Escándalo de los seguros: la Justicia ordenó operativos en 45 organismos del Estado para obtener los contratos

El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy un total de 45 operativos en organismos del Estado para obtener los convenios y las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández. Son órdenes de presentación que están siendo distribuidas en cada organismo.

Entre las reparticiones oficiales se destacan los ministerios de Economía, Seguridad, Relaciones Exteriores y Capital Humano, la ANSES, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Dirección Nacional de Vialidad, según pudo saber Infobae.

En el listado también aparecen Radio y Televisión Argentina S.E, el INCUCAI, el Estado Mayor General de la Armada, la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la ANMAT, el INTA, y hasta la Superintendencia de Servicios de Salud.

Ercolini despachó 45 órdenes de presentación que están siendo entregadas por personal de la División Operaciones Federales de la Policía Federal. El oficio reclama una copia de los convenios y de las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y 9 de diciembre de 2023 y los productores asesores de seguros y/o intermediarios intervinientes en cada una de esas pólizas.

El juez también solicitó “los antecedentes, actuaciones y actos administrativos por los cuales se efectuó la selección y designación de dichos productores asesores de seguros y/o intermediarios previamentemencionados, si fueron designados para la totalidad de las contrataciones de seguros o sólo para algunas de ellas, la fecha de la primera designación de cada uno de ellos, y si los mismos percibieron en forma directa del ente comisiones o remuneraciones de algún tipo”.

Ese párrafo apunta a un total de 27 intermediarios que ayer fueron visitados por la Policía Federal para que también aporten la documentación. En ese listado figuran Bachellier SA (vinculada a Martínez Sosa), Castello Mercuri SA (una de las firmas que monopolizaba los contratos con el Estado), y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos, a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA.

D’Angelo Campos fue imputado ayer junto al ex presidente Alberto Fernández y otras personas a raíz de la denuncia presentada por el Gobierno. El otro expediente se inició unos día antes con una denuncia de la abogada Silvina Martínez a la que se anexó otra presentación de los diputados Juan Manuel López y Paula Olivetto. Ambas causas quedaron a cargo del juez Ercolini.

El magistrado había comenzado el viernes pasado con un operativo sobre Nación Seguros, horas antes del discurso de Javier Milei en el Congreso. Esta semana ordenó allanamientos sobre los domicilios de Alberto Pagliano (el ex titular de Nación Seguros), el broker Héctor Martínez Sosa, y Pablo Torres García, pero también mandó a la PFA para que se presente en las oficinas de los dos últimos para llevarse los contratos.

En esa medida incluyó las oficinas de Fernando “El Turco” Salim, un allegado a Martínez Sosa. “Advirtiéndose que otro de los productores listados por Nación Seguros SA, Fernando Carlos Salim, posee el mismo domicilio que Martínez Sosa y podría presentar algún tipo de vinculación societaria con el mismo, habrá de ser incluido en la medida”, dice la resolución judicial revelada por este medio.

Ahora, el juez decidió cerrar el círculo y mandó a la Policía a un total de 45 organismos que contrataron con Nación Seguros. En el listado también aparecen la Administración General de Puertos, Pampa Energía SA, ARSAT, el Tribunal de Tasaciones de la Nación, la Casa de la Moneda, el Fondo Nacional de las Artes, Gendarmería Nacional y la Jefatura de Gabinete.

En el caso de la ANSES, el juez pidió una copia del sumario administrativo interno labrado por la contratación de Nación Seguros, a partir del decreto 823 de 2021, que obligó a todas las reparticiones públicas a contratar con esa firma.