El Gobierno amplió la comisión para reformar el Código Penal

El Gobierno resolvió ampliar la cantidad de integrantes de la comisión que creó en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación para trabajar en la reforma del Código Penal de la Nación. A los cinco miembros originales, entre ellos el ministro Mariano Cúneo Libarona, sumó otros seis.

Se trata de los jueces federales Mariano Borinsky, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y María Eugenia Capuchetti, magistrada de primera instancia de Comodoro Py. También las doctoras María Valeria Onetto y Mercedes Rodríguez Goyena y la completan Carlos Alberto Manfroni y Fernando Oscar Soto, ambos funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Los nombramientos fueron publicados hoy en el Boletín Oficial mediante la resolución 48/2024 del Ministerio de Justicia, que destaca que “cuentan con una amplísima experiencia tanto en el ámbito profesional como académico” y cumplirán la tarea ad honorem.

Se suman a Cúneo Libarona y Jorge Eduardo Buompadre; Horacio Jaime Romero Villanueva; Julio César Báez; y Ricardo Ángel Basílico. Borinsky ya integró y presidió una comisión similar durante el gobierno de Mauricio Macri y propuso un nuevo Código Penal que nunca fue tratado por el Congreso de la Nación.

Ahora se espera que la comisión tenga su primera reunión para designar a su coordinador o coordinadora y establecer una agenda de trabajo.

La nueva comisión fue creada a principio de mes por una resolución del Ministerio de Justicia que estableció el Código Penal “ha sido objeto de múltiples reformas, las que importaron la introducción de modificaciones tanto en su Parte General como en su Parte Especial, afectando seriamente a lo largo del tiempo su coherencia interna original”.

Además, señaló que “se han promulgado diversas leyes que incorporaron tipos penales sin integrarse al Código Penal de la Nación, lo que ha resentido la sistematicidad del régimen punitivo, e implica en la práctica apartarse del criterio de codificación unificada en materia penal, tal como lo determina el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución Nacional”.

La Resolución recuerda los intentos de reforma del Código que se impulsaron a través de la conformación de comisiones en 2004, 2012 y 2017, pero que nunca se alcanzó el objetivo.

La comisión deberá tener en consideración, “por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro, los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada”.

“Que de igual manera, resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, y de lavado de dinero y ciberdelito”, se añadió en la resolución.

“Que, en definitiva, los antecedentes históricos y las circunstancias de actualidad referidas, han llevado en los últimos años a la conformación de un criterio generalizado y prácticamente unánime, en orden a la necesidad de una reformulación integral y totalizadora de la legislación penal”, se completó.

Esta no es la primera decisión de este tipo en el área judicial que toma el gobierno. También a principios de marzo el Poder Ejecutivo dictó un decreto por el que el Ministerio de Justicia quedó a cargo de la implementación del Código Procesal Penal Federal. Esa función estaba a cargo de una comisión bicameral del Congreso, pero que no había avanzado en la implementación total del nuevo código.