La expresidenta Cristina Kirchner reclamó la indagatoria de la hermana del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, que están investigados porque su empresa financió la compra de muebles a Jonhatan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal y procesado por incitación a la violencia colectiva. El juez Marcelo Martínez De Giorgi tuvo presente el planteo, a la espera de los resultados de unos peritajes, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita considerara completa la investigación, según indicaron a Infobae fuentes judiciales.
Para la querella de la ex jefa de Estado, “el acusador público dio a entender que no ahondará en la investigación del financiamiento proveniente de Caputo Hermanos”. Sin embargo, dijo CFK, “las evidencias recolectadas hasta ahora son tan contundentes que el próximo paso debe ser la convocatoria a indagatoria de Rosana Caputo”.
Rossana Caputo, de 66 años, es hermana de Luis “Toto” Caputo, el ex secretario de Finanzas de Mauricio Macri que hoy es ministro de Economía de Javier Milei. Junto a sus otros hermanos, Hugo y Flavio Caputo, es dueña de Caputo Hermanos, la constructora que quedó en medio de la investigación por el financiamiento de la agrupación Revolución Federal.
Cristina Kirchner está convencida de que detrás del atentado en su contra, que tuvo lugar en la noche del 1 de septiembre de 2022, hubo una “pata política” en donde menciona desde al diputado del PRO Gerardo Milman hasta a la familia de Caputo, por el financiamiento a una agrupación violenta como Revolución Federal. “Los pagos de Caputo Hermanos coinciden con la existencia y las principales actividades de Revolución Federal, y cesan cuando esta agrupación dejó de actuar”, se afirmó.
En la causa de Revolución Federal y en la del atentado -que se investigan por separado- no se encontraron pruebas que unan directamente a los miembros de la agrupación antikirchnerista con Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, los acusados y detenidos por el intento de homicidio, más allá de que la joven apareció en una marcha de las antorchas en la Casa de Gobierno que había convocado Revolución Federal por redes sociales. La agrupación Revolución Federal quedó en el foco público tras el ataque a Cristina Kirchner. Las consignas que promovían eran “reventar la Plaza de Mayo” y “exigir renuncias”. Se lanzaron piedrazos, bombas de estruendo y bombas molotov. “Al kirchnerismo, cárcel o bala”, proclamaban. Los integrantes de la agrupación dijeron públicamente que no conocían a Brenda.
Cuando ya se había producido el intento de homicidio de CFK en la puerta de su casa, a través de un mail del Ministerio de Seguridad entró a Comodoro Py una denuncia de una persona llamada Luca Morales, quien hizo saber que en las redes sociales estaba circulando un perfil que con sus manifestaciones adelantaba que atentaría contra la democracia e incitaría al odio y la violencia política de forma directa contra el Presidente y la Vicepresidenta. La cuenta de Instagram era “@revolucionfederal”. Allí decía: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis por las buenas o por las malas”.
Mientras la causa por el atentado a CFK espera fecha de juicio oral, el juez federal Martínez De Giorgi y Gerardo Pollicita investigan las actividades de Revolución Federal. El 20 de octubre de 2022, se ordenaron cuatro detenciones: Jonatan Morel, Gaston Guerra, Leonardo Sosa y Sabrina Basile, integrantes de la agrupación Revolución Federal. Sabrina Basile es la hija del ex director técnico de la Selección Argentina. Se los acusó de asociación ilícita para infundir temor, pero la Cámara Federal ordenó liberarlos y les bajó la califiacion a incitación a la violencia colectiva. Eso llevó a acusaciones públicas por parte del ex presidente Alberto Fernández y referentes del kirchnerismo.
Desde entonces, la Justicia hizo foco en la investigación del financiamiento y también amplió los procesamientos de algunos miembros de la agrupación por otros hechos de violencia contra otros actores como Juan Grabois, Victoria Donda o Victor Hugo Morales.
Hace unas semanas, el fiscal Pollicita elevó un dictamen en donde enumera las medidas realizadas, sin conclusiones, para que el juez decida si quiere continuar la investigación. El juez remitió el escrito a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema (DAJuDeCO). En ese contexto aparece el escrito de CFK pidiendo la indagatoria a la hermana de Caputo.
“La contratación y los pagos a Morel tuvieron que ver con financiar a Revolución Federal, una agrupación violenta destinada a amedrentar y atacar al kirchnerismo, movimiento político históricamente repudiado por la familia Caputo”, dijeron los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal.
Sostuvieron que “desde el comienzo de la investigación, fue evidente que las movilizaciones efectuadas por Revolución Federal requerían que la agrupación contase con cierto grado de capacidad económica” y destacaron que a partir de los informes de la Unidad de Información Financiera, durante la gestión anterior, “comenzó a quedar claro que Revolución Federal contaba con financiamiento externo”.
Subrayaron transferencias realizadas por los fideicomisos “Espacio Añelo” y “Santa Clara Del Sur” –ambos administrados por la sociedad Caputo Hermanos- a Jonathan Morel, Ailen Vallero y Evelyn Balboa, que se registraron entre enero y agosto de 2022, por unos 6.5 millones de pesos. En el expediente, Flavio Caputo adujo que el vínculo entre Caputo Hermanos S.A. y Jonathan Morel surgió cuando Rosana Caputo identificó la carpintería de Morel, en la zona del Tren de Boulogne, y le encargó muebles (barras de bar, unas mesas bajas y una mesa ratona) para el barrio Santa Clara al Sur. Morel dio una versión similar, ya que dijo que Rosana Caputo había entrado en su carpintería en diciembre de 2021 y le había pedido los muebles de Santa Clara al Sur.
Los abogados de CFK resaltaron que “ni Caputo ni Morel fueron capaces de explicar cómo Rosana Caputo había identificado la carpintería de Morel, que no era para nada conocida, ni por qué había entrado a dicho establecimiento, totalmente ignoto, a solicitar muebles para un barrio cerrado de lujo”. Luego, se explicó, Rosana Caputo le hizo un encargo más grande y Morel lo tercerizó.
Para la querella, “este paso de la historia relatada por Caputo y Morel es del todo inverosímil. No se entiende por qué alguien que encarga pocos muebles y se los hacen mal decidiría contratar a la misma persona para hacer 144 mesas de luz, 144 respaldos de camas, 48 banquetas y 60 mesas ratonas para un emprendimiento en Neuquén, especialmente dado que Rosana Caputo conocía las mínimas dimensiones de la carpintería de Morel. Tampoco se entiende por qué Caputo Hermanos contrataría a un carpintero sin trayectoria alguna, con domicilio en Boulogne, para hacer muebles para Neuquén”.