La Justicia pide informes a la canciller Mondino sobre las víctimas argentinas atacadas por Hamas en Israel

La Justicia argentina comenzó a analizar la denuncia penal contra las autoridades de la agrupación terrorista Hamas por los crímenes de lesa humanidad ocurridos a partir del 7 de octubre en el Estado de Israel. El fiscal federal Ramiro González le pidió informes al Gobierno de Javier Milei: quiere conocer qué se sabe de las víctimas argentinas secuestradas por Hamas y si hay causas penales en la justicia israelí por estos crímenes, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Puntualmente, el fiscal solicitó colaboración a la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, a cargo de Diego Solernó, y al ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Diana Mondino. Es el primer paso de cara a resolver si se impulsa, en los tribunales de Comodoro Py 2002, una causa contra Hamas en el marco del principio de justicia universal.

La denuncia fue presentada el 2 de febrero en los tribunales de Retiro por la Fundación Víctimas International y apoyada por el Centro Simón Wiesenthal. Allí se resaltó que entre los cientos de víctimas atacadas aquel 7 de octubre hay 24 argentinos. “Se asesinó a sangre fría a, al menos, 1200 personas, y otras 200 fueron secuestradas y trasladadas a la Franja de Gaza. A la fecha aún se desconoce el paradero y/o estado de salud de muchas de ellas”, se sostuvo.

En la denuncia se acusó a al menos una docena de autoridades de Hamas, pero “alcanza a toda otra persona de la estructura paraestatal, militar, paramilitar y terrorista de Hamás utilizada para la comisión de los crímenes de lesa humanidad y genocidio”. Se habló de “homicidio, secuestro, abuso sexual, lesiones graves y torturas, que fueron cometidos, inclusive, contra personas menores de edad, en clara conculcación al derecho de gentes; ya que aquellos crímenes atroces ocurrieron en el contexto de un plan de exterminio, ataque y eliminación del pueblo judío desplegado por las máximas autoridades del grupo Hamas”.

“Existe una situación de emergencia que justifica la necesidad de que sea el magistrado de turno quien de manera inmediata tome intervención en los hechos que denunciamos aquí, pues todos ellos son crímenes aberrantes que están en curso de acción. Lo que venimos a denunciar son delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos en el territorio del Estado de Israel y que tienen como víctima directa a ciudadanos de nacionalidad argentina que -junto a otros muchos ciudadanos- fueron brutalmente atacados por las fuerzas de la agrupación autodenominada Hamas, por el sólo hecho de conformar la ‘comunidad civil’ que habitaba y/o residía en territorio del Estado de Israel aquel 07 de octubre de 2023″, sostuvo la presentación de los abogados Salvatore Tolone Azzariti, Tomás Guido y Marcelo Peña, con el patrocinio de Pedro Pusineri.

Al analizar la denuncia que recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, el fiscal González solicitó al Gobierno argentino, a través de Cancillería, que se informe “si se han iniciado investigaciones y/o causas penales o policiales por los hechos acaecidos el 7 de octubre de 2023 por la agrupación Hamás en la justicia israelí y/o en terceros países, en lo particular respecto de las víctimas de nacionalidad argentina”.

Según señalaron las fuentes a Infobae, también se pidió saber “si se han cursado pedidos a la Nación argentina respecto de información relativa a las víctimas de nacionalidad argentina, y, en su caso, por parte de qué autoridades y con qué fines”.

Además el Ministerio Público reclamó detalles sobre “el alcance de la investigación llevada a cabo por la Corte Penal Internacional respecto de la situación de Palestina y si aquella abarca los hechos cometidos por la agrupación Hamás el día 7 de octubre del 2023 en Israel”.

Vale recordar: el 10 de enero pasado, Sudáfrica acusó a Israel ante la Corte Interamericana de Justicia de estar cometiendo un genocidio en Gaza. Israel rechazó la acusación. El 26 de enero, el tribunal expresó que “es plenamente consciente de la magnitud de la tragedia humana que se está desarrollando en la región y está profundamente preocupado por la continua pérdida de vidas y el sufrimiento humano”, pero no ordenó el alto el fuego. Le pidió a Israel que tome todas las medidas necesarias para impedir actos de genocidio.

El fiscal también pidió “remitir el listado de las víctimas argentinas de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la situación actual corroborada de cada una de aquellas”. La denuncia, a la fecha de la presentación, habló de los asesinatos de Rodolfo Fabián Skariszewski, Ronit Rudman, Roland Sultán, Abi Korin, Silvia Mirensky, Matías Burstein, Laura Jazmín Kofman, José Luis Silberman, Ron Sherman, Tair Bira Tahel Bira, Shiri Silberman Bibas, Shiri Yarden Bibas, Kfir Bibas y Ariel Bibas. Por su parte, las torturas encarcelamientos y, de momento, desaparición, de David Cunio, Ariel Cunio, Lior Rudaeff, Fernando Marman y Luis Hart. Finalmente, las torturas, encarcelamiento y privación ilegítima de la libertad de Clara Marman, Ofelia Feler de Roitman, Gabriela Leimberg y Mia Leimberg, quienes fueron liberados.

Históricamente, el derecho internacional reconocía únicamente como sujetos de derecho a los Estados soberanos, y no existía instrumento alguno que permitiese juzgar las graves violaciones cometidas en contextos bélicos o por regímenes totalitarios, más que por los propios Estados en donde aquellos hechos habían tenido lugar.

Pero, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la mirada internacional fue cambiando en busca de proteger los derechos humanos. En 1998 se creó la Corte Penal Internacional y se instaló el concepto de jurisdicción universal: el deber de los estados de investigar y enjuiciar crímenes internacionales, independientemente del lugar en el que aquellos hayan sido cometidos, la nacionalidad de los perpetradores o víctimas, o de cualquier otro vínculo de conexión con aquel Estado que decida ejercerla.

La Argentina sostiene que “los delitos más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo, y es deber de los Estados ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de esos delitos”. Subraya que “la responsabilidad primaria de llevar a cabo este tipo de investigaciones recae en aquellos Estados en cuyo territorio se hayan cometido los delitos, o bien, luego, a otros Estados que posean alguna vinculación con ellos”, pero recién cuando esos Estados “no pueden, o no desean, ejercer la jurisdicción” se puede suplir esa falta a través de la jurisdicción universal, “como una herramienta adicional, de carácter excepcional”, detalla el dictamen de Ramiro González.

En los tribunales federales de Comodoro Py hubo varias denuncias bajo este principio que corrieron distinta suerte.

La más conocida y avanzada es la que investiga los crímenes del franquismo en España. Desde 2010 la jueza María Servini analiza lo ocurrido en ese país entre 1939 y 1975 durante la dictadura de Francisco Franco, tras un planteo que hicieron diversas organizaciones humanitarias argentinas y españolas junto a Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, y Darío Rivas, hijo del que fuera alcalde de una pequeña localidad en España asesinado en 1937. La jueza le tomó declaración a las víctimas y pidió la detención de once acusados pero España las rechazó. En 2021, la jueza indagó y proceso a Martín Villa, funcionario de aquel gobierno, por distintos asesinatos, pero la Cámara Federal revocó esa decisión.

En manos de Servini también quedó otra denuncia por una de las matanzas más atroces que ocurrieron en los últimos años en el mundo: los asesinatos, torturas, ataques sexuales y deportaciones que vive la minoría musulmana Rohingya instalada en Myanmar, un escenario desatado en el sudeste asiático descripto por Naciones Unidas como un “genocidio”. Tanto el fiscal Guillermo Marijuan como la jueza Servini habían archivado la denuncia por la falta de cercanía cultural y la existencia de una denuncia en la Corte Penal Internacional, pero la Sala I de la Cámara Federal oyó los testimonios de seis víctimas y ordenó reabrir la investigación en noviembre del 2021.

Actualmente, dos ONG internacionales buscan que la Cámara Federal de Casación Penal revierta la suerte que tuvo hasta ahora la denuncia para que, en Argentina, se investigue a la República Popular China por genocidio y delitos de lesa humanidad de la minoría uigur, tal como reveló Infobae esta semana. En su momento, la fiscal Alejandra Mangano había archivado la denuncia porque, según informes de Cancillería, existía una investigación en Turquía, a donde se refugiaron algunas de las víctimas de esa persecución. Pero las ONG denuncian que esa información es errónea y que no existe ninguna causa abierta por esos hechos.

El año pasado, el fiscal federal Carlos Stornelli impulsó una investigación para determinar si se cometieron violaciones a los derechos humanos en Venezuela, tras una denuncia presentada por la Fundación de George Clooney en los tribunales de Comodoro Py. Entre otras medidas, el fiscal pidió informes a jueces y fiscales de ese país, y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esta semana se amplió la denuncia: acusaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la detención y desaparición de Rocío Del Carmen San Miguel Sosa, abogada y activista de derechos humanos.