El Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles llevó a cabo una visita sorpresa en Devoto

Fue en el marco de un plan de monitoreos ejecutado con el fin de conocer la realidad carcelaria para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad

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La sede del Complejo Penitenciario Federal de Devoto
La sede del Complejo Penitenciario Federal de Devoto

En el marco de un plan de monitoreos carcelarios, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles llevó adelante esta semana una inspección en el Complejo Penitenciario Federal de Devoto. La visita del organismo se concretó sin previo aviso ni guías y bajo el propósito de conocer la realidad carcelaria para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.

En línea con los fines de la pena, que apuntan a reducir la reincidencia y prevenir el delito, el Sistema Interinstitucional conformó una comitiva que recorrió el lunes pasado distintos puntos de la cárcel de Devoto, desde el Hospital Penitenciario Central hasta el llamado Módulo de Ingreso y el Centro Universitario Devoto, un espacio que brinda un servicio educativo que la institución ha venido sosteniendo con el fin de contribuir a la resocialización de los presidiarios.

En rigor, el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles es un organismo compuesto por jueces federales y nacionales, la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Procuración General de la Nación (Procuvin) y la Defensoría General de la Nación. Fue creado bajo la consigna de promover medidas que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, a través de las cuales se llevan adelante inspecciones en distintos penales y centros para jóvenes sin aviso previo para constatar in situ la realidad penitenciaria.

Bajo ese marco, la comitiva que recorrió la prisión de Devoto, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estuvo integrada por el juez federal Gustavo Hornos, miembro de la Cámara Federal de Casación Penal, el defensor público oficial Guillermo Todarello y el procurador penitenciario adjunto interino Ariel Cejas Meliare.

También asistieron el Comisionado del Comité Nacional para Prevención de la Tortura, Leandro Halperin, junto a representantes de Procuvin e integrantes de la Comisión de Cárceles y del Programa de Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación y la secretaria del Sistema, Lucía Gallagher. Durante toda la recorrida, además, acompañaron el jefe del Complejo José Julián Olivera y el subjefe Gustavo Medina, ambos prefectos.

Uno de los patios de la cárcel de Villa Devoto, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Uno de los patios de la cárcel de Villa Devoto, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Según fuentes judiciales, al finalizar la inspección, y según los usos del Sistema Interinstitucional, se llevaron a cabo observaciones directas a las autoridades del penal. Entre ellas, la necesidad de mantener las condiciones de infraestructura vinculadas a la higiene, la sanidad y la alimentación de las personas alojadas. También se hizo un énfasis especial en el acceso efectivo a los servicios de salud, educación y esparcimiento.

A su vez se remarcó que no se puede restringir el acceso a la acción de habeas corpus de las personas privadas de libertad, ya que son recursos legales que deben llegar directamente al juez competente.

El organismo interinstitucional lleva esta clase de monitoreos desde su creación en 2013. Desde entonces ha sido reconocido por múltiples autoridades a nivel nacional e internacional como una articulación útil en defensa de los derechos de los individuos privados de libertad, de la prevención del delito y de la paz social. En esa línea, en el año 2019 recibió una mención especial del Papa Francisco por su labor en defensa de la dignidad humana.

Por su parte, la cárcel de Devoto es la misma a la que el camarista Gustavo Hornos, acompañado por la secretaria Lucía Gallagher, por los defensores oficiales Guillermo Todarello y Gustavo Iglesias, el procurador penitenciario Ariel Cejas Meliare, la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Rocío Alconada Alfonsin, la jueza Vilma Bisceglia y otros magistrados y funcionarios, concurrieron convocados por emergencia durante el conflicto ocurrido en abril de 2020, al principio de la pandemia, cuando la cárcel fue en gran parte tomada por los internos.

En aquella oportunidad, la presencia de los magistrados -que no realizaron ninguna negociación y concesión de libertades- fue clave para lograr la pacificación del espacio carcelario y para evitar una tragedia de magnitud frente al inminente ingreso de las fuerzas de seguridad al edificio que, por su configuración, es de muy difícil recuperación.

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