El ex piloto presidencial Leonardo Barone -quien renunció el año pasado tras la polémica por una peligrosa maniobra de aterrizaje- pidió que se cierre una causa penal que tiene elevada a juicio por fraude en una licitación por la compra de 10 aviones. Sin embargo, el fiscal federal Diego Luciani no solo solicitó que el planteo se rechace sino que además requirió que se abra una causa para investigar a los funcionarios públicos que participaron de esa licitación que calificó de “proceso amañado y direccionado”.
Se trata de una causa por una licitación de 2013 en la que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) convocó para la compra de diez aeronaves para instrucción básica y deportiva. El proceso lo ganó “Global Jet Aviation SA”, de quien Barone era su apoderado, pero presentó pólizas de seguro de caución falsas.
Barone fue denunciado y procesado por fraude al estado por 5.580.442 de pesos y enviado a juicio oral. Barone -quien niega las acusaciones y sostuvo que el estado nunca fue perjudicado porque los aviones se entregaron- fue piloto presidencial hasta junio del año pasado. Era director General de Logística de la Secretaria General de la Presidencia de Alberto Fernández cuando renunció tras una peligrosa maniobra a fines de mayo en el aeropuerto Jorge Newbery cuando traía al país el nuevo avión presidencial -un Boeing 757-200- que reemplazaba al Tango 01. El comandante hizo la maniobra a pesar que no tenía autorización de la torre de control para aterrizar. Barone era uno de los tripulantes del avión.
En la causa penal, la defensa de Barone se presentó en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py y pidió una conciliación para ser sobreseído y no ir a juicio oral. Explicó que ante la ANAC pagó la penalidad del contrato. Pero el fiscal Luciani dictaminó esta semana por rechazar el planteo porque consideró que en la licitación se dieron una serie de “irregularidades e ilegalidades” en las que podrían estar vinculados funcionarios públicos sobre los que pidió abrir una causa penal.
El fiscal resaltó que si bien Barone no es funcionario público -lo que lo habilitaría a obtener la conciliación- “nunca” se puede dar ese derecho “frente a los actos de corrupción que implican un perjuicio a las arcas del Estado”. También señaló que el piloto tuvo una suspensión de juicio en otro expediente que tramitó en la justicia en lo Penal Económico. Luciani explicó que antes de que en esa causa fuese sobreseído “habría cometido un nuevo delito que es, ni más ni menos, el que da origen a la presente investigación”.
Global Jet ganó una licitación por 7.500.000 pesos para la construcción de 10 aeronaves para instrucción básica y deportiva, de las cuales solo entregó cuatro.
El piloto fue procesado y enviado a juicio oral porque las polizas de seguro que se presentaron en la licitación eran falsas, lo que fue confirmado por la compañía de seguros Zurich. Ante el pedido de cierre del expediente, la Fiscalía consideró que en el proceso de licitación aparecen una serie de irregularidades que no deberían haber pasado inadvertidas para los funcionarios públicos y para quienes investigaron a Barone. “Se detectaron hechos y conductas que no fueron objeto de estudio durante la instrucción de la causa y que ameritan realizar una profunda investigación en torno a la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los funcionarios de la ANAC y particulares que participaron en la maniobra”, sostuvo en su dictamen al que accedió Infobae.
El fiscal señaló que la ANAC, entonces a cargo de Alejandro Agustín Granados -familia que tiene la intendencia del municipio bonaerense de Ezeiza-, tendría que haber advertido que Global Jet inició sus actividades un día antes de la apertura de los sobres de la licitación, que cuando se inició el proceso la empresa no estaba inscripta en la Inspección General de Justicia (IGJ) -lo que hizo después-, que el capital inicial fue de 30 mil pesos, que no tenía aviones para vender ni se dedicaba a fabricarlos, sino que lo iba a hacer a través de otra empresa, Proyecto Petrel SA.
Petrel se había presentado a la licitación. Obtuvo el pliego y preparó un presupuesto. Pero el negocio quedó para Global Jet. “No aparece explicado cuál era el aporte de Global Jet Aviation SA al negocio para que Proyecto Petrel lo utilizara como intermediario para este único negocio. Esto enciende alertas si, además, se tiene en cuenta que el presupuesto de la licitación fue autorizado el mismo día en que esa única oferente obtuvo su inscripción en la IGJ”, sostuvo el fiscal Luciani.
Desde la defensa de Barone señalan que no hubo fraude al estado porque los aviones que se abonaron fueron entregados a la ANAC que nunca la intimó por la licitación. La defensa también señala que Global reclamó a Petrel por los aviones faltantes y que la falsedad de las pólizas es una responsabilidad del seguro. También que cuando fueron notificados adquirieron nuevas pólizas.
“A esta altura, cabe preguntarse si nos encontramos ante una verdadera licitación o, en rigor de verdad, se trató de una simulación para que la ANAC discrecionalmente financiara, con recursos del erario, un proyecto de una empresa privada. Y que se entienda bien, acá no está en discusión una política de la ANAC tendiente a promover la industria nacional, sino la transparencia, los principios de igualdad y la legalidad de un proceso licitatorio simulado, direccionado, como así la debida y correcta aplicación de fondos del Tesoro nacional”, consideró el fiscal, que agregó que “existen elementos que ameritan una investigación amplia de la actuación de los funcionarios públicos y los particulares –no elevados a juicio– que intervinieron en el trámite licitatorio”.
En su dictamen, el fiscal nombra a algunos de los funcionarios que deberían ser investigados. Además de Granados, destacó que cuando ocurrieron los hechos “el Ministerio de Planificación Federal estaba a cargo del arquitecto Julio De Vido y la Secretaría de Transporte estaba a cargo de Alejandro Ramos”, de quienes dependía la ANAC. También consideró que la investigación debe alcanzar a los otros integrantes de Global Jet.
Así, Luciani dictaminó por rechazar el pedido de la defensa de Barone de cerrar la causa y que se abra un nuevo expediente para investigar a quienes participaron de la licitación.