El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anunció hoy que su provincia presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el Estado Nacional en la que exige el cobro inmediato de las partidas adeudadas tras la eliminación del Fondo de Incentivo Docente (FONID).
La decisión del gobernador Passalacqua coincide con el reclamo de su par de La Rioja, Ricardo Quintela, que también presentó ante el máximo tribunal una medida cautelar innovativa por la eliminación del FONID y el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente
“Sin ninguna duda esta decisión administrativa es arbitraria y carente de todo fundamento jurídico, configurándose un caso de inusitada gravedad institucional al contrariar directamente la ley de educación y la ley de presupuesto del año 2023 reconducido para el año en curso”, dice un comunicado de la Fiscalía de Estado riojana.
Y agrega: “Nuevamente estamos pidiendo que la Corte de Justicia interfiera y ponga las cosas en el lugar que corresponden, conforme al estado de derecho, que no se puede ni se debe seguir tolerando el avasallamiento de derechos y garantías constitucionales, que dañan directamente a la gente”.
Todos los ministros de Educación provinciales firmaron una carta en la que le expresan al secretario de Educación, Carlos Torrendell, la preocupación por la falta de transferencia del Fondo de Compensación Salarial Docente, el FONID, los ítems salariales de Conectividad y Material Didáctico, pero también por los programas educativos nacionales (incluyendo la extensión de la jornada escolar) y el Fondo de Infraestructura.
El FONID representa un porcentaje del salario que cobran, de manera igualitaria, más de 1,6 millones de docentes de todo el país del sistema educativo formal, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario no universitario. El Gobierno nacional tampoco transfirió el dinero del Fondo de Compensación Salarial Docente, que solo cobran las provincias de menores recursos. En 2023, recibían este fondo compensador Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Misiones y Santiago del Estero.
El gobierno de Ricardo Quintela consideró “que se han agotado todas las instancias administrativas tendientes a lograr que se mantengan los recursos que por ley corresponden a las provincias pero al no tener respuesta favorable no nos queda otra opción que acudir al máximo órgano de justicia de la nación para que ordene el cese de del avasallamiento a derechos y garantías constitucionales”.
Mientras tanto, La Rioja continúa exigiendo que la Corte resuelva la inconstitucionalidad total del DNU 70 emitido por el gobierno nacional. Esta misma semana, los abogados de la provincia, Raúl Ferreyra y Eugenio Zaffaroni, hicieron una presentación en la que sostuvieron que los jueces de la Corte Suprema ya están en condiciones de resolver la medida cautelar presentada en diciembre.
“Se han cumplido todas las mandas indicadas por el Tribunal, tanto en el expediente principal como en el incidente. Así, de acuerdo a las constancias obrantes en este juicio, la Procuración General de la Nación ha dictaminado a favor de la competencia originaria del Más Alto Tribunal. Asimismo, la Procuración del Tesoro se encuentra notificada de la providencia ordenada el 29/12/23″, explicaron los abogados.
Quintela fue el primero que presentó una demanda contra el decreto ante el Máximo Tribunal y la Corte respondió que su tratamiento quedaría para después de la feria judicial de enero.
Sin embargo, no es la única causa contra el DNU que está en la Corte Suprema. El Máximo Tribunal también tiene los expedientes de la CGT y la CTA contra la reforma laboral que hace el decreto. Ese aspecto es el único que hoy está suspendido. Por dos medidas cautelares la Justicia del Trabajo dictó la suspensión del capítulo IV del DNU y un fallo de la Cámara del Trabajo -en el caso de la CGT- dictó su inconstitucionalidad. Ambas causas fueron apeladas por el gobierno nacional y se encuentran en la Corte Suprema.
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