“Pepín” Rodríguez Simón pidió una eximición de prisión en la causa por la que quedó prófugo en 2021

El ex asesor de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, actualmente prófugo y con un pedido de asilo político en Uruguay, reapareció este martes ante la justicia argentina. Fue a través de la presentación que hizo su abogado defensor, Gustavo de Urquieta, ante María Servini, la misma jueza que en 2021 ordenó su captura en el marco de la investigación por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos. Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, la defensa de Rodríguez Simón presentó un escrito en la causa pidiendo que se le otorgara la eximición de prisión y así ponerse a derecho.

La estrategia del abogado tiene que ver con demostrar que él era un perseguido del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner y por eso escapó, tal como lo señaló en los tribunales de Montevideo, pero que ahora que el Ejecutivo había cambiado de mando ya no existiría el riesgo de antes para poder presentarse en la Argentina y prestar indagatoria.

“La situación que provocó esa rebeldía difiere radicalmente de los usuales supuestos de contumacia que finalizan con un pedido de captura. Nos encontramos ante un supuesto excepcional, infrecuente, que obliga a un análisis que excede la óptica de lo procesal, que demostrará que la no presentación del señor Rodríguez Simón a la convocatoria a indagatoria dispuesta en autos no tuvo como objetivo ‘eludir el accionar de la justicia’ en este expediente, sino que fue consecuencia directa del ejercicio de un derecho internacional humanitario de raigambre constitucional motivado en sus temores, según me señaló, de ser perseguido político. El señor Rodríguez Simón entendió que regresar a nuestro país para cumplir con la citación a indagatoria suponía graves riesgos para él”, sostuvo el escrito al que accedió Infobae.

Y añadió: “El solicitante de refugio no es un prófugo de la justicia, sino que se encuentra en una situación jurídica subjetiva de protección internacional humanitaria, por lo que la actual situación procesal del señor Rodríguez Simón no importa un antecedente que pueda vincularse con la posibilidad de que intente eludir el accionar de la justicia, luego de que se conceda su exención de prisión”.

La jueza Servini ordenó pedir de forma urgente el expediente a la Corte Suprema, donde ahora estaba el cuerpo principal de la causa, y giró la consulta al fiscal Guillermo Marijuan para expedirse sobre el planteo de la defensa.

“Corresponde tener presente que la pena en expectativa para los delitos imputados a Fabián Rodríguez Simón, como así también las características de los hechos que se investigan en la causa y la evasión del imputado del accionar de la justicia por casi tres años, no solo resultan parámetros objetivos, contenidos en la norma de los artículos 316 y 319 del CPPN, para denegar la exención solicitada, sino que conforman el basamento para considerar fundadamente que ante la proyección de una situación adversa en la causa, en la que claramente encaja la amenaza de una pena de prisión, Fabián Rodríguez Simón se profugara”, sostuvo el fiscal Marijuan, según pudo saber Infobae.

El representante del Ministerio Público resaltó que “los parámetros a considerar para evaluar si procede que un imputado permanezca en prisión o en libertad mientras dura la investigación, se basan en la existencia de riesgos que pongan en peligro los fines del proceso y no puedan ser evitados por alguna medida restrictiva menos severa que el encarcelamiento”.

“Los hechos que se investigan resultan graves y de trascendencia institucional, en tanto la hipótesis de delito planteada en la instrucción implica la existencia de actos de corrupción llevados a cabo desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de éstos, e involucran a distintos organismos de la estructura de gobierno. Que en ese contexto, Fabián Rodríguez Simón fue convocado a brindar declaración pero el imputado nunca se presentó al acto de indagatoria, aun cuando estaba debidamente notificado, sino que permaneció en la República Oriental del Uruguay, a donde había viajado sin dar aviso”, agregó.

Y completó: “Considerando que no se registran parámetros que permitan considerar una alternativa para evitar el riesgo de evasión si el imputado se encuentra en libertad durante el proceso, me opongo a la concesión de la exención de prisión solicitada”.

En las próximas horas, la jueza Servini deberá responder el pedido de la defensa. De tener una respuesta adversa, se descuenta que “Pepín” apelará ante la Cámara Federal.

Los problemas judiciales para Rodríguez Simón comenzaron en marzo de 2021. Para ese entonces, Servini había avanzado con una investigación en su contra en la que se lo acusaba de haber integrado una presunta asociación ilícita. Se trata de la denuncia que radicó el empresario De Sousa diciendo que se conformó una banda para sacarle el Grupo Indalo y en la que operó en conjunto con la AFIP y la prensa.

Servini llamó a indagatoria a “Pepín”, pero el ex asesor no se presentó a la cita. Fue entonces cuando la jueza lo declaró en rebeldía en mayo de 2021 y dictó una orden de captura. Previo al pedido a Interpol para su detención y extradición en Argentina, Simón inició el trámite ante la CORE (Comisión de Refugiados) para obtener la condición de refugiado en ese país.

La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el ex funcionario macrista, pero el fallo no tuvo efectos inmediatos porque la defensa de Rodríguez Simón presentó un segundo pedido de refugio en diciembre pasado de 2022.

La extradición de “Pepín” continúa en suspenso. Sin embargo, durante 2019 y 2023 no perdió su condición de diputado del Parlasur. Desde allí, cuando se quiso tratar su expulsión, el abogado mostró un video que compilaba intervenciones de dirigentes argentinos hablando en su contra. Además, sostuvo que existe una “campaña de desprestigio de los medios K”. Apuntó especialmente contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner y afirmó que ambos hablaron públicamente de la posibilidad de que él fuera preso, con lo cual se consideró un “perseguido político” en Argentina.

“El abogado [Carlos] Beraldi pidió mi indagatoria el mismo día que asumió como ministro de Justicia Martín Soria”, explicó el ex asesor jurídico de Macri en una entrevista con La Nación. “Desde ese día empezó una campaña en mi contra y todos los alcahuetes del Gobierno empezaron a repetir ‘Pepín va a ir preso’. Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección a las personas. La verdad es que no es nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país, un país al que no puedo volver”, dijo.

Rodríguez Simón había anticipado que no regresaría al país “hasta que no cese la persecución”. En ese contexto, se especuló con que con el cambio de Gobierno a manos de Javier Milei podría decidir su regreso al país para ponerse a disposición de la Justicia y esclarecer su situación. En esas versiones se especulaba con que su regreso podría concretarse en marzo. El planteo para habilitar su regreso llegó recién ahora.

Tal como reveló Infobae en enero pasado, en otro juzgado de Comodoro Py, el de María Eugenia Capuchetti, dictaron su sobreseimiento junto al de Mauricio Macri, Germán Garavano y otros exfuncionarios, en la causa conocida como mesa judicial, en donde se analizaba si se había presionado a jueces durante el gobierno de Macri. El fallo fue dictado a fines del año pasado: según se determinó, el delito no existió. Los jueces, además, estaban obligados a denunciar y, sin embargo, recién hablaron de esas supuestas presiones cuando el gobierno había terminado. El fiscal Franco Picardi apeló la resolución.