El Gobierno de Javier Milei promete sacudir el tablero de Comodoro Py 2002, los tribunales donde se define el futuro de la mayoría de las causas judiciales contra la política. La postulación rumbo a la Corte Suprema de Ariel Lijo, titular del juzgado federal 4 de Retiro, deberá aguardar ahora el procedimiento del Ministerio de Justicia para llegar a la Cámara Alta. Pero en silencio el Ejecutivo ya decidió que propondrá el ascenso de otro juez de primera instancia del “team Py”: se trata de Daniel Rafecas, el hombre al que el ex presidente Alberto Fernández había pensado como Procurador General de la Nación, pero cuya postulación nunca fue tratada, en sus cuatro años de mandato, por el Senado que encabezaba Cristina Kirchner, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales.
Apenas llegó al poder, el Ejecutivo decidió retirar los pliegos de más de 60 postulantes a jueces, fiscales y defensores oficiales que habían sido enviados al Senado durante el gobierno de Alberto Fernández. Entre ellos, estaba también el pliego de Rafecas para convertirse en jefe de los fiscales. Se trata de una práctica habitual que hacen todos los gobiernos recién llegados para evaluar los candidatos que había enviado su predecesor y que no completaron el trámite.
Desde entonces el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona estuvo evaluando qué nombres enviaría para esa lista de cargos vacantes, luego de una serie de consultas que incluyeron al mundo judicial. “Los nombres ya están”, dicen en su entorno, aunque todavía los pliegos no se enviaron al Senado. Alerta spoiler: ninguno por ahora será para ocupar sillas vacías en Comodoro Py.
Pero de las postulaciones podrían, sin embargo, más huecos en estos tribunales clave. ¿Por qué? Porque el Gobierno decidió revivir el pliego de Rafecas para que vaya a la Cámara Nacional de Casación Penal. Se trata de un viejo concurso que hace años que no se define y en el que Rafecas había quedado primero. De hecho, era su plan cuando terminaba el gobierno de Mauricio Macri.
Pero con la llegada de Alberto Fernández y su ofrecimiento para ir a la Procuración, Rafecas descartó la idea de la Casación Nacional y esperó pacientemente que el Senado tratara esa iniciativa. Sin embargo, se encargó de enviar sus propias señales: cuando el ex oficialismo buscaba modificar la ley del Ministerio Público para cambiar las mayorías especiales que se necesitan para ocupar ese cargo a cambio de reducir el mandato, Rafecas se encargó de avisar que no lo convalidaba: “No puedo seguir siendo el candidato si esto va a ser así. No se puede llegar de cualquiera manera”, le dijo a sus colaboradores.
Rafecas siguió al frente de su juzgado y, durante dos años, también subrogó el juzgado 6, donde tramita la causa AMIA, hasta que en octubre pasado llegó la fecha límite de dos años para ese tipo de reemplazos y terminó su subrogancia.
En los primeros días de la gestión de Milei recibió en su despacho a un abogado que venía de parte del Gobierno para comentarle “algo”. Aunque Rafecas le había anunciado al Ejecutivo de Alberto Fernández que renunciaba al concurso abierto por la Cámara de Casación Nacional, esperando que se activara el camino a la Procuración, la administración nunca había “bajado” su nombre de ese concurso aún abierto y la gestión Milei quería revivirlo. El emisario le preguntó a Rafecas si aún estaba interesado, confiaron a Infobae fuentes judiciales. En el entorno de Cúneo Libarona reforzaron esa propuesta, con elogios a la calidad de sus fallos para que integren la jurisprudencia de un tribunal de alzada.
Según pudo saber Infobae, aunque prefiere mantenerse con cautela para no quedar atrapado a los tiempos de la política, Rafecas estaría interesado en aceptar el convite de irse a la Cámara de Casación. Siente, de todas maneras, que después de 20 años en Comodoro Py, puede estar llegando la hora de cerrar un ciclo. Algo de eso se debe haber jugado cuando hace unas semanas publicó su novela “Pinche”. Desde su despacho en el tercer piso del edificio de Retiro llevó adelante investigaciones como los crímenes en dictadura de I Cuerpo del Ejército o el enriquecimiento ilícito de José López (bolsos en el convento incluidos), pasando por los sobornos en el Senado en la gestión de la Alianza o la denuncia contra Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán, que él desestimó por entender que no era delito.
Por ahora, la atención del Ejecutivo está centrada en cómo avanzará el anuncio de la semana pasada: el trámite para la postulación del juez Ariel Lijo y al abogado y académico Manuel José García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reemplazo -respectivamente- del lugar que tuvo Elena Highton de Nolasco hasta octubre de 2021 y del que dejaría Juan Carlos Maqueda el 29 de diciembre cuando cumpla los 75 años.
En los pasillos de tribunales aseguran que a ellos se le podrían sumar los postulantes para encabezar la Procuración General de la Nación e incluso la Defensoría Oficial. Ya se filtraron varios nombres, que el Ejecutivo no confirmó. Son todos cargos que necesitan una mayoría especial de dos tercios de los senadores presentes, a diferencia del resto de los cargos de jueces, fiscales y defensores oficiales que deben sortear el concurso de la Magistratura, ser elegidos en una terna por el Ejecutivo y que la Cámara Alta los vote con una mayoría simple.
Rafecas y Lijo se convirtieron al mismo tiempo en jueces federales, a fines de 2004. Junto a ellos también juraron Julián Ercolini, Guillermo Montenegro (que después renunciaría para irse a la política) y Eduardo Freiler (que se convirtió en integrante de la Cámara Federal y fue destituido en 2017). Poco después llegó otra tanda de jueces federales de primera instancia: Sebastián Ramos, Marcelo Martínez De Giorgi, Sebastián Casanello y Luis Rodríguez (jubilado el año pasado). En 2019 se sumó María Eugenia Capuchetti. Desde los 90, María Servini sigue al frente del juzgado federal 1, con competencia electoral.
Hoy, de los 12 juzgados federales, hay ocupados solo ocho. La eventual partida de Lijo, rumbo a la Corte; y de Rafecas, hacia la Casación Nacional, dejaría a los tribunales de primera instancia de Comodoro Py con la mitad de las sillas vacías. Un escenario envidiable para cualquier Gobierno que logre construir consensos en el Consejo de la Magistratura y en el Senado.