La Procuración General rechazó la propuesta de Cúneo Libarona de crear una fiscalía anticorrupción

La formalidad de la respuesta no ocultó el revés para el Gobierno. Este miércoles, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, le envió una carta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para responderle sobre la iniciativa oficial para crear una nueva Procuraduría Anticorrupción, que había sido anunciada -en medio del debate por el proyecto de Ley Ómnibus- por el vocero presidencial, Manuel Adorni. El proyecto resulta “inviable” en el marco legal actual, dijo expresamente la carta que envió Casal al ministerio, según confirmaron a Infobae fuentes consultadas.

No pasó inadvertido que el jefe de los fiscales decidiera difundir su postura en la página de noticias de la Procuración. Si bien la carta no trascendió, el efecto fue el mismo: Casal dejó en claro que todo lo que propone el Ministerio de Justicia para crear esta fiscalía anticorrupción ya son funciones que tienen los fiscales y las procuradurías especiales.

“Hoy por hoy, reglamentariamente no se le puede sacar la competencia de investigar a los fiscales federales y tampoco se propone una facultad que no se tengan hoy en la Procuración de Investigaciones Administrativas y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC)”, subrayaron las fuentes consultadas por este medio. La única alternativa de hacerlo sería crear una nueva ley.

De paso, Casal recordó la predisposición del Ministerio Público para avanzar en el sistema acusatorio, que ya rige en provincias como Salta y Jujuy, para avanzar rápidamente con las causas de corrupción. Se trata de un insistente reclamo del mundo de los fiscales. Cúneo Libarona aboga públicamente para que así sea, pero viene diciendo desde que asumió que “no hay plata”. “Me encantaría tener los recursos, pero si los vamos a esperar nos vamos a volver todos viejos”, sostuvo el jefe de la cartera ante Infobae cuando visitó a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py 2002. “Se puede aplicar con esfuerzo e imaginación... Son tan buenos nuestros jueces que se las van a ingeniar”, acotó.

El 25 de enero pasado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en conferencia de prensa desde la Casa Rosada que el gobierno nacional iba a proponer “crear una fiscalía especial que se encargue de investigar la corrupción de los funcionarios públicos”. El detalle aludía a “todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo”, poniendo el foco en “los casos de enriquecimiento político e incrementos patrimoniales no justificados”.

Para esa altura, nadie había llamado a la Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, para comentar la iniciativa. Un rato después, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio se comunicó con el secretario de Coordinación Institucional de la Procuración, Juan Manuel Olima Espel, para invitarlos a trabajar “mancomunadamente” en el proyecto para crear una estructura “sin superposición de funciones y competencias”. Tal como contó Infobae entonces, la noticia cayó como una bomba en Comodoro Py. Había malestar y sorpresa.

La reunión finalmente se concretó el 7 de febrero pasado. El ministerio de Justicia llegó con Amerio y el jefe de Gabinete Diego Carlos Guerendiain a las oficinas de la calle Perón al 600 para reunirse con el jefe de los fiscales y hacerle llegar la iniciativa en torno a la creación de una fiscalía anticorrupción o, como alternativa, ampliar las facultades de la PIA, que hoy conduce Sergio Rodríguez. Casal se comprometió a analizar la cuestión y reiteró su predisposición a trabajar con las autoridades de la República en temas de interés común.

La respuesta llegó una semana después, tras los feriados de carnaval. Sin una modificación legal, la iniciativa se torna inviable, expresó el jefe de los fiscales. “La función primordial de la procuraduría propuesta, en cuanto a que actúe en forma paralela y conjunta con el fiscal competente en todos los casos en los que se investiguen hechos de corrupción, importaría alterar las funciones que expresamente la ley le asigna a los magistrados de este Ministerio Público, en su condición de titulares de la acción penal pública, para intervenir en los casos de su competencia, lo que exigiría modificar la legislación vigente”, expresó la nota difundida en la página de noticias de la Procuración.

Allí se reseñó que “las demás facultades de la procuraduría propuesta son iguales a las que, en sustancia, corresponden actualmente en la investigación de los hechos de corrupción, a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -cuando el sujeto activo sea un miembro de la Administración Pública Nacional- y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) -cuando el sujeto activo sea un miembro del Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa o sea un caso de soborno trasnacional-”.

“Actualmente las procuradurías, unidades fiscales y direcciones de esta Procuración, como colaboradoras o coadyuvantes de los fiscales competentes, vienen cumpliendo, a su vez, las funciones y objetivos allí propuestos”, se acotó. La nota destacó “el espíritu que animó la propuesta efectuada desde el Ministerio de Justicia, así como el espacio de reflexión que genera”.

E insistió en “la predisposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación para continuar su labor en los temas de interés común, principalmente en completar la implementación del sistema acusatorio que impactaría positivamente al dotar de mayor celeridad y efectividad a la persecución penal de los delitos de competencia federal, entre los que se encuentran los de corrupción; todo lo cual redundaría en la contribución para hacer más eficientes los mecanismos de prevención, persecución y sanción de los hechos de corrupción”.