Cristina Kirchner pidió que un funcionario de Milei declare en la causa por las obras públicas en Santa Cruz

La defensa de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner pidió hoy su absolución en la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos por las obras viales que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. “El fallo del tribunal oral fue un acto de arbitrariedad monumental”, dijo Alberto Beraldi, abogado de la ex mandataria, que además pidió que se cite a declarar como testigo a Rodolfo Barra, actual funcionario del gobierno de Javier Milei, que el año pasado hizo un dictamen a pedido de la ex mandataria como experto legal en el que concluyó que no hay responsabilidad de un presidente en la asignación y ejecución de la obra pública.

Cristina Kirchner publicó ayer en sus redes sociales que hoy su defensa presentaría el dictamen de Barra, procurador del Tesoro de la Nación, y experto en derecho administrativo. La ex presidenta -y hoy también su defensa- destacó que Barra fue juez de la Corte Suprema, ministro de Justicia de Carlos Menem y convencional constituyente en 1994. “No se observa ninguna responsabilidad penal objetiva”, citó Beraldi el dictamen de Barra y que present> en la causa

Al cierre de la exposición de Beraldi, que duró cerca de dos horas, el abogado le pidió a la Cámara Federal de Casación Penal que cite a Barra. “Queremos pedir que se cite al doctor Barra a declarar como testigo a efectos de ratificar y eventualmente ampliar el dictamen”, planteó. Otras defensas adhirieron al pedido.

Pero el fiscal de Casación Mario Villar se opuso. Explicó que el Código Procesal Penal no permite incorporar prueba nueva en esta instancia de la causa y que además no quedaba claro en calidad de qué Barra podría declarar. “Testigo es alguien que presenció los hechos, pero Barra no conoce nada de los hechos. Tampoco es perito porque lo que hizo es un dictamen jurídico que puede servir de apoyo para la parte que lo contrato”, sostuvo. Ahora deberán resolver los jueces.

“La fiscalía tuvo un fracaso fenomenal en el juicio porque en el teatral alegato que hizo todo lo que se decía, las tres toneladas de prueba, no le sirvieron para convencer al tribunal que solo tomó 300 gramos. El único hecho que entendemos por el que que Cristina Kirchner fue condenada fue por el dictado del decreto 54/09. Eso es todo”, sostuvo Beraldi en la audiencia ante la Cámara Federal de Casación que desde la semana pasada comenzó a revisar el fallo que en diciembre de 2022 dictó el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py.

La defensa sostuvo que “no existió ningún elemento de prueba” de que haya existido una asociación ilícita. “El tribunal oral que no tiene pruebas directas, que la sentencia se funda en base a prueba indirecta o indicios. Ningún testigo dijo en el juicio que Cristina Kirchner dio instrucciones para beneficiar a Lázaro Báez”, agregó Beraldi que calificó la causa de “gravísimas irregularidades” y que se violaron de “manera grosera garantías constitucionales” . “Fue un acto de arbitrariedad monumental”, sostuvo durante sus casi dos horas de exposición.

Los jueces del tribunal oral Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenaron a Cristina Kirchner. Junto con la ex presidenta fueron condenados Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión. Además, el Tribunal dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos, monto de la defraudación al estado por las obras viales que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. En tanto, fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

Los jueces entendieron que se había cometido un fraude al estado en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz. Por mayoría, el tribunal rechazó condenar por el delito de asociación ilícita. El fallo fue apelado para que intervenga la Sala IV de la Cámara de Casación que citó a audiencias que se realizan en la sala AMIA de Comodoro Py para revisar el fallo.

El primero en exponer fue el fiscal de Casación Mario Villar que ratificó la postura de su colega de juicio, Diego Luciani, y pidió que se aplique el delito de asociación ilícita y que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión. También que se revoquen las absoluciones. “Entre 2003 y 2015 funcionó en el estado una asociación ilícita que desvió los fondos de las obras públicas viales a Lázaro Báez. “Hubo una verdadera asociación criminal. No fue el estado el que cometió delitos, fueron personas que eran funcionarios”, planteó Villar.

Hoy fue el turno de la defensa de la ex presidenta. Lo primero que hizo Beraldi, acompañado por Ary Llernovoy, fue presentar el dictamen como experto legal de Barra. La defensa resaltó, como hizo durante el juicio, que el presidente de la Nación no tiene como facultades la asignación y la ejecución de la obra pública ni tampoco la modificación de partidas presupuestarias. Esas tareas le corresponde a cada ministerio o a la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La defensa también señaló que uno de los puntos por los que Cristina Kirchner fue condenada fue por el dictado del decreto 54/2009 por el que permitió que un fondo fiduciario sea manejado por distintos organismos públicos, como la Dirección Nacional de Vialidad. Para el tribunal oral esa decisión fue una prueba para beneficiar directamente a Báez.

Pero Beraldi explicó el sentido de ese decreto y citó el dictamen de Barra. “Fue un acto legítimo cuya oportunidad, merito y conveniencia para su dictado no merece su revisión en sede judicial” y agrega el texto que ““no se observa ninguna responsabilidad penal objetiva”.

Otro punto que abordó la defensa fue lo que en el juicio la Fiscalía llamó el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de WhatsApp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares.

Esos mensajes dan cuenta de reuniones de López con Cristina Kirchner, con Báez, comunicaciones con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones- y de encuentros del empresario con la entonces presidenta en noviembre de 2015, a pocos días de que Mauricio Macri asumiera la presidencia de la Nación. Allí se hace referencia a que Báez tenía que cobrar todo lo que se de le adeudaba antes que Cristina Kirchner deje el gobierno para después cerrar las empresas.

La defensa sostuvo que se trató de “inferencias que los fiscales hacen” y que confundieron fechas de reuniones y que nunca se pagó el dinero a Báez.

Tras la exposición de Beraldi, fue el turno de Ignacio Tedesco, defensor oficial de López, condenado a seis años de prisión, que también pidió la absolución del ex funcionario. Las audiencias continuarán el jueves que viene que cuando el turno de tres ex funcionarios de Santa Cruz.

La de hoy fue la tercera audiencia y restan otras tres que terminarán a principios de abril. Luego de eso los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos podrían convocar a los 13 acusados a una audiencia “de visu” que es para conocerlos personalmente antes de resolver. Tras eso, la ley marca que Casación tiene 20 días para fallar sobre el caso. Esa resolución puede ser apelada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.