Boudou, a quien también detuvo en noviembre de 2017. Investigó crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar y condenó a Cristino Nicolaides. También tuvo causas vinculadas al atentado a la AMIA, como la de las irregularidades en la investigación judicial del ataque terrorista, y procesó y envió a juicio oral al ex presidente Carlos Menem y al ex juez Juan José Galeano.