A casi 30 años de la bomba que voló la AMIA y cinco años desde el final del juicio que ventiló el encubrimiento en la causa por el atentado, la Cámara Federal de Casación Penal se apresta a dictar un fallo que revisará las condenas y absoluciones en ese expediente. Mañana, todos los involucrados desfilarán ante los jueces que tienen en sus manos el caso: desde el ex juez Juan José Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia hasta el ex reducidor de autos Carlos Telleldín, su entonces abogado Víctor Stinfale y el ex jefe de la DAIA Rubén Beraja, revelaron a Infobae fuentes judiciales.
El ex presidente Carlos Menem, que estaba acusado en la causa por el desvío de la famosa pista siria en los primeros días del ataque, había sido absuelto por el tribunal oral que llevó adelante el debate, junto al ex jefe policial Jorge “Fino” Palacios, quien fuera luego el hombre elegido por Mauricio Macri para encabezar la primera policía porteña. La agrupación Memoria Activa pretendía sus condenas ante Casación, pero fallecieron en los últimos años y ya quedaron sobreseídos.
El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 y provocó la muerte de 85 personas. A casi 30 años de aquel ataque terrorista, no hay ningún detenido por esa masacre. Los acusados de haber planificado el ataque son un grupo de funcionarios iraníes que se niegan a ser interrogados por la justicia argentina. Cinco de ellos tienen alertas rojas en interpol. El último año se sumaron a la lista de sospechosos otros cuatro supuestos miembros de Hezbollah, sospechados de haber prestado su colaboración para la voladura de la AMIA y que vivían en la zona de la Triple Frontera. Uno de ellos podría ser juzgado en Brasil si es que la Cancillería acepta la propuesta del país vecino, tal como detalló Infobae hace un mes.
Lo que sí avanzó en los tribunales federales fue la causa para investigar las irregularidades en la investigación del atentado, sobre todo después de que tuvo lugar el juicio oral en donde terminaron absueltos el reducidor de autos Carlos Telleldín y un grupo de policías bonaerenses a los que Telleldín había acusado de haberse llevado la camioneta bomba. Esa acusación de Telleldín, en vísperas del segundo aniversario del ataque, fue producto de un pedido de dinero que el juez Galeano habilitó: se le pagaron 400 mil dólares que salieron de los fondos de la ex SIDE. Eso quedó expuesto en el juicio oral que habló de un pago “espurio e ilegal” que hacía caer toda la causa, desde ese momento, por la doctrina del fruto del árbol envenenado.
Galeano fue el primer juez que tuvo la causa hasta que en diciembre de 2003 fue apartado. En agosto de 2005 fue destituido del cargo en un juicio político por su mal desempeño en el expediente. Cristina Kirchner, entonces senadora, había sido parte de la comisión bicameral que revisaba las investigaciones por los atentados terroristas Embajada y AMIA, y fue una de las principales detractoras de Galeano. Memoria Activa, una de las agrupaciones de familiares de víctimas, impulsaba su destitución y enjuiciamiento.
El juicio por el encubrimiento comenzó en 2015. El veredicto se dictó el 28 de febrero de 2019. Fue después de casi cuatro años de debate oral y público que disparó, incluso, internas y denuncias en el entonces oficialismo, expuestas por la entonces diputada Elisa Carrió y el ex jefe de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla. La queja era porque el Ejecutivo no había pedido la condena de los ex fiscales de la causa Eamon Mullen y José Barbaccia. De los 13 acusados sentados en el banquillo, cinco fueron absueltos. Allí encabezó la lista el ex presidente Carlos Menem, fallecido el 14 de febrero del 2020. La fiscalía pretendía su condena, pero con su muerte se cayeron todas sus causas judiciales.
En cambio, el ex juez Galeano fue condenado a seis años de prisión y el ex jefe de los espías a cuatro años y seis meses. También fueron condenados a cuatro años y medio de prisión Hugo Anzorreguy, el ex jefe de la SIDE, y a tres años Juan Carlos Anchezar, otro de los ex espías. La condena incluyó a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia -ambos a dos años de prisión-; junto al reducidor de autos Carlos Telleldín, a tres años y seis meses, y su entonces pareja, Ana María Boragni, a dos años. El último de los sentenciados fue el ex jefe policial Carlos Castañeda, condenado a tres años de prisión. Castañeda ya había enfrentado otro juicio también por la destrucción y el robo de pruebas al inicio de la investigación. Victor Stinfale, entonces abogado de Telleldín, fue absuelto.
Zulemita Menem estalló en un silencioso llanto apenas escuchó el veredicto, mientras con sus manos entrelazaban los dedos en señal de rezo, desde las gradas superiores de la sala del tribunal. Abajo, Carlos Menem escuchaba con una sonrisa tranquila la noticia de su absolución. A sus 88 años, el senador caminó despacio hacia la salida del recinto, la misma por la que un minuto antes se habían retirado los jueces que terminaban el juicio en su contra. Tanto la fiscalía y las querellas como las defensas buscan que esa sentencia se revocada.
Galeano insiste en que aquel pago fue una operación de inteligencia justificada, aunque nunca haya dejado constancias en el expediente de ello. Desmiente haber cometido delitos. En los 90, apenas llegado a Comodoro Py 2002, tuvo en sus manos la causa más importante que nadie pudo haber imaginado, la más mirada por el Gobierno de entonces y también la que más exigía respuestas por parte de los familiares de las víctimas. Para los ex fiscales, la condena fue una piña. “No hay condena válida para un inocente”, lo escucharon decir a Müllen, según contó aquel día Infobae.
El fallo fue apelado. Los encargados de revisar la decisión serán los jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Angela Ledesma. A fines del 2022, los jueces escucharon a los defensores y acusadores públicos y privados. Y la semana pasada, Mahiques convocó a cada uno de los acusados para este martes 12. Se trata de un audiencia “visu”, una entrevista que busca hablar directamente con los imputados antes de dictar el fallo.
No siempre se hace: pero se hizo en la causa por “la ruta del dinero k”, en donde la Casación terminó reduciendo el monto de la pena dictada contra Lázaro Báez e incluso absolviendo a sus dos hijas, recordaron ante Infobae fuentes judiciales.
El primero de los convocados, vía zoom, es Hugo Alfredo Anzorreguy. Su defensa, a cargo de Joea Nieto, pidió la suspensión de la audiencia subrayando “la incapacidad sobreviniente” de su cliente que “impide la sustentación válida del trámite del recurso y, eventualmente, su resolución”. El tribunal no hizo lugar. Luego, le siguen Víctor Alejandro Stinfale, a quien lo representaba el hoy ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona; el ex directivo de la SIDE Patricio Miguel Finnen; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja; Carlos Alberto Telleldín, su ex esposa Ana María Boragni; los ex fiscales José Carlos Barbaccia y Eamon Gabriel Müllen, el ex SIDE Juan Carlos Anchézar y el ex jefe policial Carlos Antonio Castañeda.
En esas entrevistas, los jueces le preguntan a los acusados cuestiones que hacen a sus condiciones de vida. Están previstas audiencias de 15 minutos cada una. Memoria Activa pidió dar publicidad a la audiencia, pero el planteo fue rechazado.
“Aún así, esta instancia significa una oportunidad (una más) para que la “Justicia” argentina demuestre que es capaz de cumplir con su deber”, señalaron en un comunicado. “La expectativa surge muy a pesar de que, hasta ahora, esta ‘Justicia’ ha demostrado que no está dispuesta a juzgarse a sí misma ni a desoír las presiones ejercidas estos años para favorecer de los imputados”. Para esta agrupación, “hoy tenemos absoluciones y penas muy por debajo de las que realmente merecen quienes desviaron intencionadamente la investigación del atentado terrorista más grave de la historia del país”.