Espionaje a jueces: Stornelli contra Martínez De Giorgi por los celulares secuestrados a un ex funcionario de La Cámpora

La causa por el espionaje a ministros de la Corte Suprema y jueces de Comodoro Py volvió a activarse y desató nuevos tiroteos entre el juez Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Carlos Stornelli sobre la investigación: ahora en el centro de la polémica aparecen decisiones que involucran al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade y a los celulares del ex funcionario de La Cámpora, Fabián “Conu” Rodríguez, investigado como partícipe de las maniobras y su vínculo con el agente inorgánico detenido Ariel Zanchetta, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

Puntualmente, el fiscal denunció que el juez no le permite acceder en forma completa al material secuestrado a “Conu” Rodríguez. Hasta habló de la “opacidad” del proceso y buscó sembrar dudas sobre las decisiones del juez de la causa, tras denunciar la violación a la autonomía del Ministerio Público.

No es el primer enfrentamiento que tienen Martínez De Giorgi y Stornelli en este proceso. Máxime si se tiene en cuenta que Stornelli desembarcó en este expediente a inicios de diciembre y enero fue mes de feria, más allá de que la causa tuvo trámite porque hay personas detenidas.

“Asistimos nuevamente a una decisión ilegal y arbitraria de Vuestra Señoría. La inmediata anterior, pretender apartar a esta Fiscalía del proceso, lo cual halló inmediato remedio y corrección al ser revisado por la Excma. Cámara del Fuero. Ahora, vedar a este Ministerio Público Fiscal, sin causa legal alguna, el completo acceso a la prueba de la causa poniendo, rayano a la nulidad, vallas a la debida intervención de dicho Órgano en el proceso e impidiendo, directamente, el cumplimiento del rol que por manda legal y constitucional le concierne. Nuevamente me encuentro apelando un fallo de notable gravedad institucional”, denunció Stornelli en el escrito al que accedió Infobae.

Ahora, la decisión sobre quién accederá a ese material quedará en manos de la Cámara Federal con la mirada de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, si el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe sostiene la apelación de Stornelli.

Todo se enmarca en la megacausa del espionaje que tiene presos a un hacker misionero, Ezequiel Núnes Pinheiro y a Ariel Zanchetta, quien aparece como la punta de iceberg de distintas tareas de inteligencia ilegal contra jueces y fiscales. Zanchetta es un ex policía que decía ser periodista pero que, para los investigados, es un agente inorgánico de la ex SIDE y ahora AFI.

Los investigadores llegaron a Zanchetta porque buscó en una base de datos, Sudamericadata, información sobre el juez federal Marcelo Borinsky el mismo día que hackearon su teléfono. Hubo más jueces hackeados como su colega de Casación Gustavo Hornos y dos de los magistrados que juzgaban a Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. todos en un mismo período de tiempo. En los mismos hechos actuó el hacker misionero, quien afirmó que a él le encargó la tarea un misterioso usuario de Telegram que le pagó y luego desapareció.

Además, a ministros de la Corte, jueces y políticos les sacaron líneas de teléfono a su nombre. Eso se descubrió tras una denuncia hecha por el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti que despuntó los otros hechos contra Carlos Rosenkratz, Ricardo Lorenzetti o la jueza de Misiones Verónica Skanata. Una curiosidad: esas líneas también se creaban en Misiones y hasta el ex gobernador y el actual de esa provincia fueron víctimas de la maniobra: Oscar Herrera Ahuad y Hugo Passalacqua.Todo se analiza bajo un mismo expediente.

Pero los teléfonos de Zanchetta destaparon otra red de espionajes: diligencias ilegales que alcanzaron a políticos, empresarios, dirigentes sociales y de fútbol o gremialistas, en connivencia con al menos tres agentes de la AFI a los que la fiscalía pidió indagar.

De acuerdo a los informes de la DAJUDECO, el ex policía había cruzado mensajes con Tailhade y también había recibido, según evaluó el fiscal Gerardo Pollicita, órdenes de Néstor Fabián “Conu” Rodríguez, un hombre clave en la estructura de comunicación de La Cámpora que hasta unos días antes de que terminara el gobierno de Alberto Fernández ocupó un cargo jerárquico en la AFIP, previo paso por el gobierno bonaerense. En una captura de pantalla se veía que el ex policía le preguntaba a “Conu” si seguía “reportando” a él y el entonces funcionario le encargaba averiguar sobre un “objetivo”, la entonces ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, y también publicar una nota en contra de ella.

El fiscal pidió secuestrar los celulares de “Conu” Rodríguez. El operativo se hizo el 6 de noviembre. Pero al entonces funcionario no lo encontraron ese día en la AFIP. Fueron a su casa y se llevaron computadoras y celulares. Tres días después, la fiscalía pidió detenerlo. El juez lo rechazó. Rodríguez se presentó al día siguiente en tribunales para entregar su celular. Según dijo Pollicita, el día del allanamiento habría estado en la AFIP pero se escondió de la policía.

Los celulares y computadoras de “Conu” Rodríguez todavía no comenzaron a analizarse, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales. Es sabido las demoras que plantean las distintas fuerzas de seguridad para dar rápida respuesta a los análisis de los dispositivos. Pero lo que pueda haber en estos equipos ya despierta cruces entre el fiscal y el juez.

Para que se entienda el escenario: Pollicita terminó apartándose del caso. Fue cuando el juez aceptó fusionar al expediente una causa contra el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade que estaba en otro juzgado. Allí el ex ministro porteño Marcelo D’Alessandro -también hackeado con la ayuda del joven misionero Núñes Pinheiro- había acusado a Tailhade por la difusión de los chats de Lago Escondido.

Pollicita entonces se excusó de intervenir por la aparición de Tailhade en el expediente, como había hecho en otras causas por expresiones previas en su contra por parte del legislador. La fiscalía de Cámara resolvió que el fiscal del caso fuera Stornelli, quien era el fiscal de la causa que inició D’Alessandro y en donde Tailhade había sido imputado.

Semanas antes, cuando explotó el escándalo de las actividades de Zanchetta, fueron muchos los políticos y dirigentes que se acercaron al expediente para ver qué había hurgado sobre ellos el espía, con miras a convertirse en querellante. Stornelli fue uno de ellos. Eso generó que apenas Stornelli desembarcó en la causa, Martínez De Giorgi lo apartara. Pero Stornelli apeló y la Cámara Federal lo respaldó.

Otro de lo que se había acercado al expediente en ese momento era Tailhade. Tal como reveló Infobae en 2023, Zanchetta también había hurgado en sus datos en 2022. Su nombre estaba en la lista de más de dos mil consultas en la base Suderericanadata. Sobre ese eje, el diputado del FdT que integra el Consejo de la Magistratura pidió ser querellante. Pero mientras eso se definía, apareció esa segunda causa en donde estaba imputado. En las semanas anteriores, Tailhade pidió tener acceso al contenido del celular a otros dos implicados en el expediente y el juez se lo concedió.

Pero la semana pasada Stornelli reclamó: ¿en calidad de qué se le iba a dar acceso al material? La fiscalía pidió la aclaratoria: “no ha fundado V.S. bajo qué carácter se le ha brindado tal acceso puesto que si bien en el propio sistema PJN el mencionado figura bajo el rótulo de ‘denunciado’, aún no ha designado defensa, presentándose al expediente -según cada caso- tanto en forma personal ‘por derecho propio’ como con el ‘patrocinio letrado’” de una abogada.

Cuando se esperaba la respuesta del juez sobre la situación de Tailhade, estalló ahora la disputa sobre el acceso a todo el material secuestrado a “Conu” Rodriguez.

La querella que impulsa Silvio Robles, director de la vocalía de la Corte Suprema y también espiado por Zanchetta, había pedido tener acceso al material, pero “Conu” Rodríguez se opuso. Pidió restringir a las partes el acceso a ese material “con el fin de resguardar el derecho constitucional a la intimidad de Rodríguez y su familia”.

Esa limitación, dice Stornelli, se hizo extensiva a la fiscalía. Reseñó que el 15 de diciembre pasado se había autorizado a tener acceso al material, pero hasta ahora el personal de la fiscalía no pudo acceder y por eso la semana pasada la fiscalía insistió. El juez resolvió: “se pondrá a disposición de las partes aquella información que resulte pertinente y de utilidad para esta investigación”.

“Sabido es que el acceso que corresponde a este Ministerio Público a la causa y a la prueba –que es íntegro-, no es disponible para las partes y tampoco lo es para el juez, aunque sea el director del proceso -dijo Stornelli-. Ser director del proceso no equivale a ser dueño del mismo ni habilita a crear soluciones pretorianas totalmente apartadas de la norma. Sorpresivamente (o a estas alturas quizás no tanto), V.S. dictó el proveído que aquí vengo a recurrir, reitero, que es ilegal y arbitrario, por cuanto cercena y limita, sin motivo válido alguno, la intervención de esta Fiscalía en el proceso”.

A criterio de Stornelli, “lo decidido tiñe también de opacidad este proceso, puesto que a casi dos meses de recibidas las copias forenses extraídas de los dispositivos del imputado Rodríguez, no se observa ninguna providencia, pese al tiempo transcurrido, tendiente al análisis de su contenido. La rémora exhibida en tal sentido, y ahora la veda –reitero, ilegal- de acceso a este Ministerio Público, impresiona ya, aunque no me conste, alejado de cualquier fin que sólo persiga el descubrimiento de la verdad mediante un proceso judicial transparente y respetuoso de sus garantías”.

“Preocupa también que V.S. entienda –desconocemos el por qué-, que el acceso de este Ministerio Público Fiscal a la prueba requerida podría significar un menoscabo al derecho a la intimidad del imputado. Por supuesto que en cualquier dispositivo secuestrado en una causa judicial –ésta o cualquiera- habrá de hallarse, quizás, información que no resulte pertinente al objeto procesal; mas ello es parte de lo previsible en el marco de la Ley procedimental cuando ésta otorga facultades que, por razones de un interés superior, habilitan, con los recaudos del caso, a franquear un domicilio o a secuestrar un teléfono o una computadora”.

Stornelli cuestionó que el juez sea el que decida qué información se le hará llegar a las partes del material secuestrado en los teléfonos de “Conu” Rodríguez. “Vuelve a desconocer Vuestra Señoría el artículo 120 de la Constitución Nacional”, afirmó. El análisis ahora quedará en manos de la Cámara Federal.