“Muchas veces se dice que el Poder Judicial es resistente a los cambios. Puede haber sido, pero no lo es en este caso. No lo será en este caso. Estamos asumiendo el compromiso militante. El crimen está organizado y no podemos enfrentarlo como un Estado o una justicia desorganizada”. Con estas palabras, el presidente de la Corte y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, avaló en la Casa de Gobierno, frente al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la implementación del sistema acusatorio, junto a los principales referentes del ámbito de la Procuración y la Defensoría General.
Fue una reunión protocolar después del torbellino que se había generado la semana pasada cuando el ministro de Justicia firmó el jueves la resolución que ponía en vigencia el código acusatorio en Rosario desde este lunes, decisión que -24 horas después- fue revocada. El nuevo sistema recién comenzará a implementarse a partir del 6 de mayo. Ahora, empezó a correr el reloj para llegar a cumplir con todo lo esa reforma necesita.
Las máximas autoridades del Poder Judicial y los principales funcionarios del gobierno de Javier Milei en el área de Justicia se reunieron cara a cara para asumir la tarea de trabajar en la puesta en marcha de la demorada reforma. Se espera que sea una herramienta para intentar combatir el crimen organizado, aunque saben que no es garantía de éxito y que el “trabajo mancomunado” es la clave. Las preguntas del mundo judicial apuntaron a lo mismo que quieren saber desde que llegó el Gobierno: ¿hay recursos? Los invitados se fueron con la palabra de que habrá fondos para llevarlo adelante.
Un rato después, fue el propio Cúneo Libarona el que habló del tema en la conferencia de prensa que brindó junto al viceministro, Sebastián Amerio, representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. “Hemos conseguido los fondos. Nos las ingeniamos. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario matemático para nutrirnos de fondos necesarios e indispensables para poner esto en funcionamiento”, dijo el ministro.
Pero cuando le preguntaron si Javier Milei había decidido ampliar las partidas de presupuesto para el área de Justicia, Cúneo se mostró reticente a hablar de esos números. “Hablé bastante con el señor presidente (Milei) y voy a tratar de no tocar los fondos que cuida el ministro (Luis) Caputo y el señor (titular del Banco Central Santiago) Bausili. Yo soy buenísimo en materia de administración”. Habló desde la venta de propiedades decomisadas hasta “apoyo del mundo internacional” que confían en él. “No sé si voy a hacer una colecta, pero a cada santo una vela”, bromeó el ministro al pensar en cómo será aplicarlo en cada distrito. “Nos la pasamos haciendo cuenta todos los días para nutrir de una estructura edilicia a estas reformas”, completó.
En Casa de Gobierno, bajo la formalidad de la Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, todos los actores se enfrentaron: Cúneo y Amerio, Rosatti, el procurador general interino Eduardo Casal, la jefa de los defensores oficiales Stella Maris Martínez; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, y un grupo de miembros del Consejo de la Magistratura: los consejeros Agustina Díaz Cordero, Roxana Reyes, Alejandra Provítola, Eduardo Vischi, Fernanda Vázquez, Hugo Galderisi, Jimena de la Torre, Miguel Piedecasas y Diego Barroetaveña. Estuvieron además jueces de la Cámara Federal de Rosario, a cargo de la jurisdicción donde se vendrán los cambios. Además participaron el ministro del Interior, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, Diego Guerendiain, entre otros funcionarios del Poder Ejecutivo.
En la reunión no hubo disidencias a la hora de avanzar con la reforma. Cúneo dio la bienvenida de rigor y Borinsky exhibió una estadísticas que mostraban los resultados que tuvo este sistema en Salta y Rosario, la única jurisdicción del país en donde funciona desde el 2019. El propio Cúneo admitió que hay que esperar a saber si puede repetirse ese éxito en otras jurisdicciones porque cada territorio tiene diferentes complejidades. Pero insistió en que es el momento de avanzar.
“No tenemos duda de la bondad del sistema -subrayó-. El país estuvo durmiendo la siesta y para mal durante muchos años. Fue vergonzoso que durante tantos años estuviera paralizada esta ley que pone en marcha la reforma, con procesos orales y los fiscales toman el control de las investigaciones”.
En la reunión, Casal tomó la palabra. Fue después de los chispazos que generó la repentina decisión oficial para implementar el sistema acusatorio en Rosario y que generaron una carta directa -y pública- en donde se le pedía más tiempo porque, de esa manera, el plan iba camino a fracasar. Casal subrayó el compromiso de los fiscales federales que, con su trabajo, han logrado condenas a prisión de las principales bandas de narcotraficantes: desde Guille Cantero, de Los Monos, al clan Funes, o desde Esteban Alvarado hasta René Ungano, incluyendo al narcopiloto Julio “El Peruano” Rodríguez Granthon o el financista Gustavo Shanahan.
“Podemos afirmar que los líderes y las segundas líneas se encuentran detenidos gracias al trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal Federal que comenzó allá por el 2018 y continúa. Sin embargo, pese a ello, las cabezas continuaron manejando la organización criminal desde adentro de las cárceles como fue expuesto en el informe que presentó el Ministerio Público a mi cargo en el 2021 y que actualizó el año pasado”, advirtió Casal. Sus palabras no pasaron inadvertidas. El mensaje era claro: solo podrá avanzarse, por más que se ponga en marcha un sistema acusatorio, si hay un compromiso desde los diferentes estamentos y un trabajo mancomunado, relataron a Infobae fuentes presentes en la reunión.
En tanto, la defensora Stella Maris Martínez resaltó el entusiasmo de los defensores en Rosario y recordó que “tenemos un modelo que probó sus bondades en la provincia de Salta”. Y Borinsky subrayó que “el proceso largo nunca va a llegar a ser justicia, por lo tanto, el nuevo sistema prioriza las soluciones tempranas y que la víctima sea la protagonista del proceso”.
Ahí llegó el turno del presidente de la Corte. Tras destacar el trabajo conjunto con la Procuración General y la labor de los organismos de la la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y del PROCUNAR (Procuraduría de Narcocriminalidad) en Rosario, Rosatti afirmó: “Jueces, camaristas federales, el Presidente de la Junta Federal de Cámaras Federales, integrantes del Consejo de la Magistratura, todos (estamos) comprometidos para llevar adelante esta iniciativa que estuvo largamente demorada”.
“El crimen está organizado y no podemos enfrentarlo como un Estado o una justicia desorganizada”, dijo Rosatti. “Muchas veces se dice que el Poder Judicial es resistente a los cambios. Puede haber sido, pero no lo es en este caso. No lo será en este caso. Estamos asumiendo el compromiso militante. Estuvimos la semana pasada en Rosario y estaremos la semana siguiente para monitorear. Estamos en comunicación permanente con el ministro de Justicia, con la Defensoría y la Procuración. No seremos resistentes de ninguna manera a este cambio, porque pensamos que este cambio es benéfico para todos, y fundamentalmente para los justiciables”, remarcó.
El juez de la Corte subrayó que “el objetivo es una Justicia más ágil, más pronta, más transparente y, fundamentalmente, más eficaz para el esclarecimiento de los ilícitos”. Y tras destacar la experiencia de Salta y de Jujuy, adelantó que “probablemente Cuyo sea el próximo lugar donde se implemente, para que además vayan tomando nota de la forma que lo estamos organizando en Rosario”. Destacó que el director y subdirector de Infraestructura, el director de Tecnología y la Escuela Judicial estarán instalados en Rosario hasta el 6 de mayo, “relevando las deficiencias y procurando las anotaciones necesarias para que esta propuesta se concrete con éxito”.
“Por imperio de nuestro sistema federal, en algunas provincias la problemática narco está desdoblada entre narcomenudeo y el crimen de narcotráfico, y en otras no”, dijo. Estas circunstancias “suman complejidades y, en ocasiones, dificultades para combatir con éxito este flagelo”. También afirmó que el Consejo de la Magistratura “está empeñado en concretar a la brevedad, y así se está trabajando y lo vamos a hacer, la cobertura de la vacante de los jueces de esa jurisdicción, porque en la jurisdicción de Rosario prácticamente la mitad de los cargos de magistrados está vacante”.
Tras la reunión y los saludos protocolares, Cúneo se encargó de dar la versión oficial en la conferencia de prensa. “Vamos a transformar la Justicia para lograr mayor eficacia, independencia y división de poderes”, afirmó. “Acá va mi vida. Vamos a transformar la justicia. Nicolás Posse (el jefe de Gabinete) me habla de mano justa. Todas las reformas que estamos emprendiendo tiende a que tengamos una justicia eficiente y rápida”.
No todos fueron loas: “tengo también inconveniente con jueces y fiscales que son reacios a los nuevo y están muy cómodos en lo viejo -admitió-. Tengo disputas sobre roles que cumplen los jueces... Pero todo eso lo vamos a ir solucionando”. Le dedicó un párrafo a Julio Piumato, el jefe del gremio de judiciales que había hablado de “improvisación” cuando la semana pasada se anunció este cambio. “¿Improvisación? No tiene ni idea -soltó- No tomo sus consideraciones. Me interesa lo que dice la Corte, la Procuración, la Defensoría, los colegios de abogados, lo que dicen los jueces... No atiendo lo que dice Piumato. Yo no opino de lo que no sé. Que no opine de lo que no sabe”.
Hace casi 10 años, en 2014, la ley 27.063 aprobó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, que implicaba -entre otros puntos- el cambio a un sistema que busca empoderar a los fiscales en las investigaciones y en donde el procedimiento pasa a hacer oral. En 2019, la el sistema acusatorio comenzó a aplicarse en Salta y Jujuy, después de más de nueve meses de trabajo. La próximas jurisdicción en donde debía regir era en Rosario, pero su implementación nunca llegó a ponerse en marcha. Estaba en manos de una comisión bicameral en el Congreso.
A fines de febrero, el Ejecutivo decidió por DNU asumir las funciones de la bicameral. Y si bien todos estaban de acuerdo en avanzar, el mundo de los fiscales reclamaba recursos. Los crímenes ocurridos días atrás con la muerte de al menos cuatro inocentes, en lo que se cree que fue un mensaje de bandas mafiosos, llevó al Gobierno a desplegar una serie de estrategias y medidas para luchar contra la delincuencia. En ese contexto, apareció la noticia de la repentina implementación del código acusatorio, pero eso implicaba un nivel de organización, preparación, capacitación y estructura que desataron las fuertes críticas. Ahora, se resolvió que aplique en Rosario desde el 6 de mayo.