Denunciaron a Nicolás Maduro por la desaparición de la activista Rocío San Miguel

El abogado Tomás Farini Duggan, integrante del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), denunció hoy en la Justicia argentina al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por la detención y desaparición de Rocío Del Carmen San Miguel Sosa, abogada y activista de derechos humanos y presidenta de Control Ciudadano. San Miguel se encuentra desaparecida desde el viernes pasado cuando junto a su hija esperaba tomar un avión en el aeropuerto de Caracas.

La denuncia se presentó ante el juez federal de Comodoro Py Sebastián Ramos y el fiscal federal Carlos Stornelli en una causa que se inició el año pasado para que, en el marco de los procesos de justicia universal, se investiguen los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.

“Los hechos aquí denunciados constituyen –en principio- el delito de desaparición forzada de personas -la denuncia será ampliada en caso de que se conozcan otros delitos perpetrados en perjuicio de las víctimas”, sostiene el texto al que accedió Infobae. La demanda agrega que también “se deberá investigar además, si la desaparición forzada de los familiares directos de Rocío San Miguel constituye la forma de tortura denominada ´castigo por responsabilidad familiar´, que fue creada en la Alemania Nazi y consistía en detener a uno o varios familiares de algún sospechoso de cometer crímenes contra el Estado”.

La denuncia es por la desaparición y detención de “de Rocío San Miguel, Miranda Díaz San Miguel (hija de Rocío), Víctor Díaz Paruta (ex marido de Rocío San Miguel); Miguel Ángel y Alberto San Miguel (hermanos de Rocío San Miguel) y Alejandro González Canales (también familiar de Rocío San Miguel)”. “La detención de los familiares directos de Rocío San Miguel podría obedecer –lo que se solicita sea investigado- a una particular forma de tortura que el régimen de Maduro aplica sistemáticamente, según ha podido documentarse”, agrega la denuncia.

Tras la detención de San Miguel, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que la activista está acusada por los delitos de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”.

Saab manifestó que estaba en desarrollo una audiencia de presentación de seis ciudadanos, quienes, luego de las investigaciones preliminares de rigor, aparecen presuntamente involucrados en la trama conspirativa denominada “Brazalete blanco”.

El régimen de Venezuela describió a “Brazalete blanco” como un plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar a Nicolás Maduro. El chavismo suele denunciar planes conspirativos contra el mandatario. En 2023, aseveró que neutralizó cinco “conspiraciones”, en las que involucró a militares, periodistas y activistas de DDHH.

En Venezuela, la defensa de San Miguel presentó un habeas corpus para conocer su paradero.

En los últimos años, San Miguel fue blanco de repetidas acciones de hostigamiento y difamación por parte de altos funcionarios del régimen chavista. Desde acusaciones formales hasta amenazas personales, la defensora de los DDHH vivió bajo una intensa presión debido a su labor de supervisión en temas de seguridad nacional y defensa.

En particular, se destaca el suceso ocurrido el 18 de enero de 2012 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección, una decisión que subraya la gravedad de los riesgos que enfrenta a diario.

Comenzó su carrera en el sector público en el año 2000, trabajando inicialmente en el Ministerio de Infraestructura de Venezuela, para luego adentrarse en el ámbito de la defensa y seguridad nacional.

Su expulsión del ministerio por cuestiones políticas marcó el inicio de una travesía como defensora y vigilante de los procesos militares y de seguridad en el país, fundando Control Ciudadano. Esta ONG se dedica a monitorear la actuación estatal en áreas críticas para la vida pública venezolana, incluyendo el cumplimiento de compromisos internacionales como el Estatuto de Roma y las recomendaciones de la CIDH.