Entre la baterías de allanamientos y operativos que se realizaron este lunes en el marco de la causa principal por el escándalo de los seguros, hubo uno que no había salido a la luz: el juez Julián Ercolini le pidió ese día a la Policía Federal que registre las oficinas de Fernando Carlos Salim, un ladero de Héctor Martínez Sosa que también estuvo en la quinta de Olivos durante la pandemia.
“Salim le prestaba su matrícula a Martínez Sosa para que no sea tan abultada la facturación. En su momento Martínez Sosa le salvó una cuenta grande al Turco”, cuenta un operador del mercado.
El juez Ercolini allanó el lunes los domicilios de Alberto Pagliano, Martínez Sosa, y el broker Pablo Torres García, pero también ordenó que la PFA se presente en las oficinas de los dos últimos para llevarse documentación. Se trata de “Héctor Martínez Sosa SA”, “TG Broker SA”, y “Paris Broker de Seguros SA”. En esa medida incluyó las oficinas de Fernando Salim porque compartiría domicilio con el amigo de Alberto Fernández.
“Advirtiéndose que otro de los productores listados por Nación Seguros SA, Fernando Carlos Salim, posee el mismo domicilio que Martínez Sosa y podría presentar algún tipo de vinculación societaria con el mismo, habrá de ser incluido en la medida”, dice la resolución judicial a la que accedió este medio.
En todas las oficinas, las PFA se presentó con una orden de presentación, con allanamiento en subsidio. En esos casos, se pide la documentación y en caso de una negativa se procede a secuestrarla por la fuerza.
¿Que se buscaba en esos procedimientos?. “Documentación referida a las contrataciones de seguros o convenios celebrados con el Estado Nacional y/o las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N°24.156, desde el 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023, como así también las contrataciones de seguros o convenios celebrados con “NACIÓN SEGUROS SA”, bajo la modalidad de coaseguro o reaseguro, y las actuaciones de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones, y toda otra documentación que resulte de interés para la investigación”, dice la orden firmada pasadas las 17 horas del lunes.
En cambio, en los allanamientos a los domicilios el juez pidió secuestrar notebooks, CPUs, tablets y teléfonos celulares, tal como adelantó ayer Infobae. Pero también le ordenó a la PFA que haga un plano de cada lugar, y saque fotos.
El nombre de Salim ya habría trascendido porque estuvo en la quinta de Olivos junto a Martínez Sosa. Fue el 8 de enero de 2020, según los registros publicados por Poder Ciudadano. El marido de la secretaria de Alberto Fernández ingresó a las 21.36 y se retiró al día siguiente, a la 1.20 de la madrugada. En los mismos horarios quedaron registrados Guillermo Alonso, el segundo de Martínez Sosa en la empresa; María Guadalupe Cortés, productora de seguros; y el propio Salim.
Martínez Sosa volvió a ingresar a Olivos en plena pandemia: el 11 de mayo de 2020 y el 14 de mayo de 2020. En esas ocasiones estuvo acompañado de María Cantero, su esposa y secretaria privada del entonces presidente.
Cantero conoció a Alberto Fernández en los claustros de la Facultad de Derecho y lo acompañó como su secretaria desde la Superintendencia de Seguros. Pasaron más de 30 años. Sin embargo, cuando estalló el escándalo, el ex presidente le echó la culpa: “No pedí por nadie, y si mi secretaria lo hizo, se extralimitó”.
Luego de los allanamientos del lunes, el juez Ercolini sumó ayer 27 órdenes de presentación a distintas compañías de seguros para obtener los contratos. Son productores de seguros que fueron designados en diferentes organismos públicos para operar con Nación Seguros, al menos según la información que hay hasta ahora en el expediente.
Entre los productores figuran Bachellier SA (vinculada a Martínez Sosa), Castello Mercuri SA (una de las firmas que monopolizaba los contratos con el Estado), y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA.
D’Angelo Campos fue imputado ayer junto al ex presidente Alberto Fernández y otras personas a raíz de la denuncia presentada por el Gobierno. El otro expediente se inició unos día antes con una denuncia de la abogada Silvina Martínez a la que se anexó otra presentación de los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto. Ambas causas quedaron a cargo del juez Ercolini.