La Justicia ordenó la inhibición de bienes de Alberto Fernández y pidió que se levante el secreto fiscal por la causa de los seguros

El juez federal Julián Ercolini ordenó esta noche la inhibición general de bienes del ex presidente Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario por el escándalo de los seguros. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios de Nación Seguros y varios empresarios implicados en la causa. En total son 33 personas y empresas.

Además de Alberto Fernández, el juez ordenó la inhibición general del ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, del broker Héctor Martínez Sosa, de su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, del broker Pablo Torres García, y de las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.

Bachellier es la empresa que más comisiones cobró entre 2020 y 2024. El año que más cobró fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. En total recibió $1.665.741.081 por comisiones.

En tanto, San Ignacio y TG Broker son las dos firmas que aparecen en una nota enviada por ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados. Ambas cobraron $231.918.674. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.

Según la resolución de Ercolini, a la que tuvo acceso Infobae, la aparición de esas dos intermediarias en la póliza de la ANSES multiplicó las ganancias de San German Seguros. “El porcentaje de participación de “SAN GERMAN SEGUROS S.A.” como coasegurador de las mismas presentan un notable incremento, triplicándose del 5 al 15% en las ya existentes (pólizas n° 9081 y 9142) y llegando al 25% en nuevas (póliza n° 9154)”, detalló el juez.

En el caso de Martínez Sosa, el juez destacó su relación estrecha con Alberto Fernández y su vínculo con otros brokers. “Además de su intermediación como productora, participó como organizadora y/o máster en pólizas de otros productores, entre ellos, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Elena Crisafulli, Norberto Matías Garrido, “BACHELLIER S.A.”, “LEVELAR S.A.” y Fernando Carlos Salim”, dice la resolución.

Entre los afectados por la inhibición general aparecen los dos ex funcionarios de Nación Seguros que fueron echados este fin de semana: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, que revestía como gerente de compras.

También quedaron involucradas las dos cooperativas allanadas la semana pasada: 7 de mayo e Irigoin.

La cooperativa “7 de mayo”, inscripta ante la AFIP para vender bebidas en bares y cervecerías, tiene a su nombre dos camionetas Jeep Commander 4x4, valuadas en más de 50 mil dólares. Una de ellas, comprada hace un mes, terminó complicando la situación de Mauro Tanos. Ese funcionario tenía una cédula azul para utilizar la camioneta y ahora deberá explicar su vínculo con los dueños de la cooperativa. Pero no es todo. Según documentos a los que accedió Infobae, “7 de mayo” retiró casi $700 millones de sus cuentas bancarias.

Los investigadores llegaron a la cooperativa, y luego a Tanos, a partir de una llamativa situación que se dio en uno de los procedimientos que ordenó el juez Ercolini hace un mes, en una de las sedes de la empresa San Ignacio, involucrada en la póliza de la ANSES. En ese lugar, un abogado le entregó a la Policía Federal dos cajas con documentación.

Cuando la Policía fue a buscar las cámaras del lugar, descubrió que las cajas habían llegado unos minutos antes en un auto, un Citroën C4 Cactus, dominio AF737BD. Fue una entrega coordinada entre los dueños de San Ignacio para dejar conformes a los efectivos que tenían una orden de presentación. El seguimiento de ese auto terminó en la casa de uno de los “dueños” de la cooperativa 7 de mayo, Alfredo Del Corro.

Además de las camionetas, la cooperativa “7 de mayo” tiene movimientos de dinero muy llamativos. Entre el 1 de abril y el 31 de agosto del año pasado, movilizó $296 millones de pesos, según denunció una entidad bancaria ante los organismos reguladores. En octubre de ese año, otra vez hizo transferencias por otros $400 millones, pudo saber este medio. Son casi $700 millones en apenas siete meses.

¿Cómo amasó semejante fortuna una cooperativa que está inscripta ante la AFIP para vender bebidas a bares y cervecerías? Fuentes del mercado asegurador aseguran que esa firma se habría utilizado para canalizar pagos indebidos por la trama de los seguros.

El juez Ercolini también pidió este lunes que se levante el secreto fiscal y bancario de las mismas personas y empresas afectadas por la inhibición general de bienes.

Por último, Ercolini le solicitó a la Oficina Anticorrupción que aporte las declaraciones juradas anuales integrales (públicas y privadas) de Fernández, Pagliano, y María Cantero desde 2009 a la fecha. Lo mismo requirió sobre Tanos y Eufemio.

Ercolini tiene hasta ahora dos causas por el escándalo de los seguros. Una se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, a la que se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. La segunda comenzó con la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES.

Alberto Fernández está imputado en las dos causas, pero todavía no se presentó en Comodoro Py. Tampoco designó abogado, aunque tuvo conversaciones con con varios defensores. “No nos pusimos de acuerdo con los honorarios”, dijo uno de los consultados.

El viernes pasado, el juez Ercolini ordenó allanar los domicilios y las oficinas de los dueños de las empresas Bachellier, San Ignacio y TG Broker, entre otras. También inspeccionó los domicilios de los dos funcionarios de Nación Seguros desplazados.