La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel había sido denunciada penalmente en los tribunales de Comodoro Py por no convocar a la sesión solicitada por otros legisladores nacionales para trata el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 de desregulación de la economía. La denuncia fue presentada esta semana por el abogado Andrés Gil Domínguez y de manera previa a la citación que hizo Villarruel para tratar hoy en el Senado el DNU.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que la denuncia es por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Gil Domínguez planteó en su denuncia que se violaron todos los plazos que establece la Constitución Nacional para tratar el DNU.
La denuncia se da en el contexto político de tensión entre Milei y Villarruel. La vicepresidenta convocó el martes a una sesión del Senado para hoy a las 11 horas y entre los temas a tratar está el DNU 70. La oposición solicitó tres veces que se convoque a una sesión especial para tratar el texto.
Ayer a la tarde se conoció un duro comunicado de la presidencia de la Nación contra la decisión del tratamiento del DNU y del llamado de la oposición a otra sesión en Diputados para tratar un proyecto de movilidad jubilatoria. Esa sesión no logró el quórum y no hubo tratamiento.
“En la previa a la firma conjunta del Pacto de Mayo, convocada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de reconstituir las bases de la República Argentina, la Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, comienza la misiva oficial”, sostuvo el gobierno de Milei en el comunicado. “Tanto el tratamiento apresurado del DNU 70/23 como la iniciativa de promover una fórmula jubilatoria sin consenso violentan el espíritu de acuerdo promovido por el Presidente en su convocatoria al Pacto de Mayo”, agregó.
En su denuncia, Gil Domínguez detalló los pasos de control legislativo que debe recorrer un DNU y recordó que los plazos están vencidos por lo que el Congreso debe convocar a sesión para tratar el decreto. “El procedimiento constitucional y legal previsto establece que cumplido el plazo de 10 días hábiles sin que la Comisión Bicameral Permanente eleve el pertinente despacho o dictamen, entones, las Cámaras del Congreso de la Nación deben abocarse de oficio al expreso e inmediato tratamiento del DNU respectivo”, sostuvo el abogado.
El letrado aclaró que “ni la Constitución argentina ni la ley 26.122 determinaron un plazo cierto que traduzca la obligación de expreso tratamiento inmediato por parte de ambas Cámaras del DNU Nº 70/2023″ pero entendió que inmediato “refiere todo aquello que sucede enseguida sin ninguna clase de tardanza, de forma inminente, urgente, presta, rápida y veloz que debe tener un punto de referencia temporal para que la indeterminación textual no se devore a la obligación constitucional”.
Y agregó: “El delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público busca preservar el correcto funcionamiento de la administración pública, garantizando que los funcionarios cumplan con sus obligaciones de manera adecuada y conforme a la ley. En el presente caso, se trata de la obligación que tienen los miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de cumplir con una obligación constitucional”, concluyó Gil Domínguez.
La causa todavía no tiene dictamen fiscal para establecer si se abre formalmente una investigación o si se entiende que no hay un delito para investigar porque el Congreso comenzó a tratar el DNU 70 por la convocatoria de hoy.
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