Vacunatorio Vip: Ginés González García fue indagado y negó las acusaciones

El ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García fue indagado hoy en la causa por el Vacunatorio Vip, donde se investiga la aplicación de dosis contra el coronavirus para personas que en esa etapa sanitaria no debían recibirlas. Además, negó las acusaciones en su contra y dijo que las personas que se aplicaron las mismas estaban amparadas en las resoluciones de su cartera.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que González García presentó un descargo por escrito de cerca de 100 páginas e hizo una breve declaración. Allí señaló que no cometió ningún delito, que todo se hizo bajo el amparo de las resoluciones del Ministerio de Salud y que los vacunados eran personas de riesgo que podían aplicarse las dosis.

La indagatoria fue por videoconferencia por los problemas de salud del ex funcionario que fue despedido del cargo por el entonces presidente Alberto Fernández cuando se conoció el caso. En la indagatoria también estuvieron presentes la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el fiscal federal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez.

Con esta declaración cerró la ronda de indagatorias y ahora la jueza Capuchetti tiene 10 días hábiles para resolver si dicta o no los procesamientos de los acusados. Previamente habían sido indagados Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud; María Elena Borda, ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del Posadas, Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese hospital, Alberto Maceira, ex director del Hospital Posadas, y Marcelo Ariel Guille, secretario privado de González García.

La causa se inició en febrero del 2021 cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo había ido a vacunarse al ministerio de Salud después de un llamado de González García. Primero como testigo, Maceira contó que “recibió instrucciones de los funcionarios de Salud para atender a algunos recomendados en el vacunatorio del Hospital Posadas”. Y relató que él mismo participó de la vacunación de Verbitsky, del diputado nacional Eduardo Valdés y de ministro Jorge Taiana, entre otros, en el Ministerio de Salud.

En el momento que fueron vacunados el cronograma oficial establecía que solo podían recibir la dosis el personal de salud y el estratégico. La jueza Capuchetti primero hizo un archivo parcial de la causa porque entendió que las autoridades sanitarias establecieron un plan para vacunar contra el coronavirus que permitía una simultaneidad en la inoculación para los grupos prioritarios. Pero el fiscal Rodríguez apeló y la Cámara Federal revocó la decisión de la magistrada y ordenó que se siga investigando.

La fiscalía planteó la acusación por los delitos de abuso de autoridad y peculado de bienes. “La sustracción se produjo cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas para cumplir con el objetivo estatal dispuesto para esas dosis, que comprendía únicamente la inoculación del ´Personal de Salud´ y eventualmente del Personal estratégico”, señalaron los fiscales.

Los fiscales imputan tres hechos. El retiro de 10 dosis del Hospital Posadas para vacunar a personas que no estaban habilitadas por la legislación vigente; otras cinco dosis de la Sputnik V y su traslado al domicilio del ex presidente Eduardo Duhalde, donde se vacunó su familia y su secretario, Carlos Mao; y la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas.

Las 10 dosis del primer hecho fueron retiradas del Posadas, trasladadas al Ministerio de Salud y aplicadas a Verbitsky, Valdés, Taiana, Seza Manukian, Lourdes Noya Aldrey, Matilde Noya Aldrey, Dolores Noya Aldrey, Felix Eulogio Guille, Florencio Aldrey y Salomón Schachter. “Las dosis asignadas al Hospital Posadas no se encontraban destinadas a inocular a otras personas que no integrasen -de manera real y bajo acreditación expresa- otra categoría que no fuera “Personal de Salud y/o Estratégico”, explicaron los fiscales que sobre los casos de Taiana y Valdés consideraron que no estaban comprendidos en la categoría de personal estratégico: “La mera invocación del cargo no era suficiente para integrar el segmento de prioridad”, agregó.