Un partido imprimió 17 millones de boletas y sacó 11 mil votos: advertencia de la Justicia sobre la “irrazonabilidad” electoral

La Cámara Nacional Electoral confirmó esta semana una decisión de la Dirección Nacional Electoral (DINE) por la que dispuso para las elecciones presidenciales del año pasado que los partidos iban a recibir una parte de los fondos públicos para la impresión de las boletas electorales y que el resto lo obtendrían cuando la justicia aprobara la rendición de gastos de cada entidad.

El máximo tribunal electoral avaló la decisión por lo que consideró una “irrazonabilidad” del sistema y una “desproporción” de los aportes estatales que establecen que los partidos deben recibir fondos públicos para imprimir un padrón completo de cada distrito por cada lista que se presenta y por cada categoría. Así, partidos que en las elecciones PASO llevaron más de una lista tienen el derecho de imprimir cada una un padrón completo.

El caso que la Cámara Electoral analizó fue el de la alianza “Nuevo Rumbo” del distrito de Santa Fe. El partido reclamó que la DINE le giró los fondos para la impresión de boletas para una de sus listas para diputado nacional y parlamentarios del Mercosur pero no para las dos restantes. Pero la DINE suspendió la ejecución de lo restante hasta tanto la justicia no apruebe los gastos del partido y que se verifique que todo estuvo en regla.

En rigor, hay una sospecha de que partidos con poco caudal de votos presenten varias listas para obtener fondos públicos de la impresión de boletas. Inclusive la Cámara Electoral recordó que hay hay varias causas penales abiertas para investigar si no se cometieron delitos en el manejo de los fondos para la impresión de boletas.

En este caso, la Cámara señaló que a Nuevo Rumbo el estado nacional le dio 49.376.265,6 para la impresión de boletas, lo que dio 16.909.680 de boletas. “La irrazonabilidad del aludido mecanismo de cálculo, de por sí notoria, se torna aún más elocuente cuando se observa que -según los resultados del escrutinio definitivo- fueron efectivamente necesarias menos de 11.000 boletas para votar a las listas de la coalición de autos en ambas categorías (5.372 para diputados nacionales y 5.240 para parlamentarios de Mercosur)”, señalaron los jueces de la Cámara Alberto Dalla Vía, Daniel Bejas y Santiago Corcuera en su resolución que dictaron este martes y a la que accedió Infobae.

“De esta manera, la desproporción de la fórmula de asignación del aporte estatal, extendida a todas las agrupaciones participantes en todas las categorías de las elecciones primarias del año pasado dio como resultado un gasto de más de once mil millones de pesos ($ 11.433.324.698,44), para la impresión de un volumen exorbitante de boletas de votación”, agregaron los camaristas en crítica al sistema. De las elecciones presidenciales PASO del 2021 a las del año pasado la cantidad de listas de partidos políticos que se presentaron a competir creció un 170 por ciento.

Así, la Cámara avaló “supeditar el cobro del aporte público en cuestión al cumplimiento de una obligación que se encuentra legalmente establecida en la ley de financiamiento de los partidos políticos”.

No es la primera vez que la Cámara Electoral señala las falencias de este sistema de financiamiento. De hecho, en el Congreso de la Nación tiene media sanción un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados para aprobar la boleta única de papel, un mecanismo que desde el punto de vista económico abarataría los costos del estado para la impresión de boletas,

“Que, solo a mayor abundamiento, cabe hacer notar que las circunstancias hasta aquí expuestas constituyen una derivación más de las ya problemáticas características del instrumento de votación vigente, cuyas deficiencias el Tribunal ha remarcado en infinidad de oportunidades, desde el año 2007″, agregaron los jueces en su fallo. Y volvieron a citar un precedente en el que habían dicho que “ha llegado el momento de mencionar y reflexionar sobre otro de los sistemas de votación, el de boleta única suministrada por el tribunal electoral […] que se utiliza en nuestro país para los electores privados de libertad y para los argentinos residentes en el exterior”