Intentó cobrar una bonificación por su título, descubrieron que no era abogada y la echaron de la Procuración

La Procuración General de la Nación (PGN) aplicó la máxima sanción administrativa posible contra Rosa María Dettori, quien para cobrar el plus que se paga por ser graduado universitario, falsificó documentos con los que intentó demostrar que se había recibido de abogada en Italia.

La descubrieron, la denunciaron, fue procesada y fue enviada a juicio oral y público. Mientras avanzaba el caso penal la Procuración abrió el expediente administrativo. Y hace unos días Eduardo Casal, a cargo interinamente de la Procuración, firmó la exoneración de Dettori.

Dettori nació Alghero, Cerdeña, Italia en 1970. Llegó a la Argentina en 2011 con su familia y tres años después consiguió trabajo en la Procuración General de la Nación cuando allí mandaba Alejandra Gils Carbó.

La contrataron como oficial mayor para trabajar en la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de activos (PROCELAC). Luego pasó a una desempeñarse en las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO). Vivía con su familia en Mar del Plata y cumplía funciones en esa ciudad. Su ingreso a la PGN fu impulsado por un alto dirigente del kirchnerismo de entonces pero no hubo irregularidades en su designación ni en cómo desarrolló sus tareas.

A raíz de su trabajo en la Procuración, Dettori daba charlas en conferencias junto a autoridades judiciales y escribía artículos sobre derecho penal. Todo marchaba bien en la carrera de Dettori en la Procuración hasta principios de 2019. Allí comenzó la historia que terminó con la exoneración firmada por Casal los primeros días de abril.

Dettori pidió cobrar la bonificación por título universitario. Es un hecho habitual: cuando una persona se gradúa queda habilitada para solicitar el plus. Dettori hizo esa solicitud y además reclamó el cobro retroactivo.

Obviamente para cobrar la bonificación hay que documentar que la persona se graduó. Fue entonces que aparecieron los problemas para Dettori.

La empleada presentó la documentación ante la Secretaría Disciplinaria y Técnica y de Recursos Humanos de la Procuración General de la Nación. Y allí comenzaron las sospechas. Dettori empleada de la Procuración reclamaba su bonificación porque la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional de Nordeste (UNNE), cita en Corrientes, le había revalidado su título italiano. Una simple búsqueda en internet hecha entonces reveló había múltiples denuncias por el otorgamiento de títulos “truchos” de aquella universidad. También resultó llamativo que la universidad elegida para revalidar el título italiano estuviera alejada geográficamente del lugar de trabajo de Dettori.

En la documentación aportada para pedir el beneficio, se había adjuntado la copia de dos diplomas distintos emitidos por la Facoltá de Giurisprudenza de la Universitá de Sassari (Cerdeña) a nombre de Dettori. En ambos se consignaba como fecha de emisión del diploma el 20 de julio de 1998/1999. El apostillado –la certificación de firma en el exterior- de ambos diplomas tenía la misma fecha y el mismo número.

Ante las irregularidades detectadas se inició una investigación interna y la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración, a través del Convenio de Cooperación Institucional con la Guardia di Finanza de Italia, obtuvo una información relevante para el caso: Dettori no se había recibido de abogada.

Entonces la Procuración envió el caso a la justicia federal y se abrió una causa para investigar a Dettori. El juez Julián Ercolini la procesó en febrero de 2022 por el delito de “uso de documentación material e ideológicamente falsa, en concurso ideal con defraudación contra la administración pública en grado de tentativa”.

Dettori apeló el procesamiento y los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron el procesamiento.

Fue luego de la confirmación del procesamiento que la fiscal Alejandra Mángano firmó la acusación contra Dettori paso previo al cierre de la instrucción. En el requerimiento de elevación a juicio Mángano había señalado que: “La imputada en ningún momento pudo explicar mínimamente por qué si las autoridades de la “Universitá Degli Studi Di Sassari” y de la “Facoltá ‘Di Giurisprudenza di Sassari” desconocen haber otorgado cualquier tipo de titulación a su nombre, aparece un “Diploma di Laurea in Giurisprudenza” (emitido a su favor) como presentado ante la Universidad Nacional del Nordeste y ante la Procuración General de la Nación. Es que justamente, la utilización de este diploma apócrifo que figura a su nombre fue uno de los elementos esenciales para que la UNNE le permita rendir la reválida del título para ejercer en Argentina”.

En septiembre de 2022 Ercolini elevó el caso a juicio. Le tocó por sorteo al Tribunal Oral Federal 8 con la intervención del fiscal Marcelo Colombo. Dettori pidió la “suspensión de juicio a prueba” instituto conocido habitualmente como “probation”. La defensa planteó que la imputada era empleada administrativa de la Procuración y que la presentación de papeles falsos se hizo en un asunto personal, no en algo relacionado a sus tareas como funcionaria pública. El instituto de la “probation” no está permitido para funcionarios públicos que cometen delitos relacionados con sus funciones.

También planteó que Dettori no tiene antecedentes y que si la hubieran condenado la pena habría sido en suspenso. Propuso hacer tareas de bien público en una entidad marplatense y además reparar el daño que le habría ocasionado a la Procuración en caso de que le hubieran otorgado la bonificación por el título.

El fiscal Colombo aceptó la propuesta de Dettori y con eso quedó sellada la “probation”. El juez del Tribunal Oral Federal 8, Nicolás Toselli fue quien firmó la resolución por la que se suspendió el juicio a prueba por dos años.

Durante ese tiempo Dettori debe presentarse en regularmente ante el Patronato de Liberados de Mar del Plata. También trabajos comunitarios durante esos dos años a razón de ocho horas mensuales en la cooperativa marplatense “Construyendo Alegría Para Los Niños”. Y como no hubo perjuicio económico contra la Procuración -porque la descubrieron- el dinero ofrecido será entregado al Hospital Garrahan en carácter de donación. Dettori se comprometió a donar 245.000 pesos.

La finalización del caso penal abrió la posibilidad de que se cerrara el sumario administrativo. Y se cerró con la exoneración.

En la resolución por la que Dettori fue exonerada -a la que accedió Infobae- se pueden leer algunos de sus argumentos de defensa: “Afirmó que ella era abogada aquí y en Italia. Explicó que, a raíz de los problemas relativos a la reválida, había dado de alta nuevamente a su carnet de práctica forense. Expuso que ella había culminado la primera etapa de la carrera en Italia, con la publicación de su tesis. Solicitó que se requiriera la documentación sobre su título al colegio de abogados de Italia. Afirmó que había culminado cuatro estudios de maestría. El último, en la Unicusano (Universitá degli Studi Niccoló Cusano), que no podría haber rendido si no hubiera sido abogada. Señaló que no comprendía la respuesta de la Universidad de Sassari y que le extrañaba. Mencionó que era profesora invitada en distintas facultades y que contaba con numerosas publicaciones”.

Agregó más detalles somo cómo es el proceso de graduación como abogado en Italia y para concluir: “…Negó haber incurrido en alguna ilegalidad y afirmó que para acceder al cargo de oficial mayor no se requería el título de abogado. Además, señaló que no había cobrado el plus salarial, por lo que consideró que no había existido falta ni perjuicio que pudiera motivar la sustanciación del sumario”.

En el sumario administrativo se corroboró que Dettori había cometido irregularidades del mismo modo que se hizo en la investigación en la justicia federal. Se determinó en el sumario que la falta cometida por Dettori consistía en una “violación al deber de observar una conducta irreprochable en el servicio (art. 35 del régimen aprobado por Res. PGN 128/10) y que, por su gravedad, debía ser sancionada con una cesantía”.

La resolución de Casal concluye que: “Su deshonestidad es lo que justifica la pérdida irrevocable de confianza en ella por parte de la Institución y la valoración de que no deberá volver a ejercer la función pública en ninguno de sus ámbitos, ya que el hecho consiste en la presentación de un documento falso, que pretendía representar la culminación de una carrera universitaria con directa incidencia y valor para el servicio que prestan todas las áreas de este organismo”. Y por eso la echaron.

La historia que comenzó con Dettori y su intento de cobrar una bonificación salarial terminó con su expulsión del lugar en el que trabajaba. Fue porque presentó papeles falsos para intentar demostrar que era abogada. Esos papeles quedarán en manos del Estado mientras dure la “probatio”. Fue otro de los compromisos que asumió Dettori para lograr la “suspensión del juicio a prueba” y evitar una posible condena.