Nación vs. Provincias: el mapa de las causas judiciales que acumula la Corte Suprema por los recortes de fondos

El enfrentamiento abierto entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y las provincias por el recorte de fondos públicos en época de ajuste tiene un nuevo camino que transita en paralelo al político. Y es el judicial. “La caja” ya se discute en distintos tribunales, entre ellos la Corte Suprema de Justicia de la Nación que tiene reclamos de cinco provincias. Pero la expectativa está lejos de que el máximo tribunal resuelva en lo inmediato. Su historial en causas similares muestra otra postura que saldar los conflictos políticos cuando están calientes.

En su objetivo de déficit cero, el gobierno nacional decidió eliminar el envío de distintos fondos públicos para las provincias. Principalmente en coparticipación, transporte y educación, lo que derivó en un conflicto abierto con los gobernadores. El punto de máxima tensión fue hace una semana con Ignacio Torres, de Chubut, por la quita de la coparticipación por una deuda que tiene la provincia con el Estado nacional.

A los escritorios de los jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ya llegaron distintos reclamos de gobernadores. La Pampa, Misiones, La Rioja y Buenos Aires se presentaron directamente ante el máximo tribunal. Lo mismo hizo el gobierno nacional en una de las dos causas que inició Chubut en la Justicia federal de la provincia. Y está también el expediente que inició la ciudad de Buenos Aires por la quita de fondos de la coparticipación durante el gobierno de Alberto Fernández.

Los gobernadores de La Rioja, Ricardo Quintela, y el de Misiones, Hugo Passalacqua, presentaron demandas por la quita del gobierno nacional del Fondo de Incentivo Docente. Pero no son las únicas presentaciones que hicieron esas provincias contra el gobierno de Milei. La Rioja también pidió la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 de reformas económicas e inició otra causa por la actualización en base a la inflación de los fondos coparticipables. Por su parte, Misiones también objetó las reformas al Instituto Nacional de la Yerba Mate del DNU 70.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, presentó un amparo contra la quita del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros. La última presentación fue de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que reclamó por la quita del Fondo de Fortalecimiento Fiscal.

En varias de esas causas, como la de La Pampa y el reclamo de La Rioja por el DNU, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema es competente para intervenir en las causas.

Torres por Chubut inició reclamos en la Justicia federal de su provincia. Fue por la quita del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros y por la coparticipación. El juez federal de Rawson, Hugo Sastre, le dio la razón y falló en contra del gobierno nacional. Uno de esos expedientes también llegó a la Corte Suprema. La Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, se presentó la semana pasada en el máximo tribunal por la causa del transporte. Le pidió que aparte al juez Sastre y que intervenga directamente en la causa por su competencia originaria en disputas entre Nación y provincias, y por la trascendencia institucional del caso. Pero también se presentó en el juzgado, recusó al magistrado y apeló el fallo para que intervenga la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

A nivel de la Justicia federal, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, inició una causa por la quita del Fondo del Incentivo Docente. En ese expediente, el juzgado federal de Viedma le pidió al gobierno nacional que presente un informe para explicar su decisión.

Otro reclamo por “la caja” que tiene el máximo tribunal no se inició en este gobierno sino en el de Alberto Fernández. Lo presentó el ex jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta cuando la Nación le quitó una parte del porcentaje de la coparticipación para dársela a la provincia de Buenos Aires por un conflicto con la policía bonaerense. En diciembre de 2022, la Corte dictó una medida cautelar a favor de la ciudad y le ordenó a Nación que entregue el 2,95 por ciento de la coparticipación (la ciudad reclamaba el 3,50). Ni el gobierno de Alberto Fernández ni el actual de Milei cumplen con el fallo. Mientras tanto, todavía resta una definición del máximo tribunal sobre el fondo del reclamo que continúa el gobierno de Jorge Macri.

El caso de CABA es un ejemplo para entender los tiempos y los procesos de la Corte y de por qué es poco probable que las demandas de las provincias contra el gobierno de Milei tengan una definición en el inmediato.

El expediente se inició en septiembre de 2020 y previo a la primera definición de la Corte -que fue en diciembre de 2022 con la medida cautelar- se convocaron a una serie de audiencias de mediación para que las partes intenten llegar a un acuerdo. Lo hizo en base al artículo 36 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que los jueces deberán “intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos”.

La misma postura había tomado el máximo tribunal en otros reclamos que se iniciaron muchos años atrás cuando Santa Fe y San Luis demandaron a la Nación por la coparticipación. Las audiencias fracasaron y la Corte falló a favor de las provincias. La idea de la convocatoria es cumplir la postura de que los problemas de la política los resuelva la política. Inclusive, quienes conocen de cerca este tipo de causas, recuerdan que hubo casos de reclamos entre el gobierno central y las provincias que se iniciaron y luego fueron retirados porque las partes llegaron a un acuerdo.

Fue lo que ocurrió con el reclamo que la provincia de Buenos Aires tenía contra la Nación por el Fondo del Conurbano y que en 2018 la entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal retiró de la Corte por un acuerdo al que llegó con la administración de Mauricio Macri.

“Hay que pensar en por lo menos dos años de trámite judicial”, plantea una fuente de tribunales para trazar un horizonte en el que en lo inmediato es muy difícil que la Corte intervenga en la pelea de las provincias con Milei. Los tiempos judiciales difieren mucho de los políticos que requieren una solución urgente y más en el contexto de crisis económica que vive el país.

Pero a eso se suma la convocatoria que el viernes pasado hizo Milei a los gobernadores durante la apertura de sesiones del Congreso. Los llamó al “Pacto de Mayo” para establecer 10 políticas de Estado que generen “un nuevo pacto fundacional para la República Argentina”. Entre esas políticas está el equilibrio fiscal, una reforma tributaria y rediscutir la coparticipación federal, varios de los temas que se plantean en las demandas que iniciaron las provincias. Se trata del inicio de una negociación política que suma argumentos para que la Corte no tome definiciones en lo inmediato.