Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari avanzarán en analizar en los próximos días qué pruebas se habilitarán en el futuro juicio oral donde se buscará esclarecer el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en un proceso en donde están acusados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, como presuntos coautores materiales; y Nicolás Carrizo, jefe de los copitos, como supuesto partícipe necesario.
Así se resolvió luego de que tres magistrados -Fornari, junto a los sorteados Javier Ríos y Daniel Obligado- rechazaran la recusación que había planteado la defensa de Carrizo, a cargo del abogado Gastón Marano, contra los jueces Sabrina Namer y Adrián Grünberg. En una presentación simultánea al pedido de pruebas, la defensa había pedido el apartamiento de los dos integrantes del Tribunal Oral Federal 6 por distintas causales.
La recusación contra Grünberg apuntó en primer lugar a los votos del magistrado en las causas Los Sauces-Hotesur y ‘dólar futuro’ en donde se sobreseyó a Cristina Kirchner. En la primera, el voto de ese sobreseimiento fue dictado junto a Obligado. Y la decisión fue revocada el año pasado por la Cámara de Casación Penal. En la causa dólar futuro, el voto de Grünberg fue en minoría por el sobreseimiento, pero al ser apelado fue la propia Casación la que validó el cierre del expediente que ahora está apelado por la fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. También subrayó su pertenencia a Justicia Legítima y su seguimiento a las ideas del ex miembro de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni, el jurista más valorado por la ex presidenta.
Grünberg rechazó en su informe el pedido de apartamiento: justificó sus votos en la causas en donde sobreseyó a CFK, recordó que también condenó al ex funcionario de su gobierno, el ex secretario de Obras Públicas José López, dijo que desde 2019 no pertenece a Justicia Legítima y defendió su admiración a Zaffaroni, más allá de quiénes más lo sigan.
La recusación contra Namer, en tanto, apuntaba a su apartamiento en la causa Memorándum con Irán y que había sido parte de la UFI-AMIA tras la muerte de Alberto Nisman. También a un diálogo difundido entre Cristina Kirchner y el ex jefe de la AFI y hoy senador Oscar Parrilli, en donde se decía “Estamos a 22 años de cumplirse la AMIA y este tipo (Horacio Stiuso) dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron todo y lo dejan salir del país, porque entra y sale”. Parrilli, según la transcripción, le responde: “Sí. Ahí yo lo mandé a hablar a Martín (Juan Martín Mena, exsubdirector de la AFI) para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora la investigación, lo citen”. También se aludía a Justicia Legítima.
“Fui una fiscal legítima y legal, designada por resolución del entonces Procurador General Esteban Righi como Fiscal de la Procuración General de la Nación; función que implicaba la actuación en las dependencias o expedientes en los que fuera necesaria mediante resolución fundada de la PGN. También soy una jueza legítima y legal, que accedió a su cargo mediante los mecanismos legales correspondientes. Soy una jueza legítima, pero nunca integré la agrupación ‘Justicia Legítima’. Empero, si lo hubiera hecho, como tantos colegas a los que respeto, no advierto la valoración de esa circunstancia como una carga negativa en sí misma”, dijo Namer.
Rechazó la sospechas de parcialidad, afirmó que fue ella misma la que promovió a las partes a opinar sobre su posible continuidad o no en la causa del Memorándum y sobre el diálogo entre CFK y Parrilli respondió: “Realmente no puedo dejar de destacar la paradoja de que el presentante pretenda mostrar mi supuesta relación con la querellante o la supuesta afinidad que tendría con ella, a través de una escucha telefónica que demuestra todo lo contrario. No corresponde que me haga cargo de lo que pensaba el entonces jefe de inteligencia sobre la posibilidad de que algún funcionario del ejecutivo tuviera ‘llegada’ a mí”, afirmó. Y añadió mordaz: “tan limitada fue mi relación con las entonces autoridades de la AFI, que aparentemente el propio jefe de ese servicio, debió averiguar quién me conocía o quien tenía llegada a mí”.
Los jueces Fornari, Obligado y Ríos sostuvieron: “no advertimos que concurran ninguno de los motivos invocados por la asistencia técnica del imputado Carrizo para fundar los planteos de recusación efectuados respecto de los distinguidos colegas”. Y añadieron: “No puede perderse de vista que la facultad de recusación debe siempre interpretarse de manera restrictiva por la sencilla razón de que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural. De igual modo corresponde señalar que el mecanismo de recusación de los jueces no puede convertirse en una herramienta para variar el magistrado que deba intervenir”.
Tras señalar que las recusaciones se basaron “la recopilación de distintas opiniones vertidas en publicaciones periodísticas, tanto respecto de los magistrados como de la querellante en autos y fueron extraídas de diversos medios de prensa” en donde se alude a “la supuesta pertenencia de los magistrados al entorno político o ideológico de la querellante”, el fallo afirmó que “la invocación de la sospecha de parcialidad del juez o jueces de la causa, no puede reducirse a meras afirmaciones arbitrarias y carentes de pruebas que respalden su configuración”.
Ahora, resuelto el trámite de recusación, el tribunal analizarán los pedidos hechos por las partes para la prueba a utilizar en un futuro juicio.
Hace dos semanas, Infobae reveló los planteos que hizo la ex vicepresidenta en su rol de querellante, la fiscal Gabriela Baigún que impulsará las acusaciones y la defensa de los acusados: Fernando Sabag Montiel, el atacante; su entonces novia, Brenda Uliarte, que estaba a pocos metros del lugar donde ocurrió todo; y Nicolás Carrizo, acusado de ser un partícipe secundario en el atentado en base a los mensajes que se encontraron en su telefóno celular cuando él fue a declarar como testigo.
Tanto la querella de Cristina Kirchner como la fiscal Gabriela Baigún coincidieron en apuntar a que se profundice y se lleve a ese juicio las pistas contra el diputado del PRO Gerardo Milman y contra Revolución Federal, dos aspectos que no formaron parte de la elevación a juicio. Lo de Milman, porque aún se investiga en instrucción. Lo de Revolución Federal, porque es parte de otra causa al no acreditarse conexión directa con el ataque. La fiscal incluso pidió citar a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
La defensa oficial de Fernando Sabag Montiel hizo foco en los peritajes psiquiátricos. La defensa oficial a cargo de Fernanda López Puleilo busca saber quién analizó que era imputable. Por eso también reclamó escuchar a los peritos de parte de la defensa oficial que lo entrevistaron durante todo este tiempo, y a los peritos balísticos: el arma estaba cargada pero el tiro no salió porque no había bala en la recámara. También pidió otras publicaciones: la de los expertos que, después del intento de homicidio, hablaban del “discurso del odio” y el documental de La Cámpora a un año del ataque llamado”La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.
Brenda Uliarte, su ex pareja también acusada, solicitó testigos. Pero llamó la atención que incluyera en esa lista a Carrizo y a Sabag, que son acusados. También Brenda quieren que declaren las secretarias de Milman en el debate. Su defensa, además, solicitó que la vea un psiquiatra de parte. “En este momento se encuentra inestable notificándonos de las lesiones en las que incurre”, sostuvo la defensa de Carlos Telleldín y Sabrina Mansilla. Ahora, la joven cambió de abogado: puso a uno mediático, Alejandro Marcial Cipolla, que representó a Natacha Jaitt, L-Gante y a Morena Rial y quien pidió un hábeas corpus.
Nicolás Gabriel Carrizo pidió pruebas, testimonios y que se lo someta a la prueba de la verdad: reclama que se le haga una pericia con uno de los equipos polígrafos que adquirió el Ministerio de Seguridad. Según subrayó su abogado Gastón Marano, “resulta la única técnica de evaluación forense de la credibilidad que cuenta con trayectoria empírica e investigativa ampliamente verificable” y es usada por el FBI, la CIA y la DEA. La jugada, novedosa, se pone en juego cuando, precisamente, se trata de un acusado que no está obligado a decir la verdad, pero que sostiene que no tuvo nada que ver con el atentado y que los mensajes que lo comprometen, desde el teléfono que él entregó como testigo, se deben a su “humor negro”.