Pedirán condena por corrupción para una ex intendenta y funcionaria del gobierno de Macri

La Fiscalía Federal pedirá la semana que viene pena de prisión para Aída Ayala, ex intendenta de Resistencia -Chaco-, ex diputada nacional y ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, por un negociado con la basura cuando era jefa comunal. La fiscalía la acusó de varios delitos, como defraudación a la administración pública y lavado de dinero, y entre el miércoles y el jueves concluirá su alegato con la solicitud de años de prisión para ella y otros 16 acusados, entre ellos el secretario general del gremio de empleados judiciales de resistencia.

El juicio oral comenzó en septiembre pasado y a fines de diciembre los fiscales federales Federico Carniel, Carlos Gonella e Indiana Garzón iniciaron sus alegatos. En la primera jornada adelantaron que iban a pedir condena para todos los acusados porque entendieron que en el proceso se probó que Ayala, como intendente de Resistencia, le asignó indebidamente a la empresa “Pimp S.A.” el negocio de la recolección de basura en la ciudad y que luego lavaron el dinero obtenido de los contratos: 260 millones de pesos.

El Tribunal Oral Federal de Resistencia retomará las audiencias el próximo martes a las 17. Allí la fiscalía terminará de analizar la prueba y la situación de cada acusado y la expectativa es que el fiscal Carniel el miércoles o jueves por la mañana -dependerá de los tiempos- haga el pedido de años de prisión para todos los acusados.

Ayala -quien rechazó las acusaciones y se definió cuando declaró como una “intendente exitosa”- fue tres veces consecutivas jefa comunal de Resistencia -de 2003 a 2015- y una de las referentes de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia. De hecho, en 2015 fue la candidata de Cambiemos -entonces la alianza entre la UCR, el PRO y la Coalición Cívica, luego devenida en Juntos por el Cambio- para la gobernación de Chaco que perdió contra el peronista Domingo Peppo. En 2015, con Macri como Presidente de la Nación, asumió como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, cartera a cargo de Rogelio Frigerio. Por su actuación en ese cargo, Ayala tiene otra causa por corrupción.

En 2017 dejó el Poder Ejecutivo y asumió como diputada nacional. Y en enero del año siguiente comenzó la investigación del caso que hoy la tiene acusada y que se inició por una denuncia anónima contra Jacinto Sampayo, entonces secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, por presuntos manejos irregulares de fondos públicos. Sampayo continúa hoy al frente del gremio.

Durante la investigación del caso, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, pidió la detención de Ayala porque entendió que en libertad podría entorpecer la causa o evadirse de la justicia. La jueza Zunilda Niremperger aceptó el planteo y le pidió a la Cámara de Diputados el desafuero ya que como legisladora nacional tenía inmunidad de arresto.

El tema se debatió en Diputados pero los legisladores de la UCR y el PRO no dieron los votos para tratar el pedido de desafuero y en mayo de 2019 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la orden de detención, lo que también hizo concluir la discusión en el Congreso. Ayala llegó en libertad al juicio oral y en 2021 dejó de ser diputada.

Los fiscales federales acusaron en el juicio oral a todos los imputados de los delitos de defraudación a la administración pública, negociación incompatible con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos agravado por la participación de tres o más personas.

Para la Fiscalía se dio por probado que la empresa “Pimp S.A.”, propiedad de Sampayo, se armó con el único objetivo de ganar la licitación para la recolección de residuos en Resistencia que terminó siendo un negocio de 260 millones de pesos. Los fiscales plantearon en sus alegatos que de hecho fue la única empresa que se presentó a la licitación y que en tiempo récord ganaron el primero de los varios contratos que tuvieron con el Municipio. También que cuando Ayala dejó la intendencia la empresa no tuvo más actividad. Para los fiscales Ayala y Sampayo fueron los ideólogos de la maniobra que se extendió de 2014 -último año de Ayala como intendenta- hasta 2018.

Otro de los acusados en el caso es el abogado Daniel Fischer, ex pareja de una de las hijas de Ayala, empresario y quien trabajó con la ex intendenta en su campaña para la gobernación. Además, los dos formaron parte de la fundación “Construir”. Como empresario, Fischer formó parte de “Pimp S.A.”, a través de otras empresas. Para la Fiscalía, Fischer fue el vínculo entre Ayala y Sampayo.

El resto de los principales acusados son los también empresarios Pedro Martínez y Carlos Huidobro, quienes con sus compañías ingresaron a “Pimp S.A.”. Los demás acusados formaban parte en distintos cargos de la estructura de la empresa y eran testaferros en el lavado de dinero o ayudaron a blanquear los fondos.

“Lo que se vio es una obra arquitectónica de empresarios y funcionarios para defraudar al Estado municipal, una práctica que ya venía de un tiempo atrás y para la cual necesitó no sólo a los empresarios sino a las más altas autoridades de la municipalidad”, sostuvo el fiscal Carniel en sus alegatos en los que también la Fiscalía detalló cómo fue la maniobra de lavado de dinero a través de la compra de inmuebles, vehículos , embarcaciones y capitalización de empresa.

Después que los fiscales hagan esta semana el pedido de penas será el turno de los alegatos de cada una de las defensas. Cuando finalice ese proceso, los jueces del tribunal oral, Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Noemí Berros quedarán en condiciones de fijar la fecha en la que darán a conocer el veredicto.

Ayala declaró en el juicio oral. “Fui una intendente exitosa”, dijo ante los magistrados y rechazó las acusaciones. Dijo que en su rol de intendenta no tenía vínculo con los proveedores y que el contrato con “Pimp S.A,” continuó cuando ella dejó el cargo, por lo que la gestión siguiente entendió que no había corrupción. En su declaración la ex funcionaria dijo que con esta causa se terminó su carrera política.

Ayala espera fecha para un segundo juicio oral por corrupción. Se trata de un caso en el que está acusada por haber firmado un convenio con el municipio de Quitilipi, en la provincia de Chaco, para la compra de herramientas y maquinas en el que se pagaron sobreprecios.

Ayala, como secretaria de Asuntos Municipales, firmó en 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de maquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos. En el convenio intervinieron Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala en Resistencia, para direccionar la compra a la empresa “Service Hogar”, de Claudio Tolosa, con sobreprecios, lo que fue avalado por Ayala con la firma de la rendición final, según la acusación que hizo la Fiscalía cuando el caso pasó a la etapa de juicio oral.

“Aida Ayala era quien subía o bajaba el pulgar”, declaró Casalboni en la causa. La acusación sostiene que los imputados ya habían firmado otros convenios a favor de “Service Hogar”, una empresa que no tiene local comercial y se dedica a la reparación de productos electrónicos de uso doméstico e instalación y ventas de aires acondicionados.