Buscan que desde Argentina se reabra una investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos en China

Dos ONG internacionales buscan que la Cámara Federal de Casación Penal revierta la suerte que tuvo hasta ahora la denuncia para que, en Argentina, bajo el criterio de justicia universal, se investigue a la República Popular China por genocidio y delitos de lesa humanidad de la minoría uigur. En su presentación, a la que accedió Infobae, se reclama a los tribunales de Comodoro Py que abran la investigación y se incluye una nota en donde se asegura que, a diferencia de lo informado oficialmente, en Turquía no hay ninguna causa que se haya impulsado para analizar estos vejámenes.

Se trata precisamente de uno de los ejes que se miran antes de impulsar una causa de estas características, ocurrida en otra parte del mundo: la jurisdicción universal es un principio jurídico que permite a un Estado enjuiciar penalmente ciertos crímenes, independientemente del lugar donde estos hayan sido cometidos, y de la nacionalidad del autor o de las víctimas, si están impunes.

Lo que buscan demostrar los denunciantes y pretensos querellantes es que en los tribunales de Comodoro Py se aseguró que “el gobierno turco informó a las autoridades argentinas acerca de la existencia de una causa penal en trámite por hechos sustancialmente idénticos a los aquí denunciados” cuando, en realidad, afirman que este estado “jamás informó eso”. Se trató, insisten, de un informe elaborado por los encargados diplomáticos argentinos en ese país, sin documentos oficiales.

“No habiendo pruebas de la existencia de ese supuesto proceso en trámite, se cae por su propio peso el razonamiento según el cual se debe privilegiar la jurisdicción turca por sobre la argentina y se capta, en toda su dimensión, la arbitrariedad de la resolución atacada”, reclamaron en su presentación.

El capítulo de los uigur y lo que sucede en China tiene una relevancia especial en la mirada geopolítica. A fines del 2023, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció a incorporación de tres empresas chinas a la lista de entidades sancionadas por la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA), que ya ha afectado a 30 compañías desde que el presidente Joe Biden la promulgara en 2021.

El caso

Los uigures son una minoría étnica musulmana originaria de la región de Turquestán Oriental. La mayor parte habita en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, al noroeste de China, pero también están asentados en Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. Si bien siempre hubo tensiones entre ellos y el gobierno chino, los problemas se acrecentaron tras atentados ocurridos en 2013 y 2014, cuando las autoridades apuntaron a separatistas uigures por esos hechos y prometieron terminar con el radicalismo islámico. En ese contexto se activaron programas para “reeducar” a esa comunidad.

En Argentina, la causa empezó en agosto del 2022 cuando en Comodoro Py se denunciaron los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad en los términos del artículo 7 del Estatuto de Roma, es decir, un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

Puntualmente, se denunciaban los casos de Qelbinur Sidik, quien fue esterilizada forzosamente; Dolkun Isa, cuya madre fue secuestrada y asesinada en un centro “educativo”; Gulbahar Jalilova quien fue detenida arbitrariamente e internada en un centro “educativo” y sometida a tratos crueles, torturas (incluidos episodios de violencia sexual calificables como tortura); y Gulzire Awulqanqizi, quien fue privada ilegalmente de la libertad y sometida a tormentos. A su vez, se inscribió de forma general los episodios denunciados en el marco de un hecho de genocidio y se los calificó como crímenes de lesa humanidad, que incluían detenciones masivas y arbitrarias fundadas en motivos discriminatorios; violaciones y actos de violencia sexual; desaparición forzada de personas; persecución; tortura; asesinato y esclavitud.

El fundamento de la denuncia ponía foco en el estudio que hizo la ex presidente de Chile, Michelle Bachelet, cuando estaba al frente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU): allí publicó un informe de 48 páginas sobre las violaciones de derechos humanos en la región de Xinjiang en contra de los uigures y otras etnias musulmanas. Tras dejar el cargo, Bachelet admitió que había recibido fuertes presiones políticas para no publicar el informe.

La fiscal Alejandra Mángano pidió informes de la República Popular China, del Tribunal Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia antes de resolver si impulsaba la investigación. El juez Sebastián Casanello solicitó a la Cancillería que hiciera las gestiones necesarias para que “la representación diplomática del país informe, con la urgencia del caso, sobre la existencia de procesos penales relativos a la presunta violación de los derechos humanos de las comunidades uigures que habitan la región de Xīnjiāng, República Popular de China, ya sea en ese país o en otros que pudieran tener o no vinculación con esos hechos, y sobre cualquier otra investigación internacional sobre le tema”.

En agosto de 2023, la Cancillería respondió que “la Representación en la República de Turquía informó que el 4 de enero de 2022 diecinueve individuos uyghures residentes en Turquía, acompañados de sus abogados, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de Estambul contra 112 personas, entre ellas funcionarios estatales chinos, por haber mantenido a sus familiares en campos de concentración y haber cometido los delitos de ‘genocidio’ y ‘tortura’ en la República Popular China”. Y citó declaraciones de Gülden Sönmez, abogada voluntaria en el caso, quien habría manifestado que 19 de sus clientes “estaban retenidos en campos de concentración en China, algunos de ellos con todos los miembros de su familia, otros con sus hermanas y otros con sus hijos.”

A raíz de ello, la Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones: dijo que la intervención de los tribunales nacionales en hechos ocurridos en el extranjero -por aplicación del principio de jurisdicción universal- debía ser subsidiaria y dependiente de la inexistencia de otros procesos en los que se investigaran los mismos hechos. Para el Ministerio Público, la respuesta de Cancillería acreditaba la existencia de un proceso penal en otro país. El juez Casanello archivó la denuncia sin acusador y, apelación mediante, la Cámara Federal confirmó la decisión y rechazó el carácter de las ONG como querellantes. Fue en los últimos días del 2023.

Eso es lo que las asociaciones apelaron ahora, con vistas a revertir la decisión en Casación. La presentación fue hecha por Omer Kanat, director del “Uyghur Human Rights Project”, con sede en Washington y Dolkun Isa, presidente del “World Uyghur Congress” y en calidad de víctima directa de la diáspora y el genocidio contra los uyghures, con el patrocinio del ex camarista Gabriel Cavallo y los abogados Hernán Luis Folgueiro y Joao Nieto.

Según el recurso al que accedió Infobae, las ONG sostienen que el documento sobre el que se resolvió el archivo “no era una comunicación oficial del gobierno turco, sino un mero relevamiento de las noticias publicadas en la prensa hecho por el personal de la embajada argentina en Ankara”. No había “un número de expediente, autos o juez/fiscal interviniente en Turquía”, resaltaron.

“Dolkun Isa, por su parte, se ocupó de destacar que ni él ni el resto de los denunciantes en la Argentina había realizado una denuncia en Turquía, por lo que de ninguna manera el hecho concreto que él denunciaba podía estar siendo investigado en ese país”, agregaron en su presentación. Y resaltaron que se había presentado como amicus curiae el abogado turco Ali Yildiz quien afirmó que “según el régimen procesal turco no es posible abrir una investigación de esta naturaleza sin una ‘solicitud’ del Ministerio de Justicia y que según las estadísticas oficiales correspondientes al año 2022 no había ninguna investigación semejante abierta”.

En su apelación, los denunciantes incluyeron un hecho nuevo: “el día 5 de enero de 2024 recibimos una comunicación suscrita por Gülden Sönmez, la abogada turca que, según el Ministerio Público Fiscal, habría impulsado la denuncia que dio lugar al supuesto proceso abierto cuya existencia tabica la competencia de los tribunales argentinos para entender en este caso”. En esa carta, la abogada informó “en Turquía no existe, hasta el momento, ninguna investigación en curso”.

“No se trata ya de una investigación con un resultado desfavorable para los denunciantes, sino de un supuesto de inexistencia de apertura de una investigación. La relevancia de estas palabras está dada porque se trata de la abogada que -según la Fiscal Mángano- habría hecho la denuncia que impide que los hechos denunciados se investiguen en la Argentina”, afirmaron los abogados.

Tras admitir que si bien el archivo no es una sentencia definitiva, existe jurisprudencia en donde se sostuvo otro criterio y se reabrió la causa a pedido de los querellantes. El caso de vacunatorio vip fue uno de esos ejemplos. Y añadieron: “al igual que en el caso ‘Blaquier’ nos encontramos ante un caso en que se impulsa la investigación de crímenes de lesa humanidad en los que existe un deber estatal agravado de investigar”.