Aprobaron concursos para cubrir seis vacantes de jueces y un sistema especial de contratación para Rosario

El Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó hoy cuatro concursos públicos para cubrir seis vacantes de jueces federales en distintos lugares del país y un sistema especial de contrataciones para la puesta en marcha el próximo 6 de mayo del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe, con eje en la ciudad de Rosario por los casos que vive que crimen organizado.

Las decisiones fueron tomadas hoy por el plenario del cuerpo que preside Horacio Rosatti y en la gran mayoría de manera unánime. Los cuatro concursos aprobados son un cargo en la Cámara Federal de Mar del Plata, uno en el juzgado federal de Rafaela, tres cargos en la Cámara Federal de la Seguridad Social y el juzgado federal 2 de Salta.

Para Mar del Plata la terna quedó integrada con los postulantes Santiago José Martín, Bernardo Daniel Bibel y Julio Gonzalo Miranda y una lista complementaria con Sergio Roberto Rocamora. En el caso de Rafaela la terna quedó con Santiago Díaz Cafferata, Santiago Saux y Verónica Andrea Medina.

Para la Cámara Federal de la Seguridad Social las ternas quedaron de la siguiente manera: la primera con Walter Fabián Carnota, Cesar Antonio Grau y Silvia Graciela Saino, la segunda con María Gabriela Janeiro, Horacio Edgardo Maugeri y Fernando Strasser y la tercera con Javier Benito Picone, Alicia Isabel Braghini y Adriana Alicia Micale. Además se aprobó una lista complementaria con Valeria Alicia Bertolini, María Alejandra Austerlitz, Marina Malva D´Onofrio, Jorge Roberto Picco y Orlando Javier Moreno. Y para el juzgado federal de Salta la terna fue aprobada con Diego Anzorreguy, Mariano Ramiro Zurueta y Mariela Alejandra Giménez.

Ahora esos concursos pasarán al Poder Ejecutivo que tendrá que elegir los nombres de quienes propone para el cargo. Esa elección será enviada luego al Senado de la Nación que debe dar la aprobación final para cada uno de los candidatos.

Entre los temas de hoy, el Consejo también tenía previsto tratar el concurso para cubrir la vacante en el juzgado federal de Dolores. Pero una de las postulantes, Maria Cecilia Pereyra, no pudo asistir a la audiencia final con los consejeros porque a la madrugada fue mamá y pidió reprogramar el encuentro para cuando le den de alta. Así lo aprobó el Consejo y suspendió el trámite del concurso.

El Consejo también aprobó una resolución para la que se dispuso una partida especial de 474.136.266 de pesos para la puesta en marcha del sistema acusatorio en Santa Fe y que se agilice el sistema de contrataciones para las necesidades que haya en esa provincia. El sistema acusatorio establece que las investigaciones quedan en manos de los fiscales y los jueces actúan como garantes del proceso. La ley fija plazos breves para las investigaciones y sus resoluciones y que todo se desarrolle en audiencias orales y públicas.

El gobierno dispuso que desde el 6 de mayo comience a regir en la jurisdicción de Santa Fe y para eso desde el Poder Judicial, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación trabajan para su puesta en marcha, que en muchos casos requiere de fondos para adoptar las estructuras actuales a las del nuevo sistema.

El tema que mayor controversia generó fue uno de los dictámenes para desestimar denuncias por mal desempeño contra jueces por el paso del tiempo. El reglamento establece que desde que ingresa una denuncia el Consejo tiene tres años para resolver el caso, sino se rechaza. Se aplicó como una garantía para que un juez no esté bajo permanente investigación sin que se defina su situación.

El en plenario de hoy había ocho de esos dictámenes para tratar. El primero de ellos contra el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Juan Carlos Gemignani por denuncias por cuestiones de género. La abogada María Fernanda Vázquez planteó que iba a votar en contra de ese archivo porque se trata de un tema sensible y dijo que presentó un dictamen con sus fundamentos. En la misma línea la diputada de Unión por la Patria Vanesa Siley recordó que hace pocas semanas el Consejo rechazó una sanción contra el juez por llamar “delincuentes” a sus compañeras de Cámara el día de la mujer.

Otros consejeros objetaron esa postura. Los jueces Diego Barroetaveña y Alejandra Provítola y el abogado Miguel Piedecasas plantearon que más allá de las consideraciones del caso se trata de un dictamen que tiene tres años y que el reglamento establece que se debe archivar. El caso se votó y tuvo ocho votos por aprobar el archivo del dictamen, nueve por rechazarlo y tres abstenciones que fueron las de Rosatti, del juez Alberto Lugones y del representante del Poder Ejecutivo Sebastián Amerio que explicaron que votaban así porque no habían poder leer la presentación de Vázquez.

Así, no se alcanzó la mayoría que se requería para aprobar la desestimación. Luego se discutió como contabilizar las abstenciones pero tampoco alcanzaba la mayoría. El tema se llevó gran parte del plenario porque se planteó que alcance tenía esto, si no era un cambio de reglas de juego para los jueces. Lo que se resolvió es que el tema se trate en una reunión de Labor, que es la comisión a puertas cerradas en la que se reúnen los consejeros para tratar los temas de plenario.