Espionaje a jueces: Zanchetta seguirá preso y se espera una definición por los teléfonos de un ex funcionario K

La Cámara Federal de Casación Penal decidió no dar trámite a un planteo de excarcelación presentado por la defensa de Ariel Zanchetta, el ex policía preso acusado de haber sido un agente de inteligencia inorgánico que, haciéndose pasar por periodista, espió a jueces de Comodoro Py y la Corte Suprema de Justicia. Investigando sus teléfonos, también se detectó material de actividades de inteligencia sobre más políticos, dirigentes sociales, periodistas y personas del espectáculos, que derivaron en un nuevo pedido de indagatoria para él, para tres agentes de la AFI y también para el ex funcionario de La Cámpora Néstor “Conu” Rodríguez, quien ocupó un alto cargo jerárquico en la AFIP hasta el final del gobierno anterior.

Zanchetta había pedido su libertad a fin de año ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, que se lo denegó porque la investigación está en pleno trámite y se mantenían los riesgos procesales. Esa decisión se apeló pero en enero pasado la Sala II de la Cámara Federal confirmó que siga tras las rejas de Marcos Paz. Fue curioso porque, durante la feria, hubo que salir a buscar jueces que resolvieran ya que varios de los habían recibido el caso habían sido espiados, como lo contó por esos días Infobae. La defensa buscó llegar con el pedido de excarcelación a Casación.

Pero hoy los jueces de la Sala I de ese tribunal rechazaron analizar el planteo. Los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que el escrito interpuesto por la defensa del ex policía no lograba refutar los argumentos utilizados para denegar el recurso de casación ni tampoco lograba acreditar la existencia de una cuestión federal. El juez Alejandro Slokar, sin adelantar criterio, consideró que de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debía continuarse con la tramitación. Así las cosas, el ex policía seguirá alojado arrestado.

Zanchetta fue preso a fines de junio, junto al hacker misionero Ezequiel Núñes Pinheiro. Están acusados en una investigación que se inició luego de un grupo de jueces sufriera el hackeo de sus celulares en un mismo período -octubre de 2022- como Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, por un lado, y por la denuncia del presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti luego de enterarse que habían sacado cinco líneas de teléfono a su nombre desde Misiones. Tirando de la misma soga, los investigadores descubrieron que lo mismo habían hecho con el vicepresidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, el juez Ricardo Lorenzetti, la jueza de Posadas Verónica Skanatta o el gobernador de la provincia de entonces Oscar Herrera Ahuad, y su sucesor y actual mandatario Hugo Passalacqua.

Nuñes Pinheiro confesó haber participado en las maniobras de hackeo de los jueces, el diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro, aunque aseguró que él no sabía quiénes eran las víctimas y que el encargo se lo hizo un misterioso sujeto vía Telegram que luego desapareció. A Zanchetta, un ex policía de Junín, llegaron porque había buscado en la base SudamericaData a Borinsky el mismo día en que le hackearon el teléfono. Cuando averiguaron un poco más, Zanchetta, diciendose periodista, había rastrillado datos de más de mil personas en solo 2022, entre las cuales había más jueces, fiscales y funcionarios judiciales.

Analizando los equipos de Zanchetta, se encontraron con que guardaba carpetas e información de más funcionarios judiciales, políticos, periodistas y empresarios. Y se le encontraron diálogos con el diputado Rodoldo Tailhade y con Fabián “Conu” Rodríguez, el entonces directivo de la AFIP que le encargó un parte a Zanchetta sobre la entonces ministra de su gobierno, Victoria Tolosa Paz y la publicación de una nota sobre un supuesto enriquecimiento.

Todo eso quedó al descubierto y el fiscal que tuvo la causa, Gerardo Pollicita, ordenó allanar a “Conu” Rodríguez en las oficinas de la AFIP para secuestrarle el teléfono. No lo encontraron. Para el fiscal, se escondió porque nunca salió del edificio. Tras un frustrado pedido para detenerlo, el entonces funcionario entregó su celular en Comodoro Py 2002. Todavía no comenzaron a ser analizados.

Y, como reveló Infobae la semana pasada, esta situación derivó en una presentación de alto voltaje que hizo el fiscal Carlos Stornelli, el nuevo fiscal de la causa, contra el juez federal Martínez de Giorgi.

Fue porque la fiscalía denunció que no podía acceder a los celulares de Zanchetta, luego de un pedido de la defensa que se oponía a que la querella de Silvio Robles, director de la vocalía de Rosatti y también buscado por Zanchetta, accediera al material que le habían secuestrado. Esa limitación, dice Stornelli, se hizo extensiva a la fiscalía. Reseñó que el 15 de diciembre pasado se había autorizado a tener acceso al material, pero más tarde el juez resolvió: “se pondrá a disposición de las partes aquella información que resulte pertinente y de utilidad para esta investigación”.

Para Stornelli se está cercenando arbitrariamente la labor del Ministerio Público y planteó dudas sobre la “opacidad este proceso, puesto que a casi dos meses de recibidas las copias forenses extraídas de los dispositivos del imputado Rodríguez, no se observa ninguna providencia, pese al tiempo transcurrido, tendiente al análisis de su contenido”.

La defensa de “Conu” Rodríguez hizo un planteo “aclaratorio” tras esa explosiva presentación de Stornelli. Dijo que su cliente tuvo una “actitud cooperativa” con la investigación “individualizando cada uno de los dispositivos secuestrados e indicando quiénes -dentro de su grupo familiar- eran los respectivos usuarios y/o dueños”. Y planteó que poner en conocimiento de particulares el contenido no solo de su teléfono sino de Zanchetta implicaba una violación al derecho de la intimidad.

Admitió que “el Ministerio Público Fiscal, en tanto es representante del interés general, no puede tener esa restricción, debiendo, naturalmente, acceder a la información de interés para la investigación de todos los eventuales afectados”. Pero dijo que queden fuera del acceso los equipos que no sean del propio “Conu”. También que, del celular de su cliente, solo se analice en el lapso de interés para la investigación -entre el 11 de diciembre de 2019 y la fecha de los allanamientos-, y que ese material no sea copiada por ninguna parte.

El tema fue elevado a la Cámara Federal, donde el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe respaldó a Stornelli. “Sin razón alguna hoy se impide el acceso a la prueba otrora consentido sin mediar acto, hecho o circunstancia que permita variar el criterio del decreto del 15 de diciembre de 2023. Es así que el acto recurrido solo encuentra sustento en la mera voluntad del magistrado. El resultado del mismo pone en vilo las facultades propias del Ministerio Público Fiscal al imposibilitar el acceso a la prueba con el objeto de cumplir su función específica”, dice el escrito al que accedió Infobae.

Fue por eso que pidió la nulidad de la resolución de Martínez de Giorgi objetada por Stornelli. La decisión está a estudio de los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico.