En un fallo histórico, la Cámara Federal de Casación Penal concluyó este jueves que el ataque contra la Embajada de Israel en marzo de 1992 y la bomba que hizo explotar la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994 “respondieron a un designio político y estratégico” de la República Islámica de Irán y ambos atentados fueron ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. La sentencia sostuvo además que la voladura de la AMIA fue un crimen de “lesa humanidad” y abrió la puerta para que la Argentina demande formalmente a Irán.
Carlos Mahiques, juez que lideró la sentencia, reiteró este viernes la importancia de la decisión judicial, y aprovechó para resaltar la figura del exfiscal Alberto Nisman, quien murió en enero de 2015 luego de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por encubrir a Irán en su supuesta responsabilidad en el atentado contra la AMIA por el Memorándun de entendimiento con ese país firmado en 2013, algo que finalmente no propesró ya que no fue avalado por el Parlamento iraní.
El cadáver de Nisman fue encontrado en la noche del domingo 18 de enero de ese año, después de más de doce horas en donde el fiscal que había hecho la denuncia más importante del país no había dado, literalmente, señales de vida.
Hoy, durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en Radio Mitre, Mahiques afirmó que “el ex fiscal Nisman continuó e intensificó” la línea de investigación que señalaba a Irán y a la organización terrorista Hezbollah como responsables de los ataques, y aseguró que si hubiera logrado finalizar con su camino, podría haber llegado antes a las mismas conclusiones de las que llegó la Cámara ayer.
“(Nisman) Tenía muy en claro que todas estas circunstancias estaban en el origen del atentado a la AMIA, lo cual, llevado hasta sus últimas consecuencias, podría haber tenido antes de este fallo resultados palpables”, sostuvo el juez.
La causa por la firma del memorándum se inició por una denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman que planteó que con ese acuerdo se buscaba dar de baja las alertas rojas de detención de Interpol de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, lo que la propia Interpol negó que haya ocurrido. Junto con la Vicepresidenta, están acusados el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, el ministro bonaerense Andrés Larroque y el senador Oscar Parrilli, entre otros. Todos fueron sobreseídos por el TOF 8. Pero Casación revocó esa decisión y ordenó que se haga el juicio con nuevos magistrados.
Mahiques detalló las características de su fallo, y cómo llegó a la conclusión de que Irán era un Estado terrorista por su responsabilidad a los ataques en Argentina.
“El acto tene una matriz entre ideológica y religiosa, y responde también a un programa escatológico, apocalíptico, que pretende instalar una especie de califato universal. A partir de allí surge claro que hay una interdependencia. Hezbollah no es un organismo estatal, aunque gobierna en El Líbano. Tiene un brazo militar y una expresión política. Pero también fue el brazo armado y la organización que respondió a designios de la política de la Revolución Islámica. Hay un lazo muy demostrado entre la conducción entre el Gobierno de Irán de ese tiempo y Hezbollah. Y ahí uno llega a la conclusión de que Hezbollah no pudo haber hecho n atentado como el de la AMIA sin el el financiamiento, la planificación, el armamente, del Estado Islámico de Irán”, contó.
Además, aseguró que se eligió a Argentina como blanco de esos ataques “porque ofrecía vulnerabilidades desde el punto de vista de su seguridad, de su inteligencia”.
“Son varios los factores. Quedó claro que Irán estaba detrás de esos atentados y Hezbollah detrás de la ejecución”, añadió.
El juez también reiteró que la situación en materia de Seguridad e Inteligencia que vivía la Argentina en aquellos años “no ha mejorado mucho”, y resaltó que en el fallo hay “una serie de exhortaciones y órdenes y directivas para que se replanteé desde el punto de vista de la seguridad pública, el concepto de seguridad nacional”, con el fin de evitar nuevos atentados en el territorio.
Mahiques también trazó un paralelismo con lo que ocurre en Rosario con el avance del narcotráfico, y afirmó que se puede hablar de “narcoterrorismo”.
“Hay circunstancias como los sistemas de cooptación, el uso de menores para generar atentados indiscriminados o muertes, que son formas también de terrorismo. No tienen que ver con una matriz ideológica o religiosa, sino simplemente con el negocio del narcotráfico, pero estamos empezando a ver. El Estado argentino tiene que pertrecharse no solo para prevenir sino también investigar antes de que suceda. Y eso requiere no solo de reformas legales sino de recursos de inteligencia”, cerró.
El fallo de ayer es clave en el marco de la causa AMIA, cuyo atentado cumplirá 30 años. La sentencia -dictada por los jueces Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma- incluye una trascendente definición sobre el derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares, y la posibilidad de que demanden a los responsables, entre ellos, al Estado Islámico de Irán, indicaron a Infobae fuentes judiciales. Y en su voto, el juez Mahiques sugiere que ese reclamo podría ser emprendido por Argentina, por vía diplomática, a través de un tribunal arbitral o incluso por la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas.
Es que Casación se pronunció así sobre los alcances del delito terrorista internacional yihadista, y establece que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado por integrantes de organizaciones que reportan orgánica, funcional e ideológicamente a un Estado (como es el caso de Hezbollah).
El pronunciamiento se hizo en el marco de la revisión de la absolución de Carlos Telleldín, el reducidor de autos que se convirtió en el primer detenido en la causa. Casación ratificó esa decisión, al sostener que la camioneta que Telleldín vendió no fue la que se usó como “coche-bomba y no se cuenta con pruebas suficientes que lo vinculen con su armado”.
En otro fallo conexo, Casación también confirmó la mayoría de las condenas por las graves irregularidades cometidas al inicio de la investigación, aunque modificó las penas en algunos casos y en otros el delito investigado. El ex juez Galeano quedó condenado a cuatro años, mientras que la sentencia para los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia quedó en dos años de prisión.