En vistas a la inminente implementación del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en la ciudad de Rosario, la Cámara Federal de Casación se reunió este martes en su sede de Comodoro Py 2002 con 100 jueces de los distintos tribunales orales federales del país con el propósito de intercambiar ideas y recabar las diferentes necesidades de los órganos jurisdiccionales en relación a la puesta en vigencia de la reforma procesal.
El encuentro se llevó a cabo en la Sala de Acuerdos del tribunal y estuvo encabezado por el presidente de la máxima instancia penal del país, Mariano Borinsky. También se transmitió de manera virtual con la participación de distintos jueces radicados a lo largo del país. De la convocatoria, en tanto, formaron parte miembros de la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina, integrantes de la Comisión de Tribunales Orales de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación y representantes de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Argentina.
En una reunión que tuvo la representación de distintas jurisdicciones como Salta, Jujuy, Mendoza, San Luis, Rosario, Santa Fe, Catamarca, Córdoba y CABA, y a la que también asistieron los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques y Gustavo Hornos, se llevó a cabo un intercambio de ideas tomando como punto de partida la futura implementación del CPPF en Rosario y las experiencias de su vigencia en Salta y Jujuy.
El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona había tomado la decisión de implementar el código acusatorio en la jurisdicción rosarina de forma imprevista. Esa resolución, adoptada en medio de la conmoción que generó el asesinato de cuatro inocentes en manos de bandas narcotraficantes y un clima de violencia inusitada en la ciudad santafesina, generó un fuerte malestar en el algún sector del mundo de los tribunales por considerar que se necesitaban al menos tres meses para su implementación. Al ver la complejidad de los cambios, el ministro de Justicia difirió la puesta en marcha para el 6 de mayo.
Bajo ese marco, los camaristas tomaron nota en el encuentro de las necesidades relevadas por los distintos órganos jurisdiccionales, en especial las que apuntaron a contar con subsedes de la Oficina Judicial para la puesta en vigor de la reforma procesal. También se registró la importancia de contar con dotación de personal y de equipamiento tecnológico.
Los jueces de la Casación, por su parte, manifestaron su intención de abordar esos requerimientos y se comprometieron a su vez a trabajar de manera conjunta desde las Comisiones de Implementación del Código Procesal Penal Federal y de Gestión Judicial y de Reglamento y Capacitación, según lo establecido en la Resolución N° 478/23 del Tribunal.
Además, el camarista Borinsky agradeció la participación de todos los magistrados y les hizo saber que los próximos Acuerdos de Superintendencia se celebrarán en las distintas jurisdicciones del país. De hecho, los encuentros de abril y mayo se realizarán, respectivamente, en Mendoza y Córdoba. Bajo ese contexto comunicó que se puso en práctica una distribución geográfica entre los camaristas del máximo tribunal penal del país con la idea de trabajar de manera conjunta a través de las herramientas con las que cuenta Casación.
Por otro lado, este martes también comenzó a dictarse la capacitación vinculada a la implementación del Código Procesal Penal Federal con más de 500 inscriptos de todo el país, en particular de funcionarios de Rosario y de Mendoza. El curso fue presentado por los jueces Borinsky, Carbajo y Mahiques, integrantes de la Comisión de Reglamento y Capacitación del órgano judicial.
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