Atentado a Cristina Kirchner: el jefe de “los copitos” recusó a dos jueces por temor de parcialidad

En la causa por el atentado contra Cristina Kirchner, uno de los acusados, Nicolás Carrizo, señalado como un partícipe secundario del ataque, reclamó la recusación de dos jueces del Tribunal: pidió el apartamiento del juez Adrián Grümberg y su colega Sabrina Namer por temor de parcialidad. Se trata de un planteo que hizo la defensa del llamado jefe de “los copitos” al mismo momento que las partes pidieron la prueba de cara al juicio oral. Allí, la vicepresidenta y la fiscalía buscan sumar al debate las pistas contra Gerardo Milman y Revolución Federal, que no habían sido parte de la elevación original del expediente, tal como reveló Infobae este domingo.

Pero antes de definir cualquier prueba, el Tribunal Oral Federal 6 deberá resolver los planteos de recusación. Se trata de un tribunal que hoy no tiene jueces titulares y funciona con otros magistrados convocados especialmente para que las causas avancen. Cuando el caso de la entonces vicepresidenta fue elevado, el tribunal estaba integrado por los jueces Sabrina Namer, Daniel Obligado e Ignacio Fornari (que viene del fuero penal en lo económico). En este tiempo, Obligado terminó la subrogancia que ocupó durante dos años y, por sorteo, el juez Adrián Grümberg pasó a ocupar ese cargo.

Precisamente, el abogado Gastón Marano, que representa junto a su colega Brenda Salva a Nicolás Carrizo, recusó a Grümberg y a Namer por temor de parcialidad. Hubo distintos argumentos para cada uno, según los escritos a los que accedió este medio.

La recusación contra Grümberg apuntó en primer lugar a los votos del magistrado en las causas Los Sauces-Hotesur y ‘dólar futuro’ en donde se sobreseyó a Cristina Kirchner. En la primera, el voto de ese sobreseimiento fue dictado junto a Obligado. Y la decisión fue revocada el año pasado por la Cámara de Casación Penal. En la causa dólar futuro, el voto de Grümberg fue en minoría por el sobreseimiento, pero al ser apelado fue la propia Casación la que validó el cierre del expediente que ahora está apelado por la fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia.

Marano también pidió el apartamiento del juez por su “pertenencia” a la agrupación Justicia Legítima, “estrechamente vinculada” al kirchnerismo, y por su admiración al jurista Eugenio Zaffaroni, “uno de los juristas más admirado por la querellante en esta causa”. “No puede escapar al razonamiento que la causa en que mi defendido será juzgado tiene un enorme componente político”, afirmó el escrito al que accedió Infobae.

“Mi asistido tiene en juego la posibilidad de una condena por muchos años de cárcel en caso de ser encontrado culpable. La gravedad de lo que enfrenta impone la máxima prudencia en garantizar que no tenga duda alguna de que los jueces que van a decidir su suerte estén operando sin ningún tipo de condicionamiento interno ni externo”, afirmó.

Sobre Sabrina Namer, en tanto, la defensa recordó que había sido apartada de la causa por el Memorándum con Irán, en donde también está acusada CFK por encubrimiento a la investigación por el atentado contra la AMIA. También afirmó que en esa causa la magistrada había firmado la excarcelación del ex funcionario Carlos Zannini y el líder piquetero Luis D’Elía, “ambos fuertemente ligados a la víctima” y subrayó que aquella liberación se hizo un 24 de marzo (de 2018). También reseñó que la hoy magistrada cumplió funciones en la Oficina Anticorrupción en épocas de Néstor Kirchner.

Marano fundamentó su pedido de apartamiento en las conversaciones entre Cristina Kirchner y el ex jefe de la AFI y hoy senador Oscar Parrilli, en donde citó a la ex presidenta y dijo: “Estamos a 22 años de cumplirse la AMIA y este tipo (Horacio Stiuso) dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron todo y lo dejan salir del país, porque entra y sale”. Parrilli, según la transcripción, le responde: “Sí. Ahí yo lo mandé a hablar a Martín (Juan Martín Mena, exsubdirector de la AFI) para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora la investigación, lo citen”.

Para Marano, “de la conversación entre dos de los máximos jerarcas de la Administración Nacional en aquel entonces, surge como probable que tuvieran llegada a los fiscales de la causa AMIA, que eran solo cuatro y entre los que se encontraba la Dra. Namer. Nuevamente, esto no significa que dicha llegada existiera -o que haya comenzado a existir desde aquel entonces-, pero el mero hecho de que el jefe de la inteligencia de aquel entonces la considerara posible, es suficiente para empeñar de preocupación a alguien que ha de ser juzgado en una causa en donde vuelven a aparecer estos dos nombres, Cristina Fernández de Kirchner (por la acusación) y Sabrina Namer (como magistrada)”.

“Dejando a salvo las condiciones personales y profesionales de la Dra. Namer -que no se encuentran en discusión- lo cierto es que su intervención no permite que Carrizo sienta que existen garantías suficientes de imparcialidad”, añadió Marano.

Según pudo saber Infobae, en los próximos días los jueces Grümberg y Namer responderán el pedido de apartamiento y luego el juez Fornari y otros dos jueces a ser sorteados evaluarán el planteo y definirán la cuestión. Si se hiciera lugar al apartamiento (o incluso si alguno de los magistrados aceptara apartarse, algo poco probable), deberán sortearse entonces quiénes deberían llevar adelante el debate.

Recién con esto terminado, el tribunal analizarán los pedidos hechos por las partes para la prueba a utilizar en un futuro juicio. Ayer, Infobae reveló los planteos que hizo la ex vicepresidenta en su rol de querellante, la fiscal Gabriela Baigún que impulsará las acusaciones y la defensa de los acusados: Fernando Sabag Montiel, el atacante; su entonces novia, Brenda Uliarte, que estaba a pocos metros del lugar donde ocurrió todo; y Nicolás Carrizo, acusado de ser un partícipe secundario en el atentado en base a los mensajes que se encontraron en su telefóno celular cuando él fue a declarar como testigo.

Tanto la querella de Cristina Kirchner como la fiscal Gabriela Baigún coincidieron en apuntar a que se profundice y se lleve a ese juicio las pistas contra el diputado del PRO Gerardo Milman y contra Revolución Federal, dos aspectos que no formaron parte de la elevación a juicio. Lo de Milman, porque aún se investiga en instrucción. Lo de Revolución Federal, porque es parte de otra causa al no acreditarse conexión directa con el ataque. La fiscal incluso pidió citar a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

La defensa oficial de Fernando Sabag Montiel hizo foco en los peritajes psiquiátricos. La defensa oficial a cargo de Fernanda López Puleiro busca saber quién analizó que era imputable. Por eso también reclamó escuchar a los peritos de parte de la defensa oficial que lo entrevistaron durante todo este tiempo, y a los peritos balísticos: el arma estaba cargada pero el tiro no salió porque no había bala en la recámara. También pidió otras publicaciones: la de los expertos que, después del intento de homicidio, hablaban del “discurso del odio” y el documental de La Cámpora a un año del ataque llamado”La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.

Brenda Uliarte, su ex pareja también acusada, solicitó testigos. Pero llamó la atención que incluyera en esa lista a Carrizo y a Sabag, que son acusados. También Brenda quieren que declaren las secretarias de Milman en el debate. Su defensa, además, solicitó que la vea un psiquiatra de parte. “En este momento se encuentra inestable notificándonos de las lesiones en las que incurre”, sostuvo la defensa de Carlos Telleldín y Sabrina Mansilla.

Nicolás Gabriel Carrizo pidió pruebas, testimonios y que se lo someta a la prueba de la verdad: reclama que se le haga una pericia con uno de los equipos polígrafos que adquirió el Ministerio de Seguridad. Según subrayó su abogado Gastón Marano, “resulta la única técnica de evaluación forense de la credibilidad que cuenta con trayectoria empírica e investigativa ampliamente verificable” y es usada por el FBI, la CIA y la DEA. La jugada, novedosa, se pone en juego cuando, precisamente, se trata de un acusado que no está obligado a decir la verdad, pero que sostiene que no tuvo nada que ver con el atentado y que los mensajes que lo comprometen, desde el teléfono que él entregó como testigo, se deben a su “humor negro”.

“La decisión de la participación de mi asistido en este tipo de pericia surge de su necesidad de despejar absolutamente cualquier duda respecto a que dice la completa verdad en torno su inocencia respecto a los cargos que se le imputan. Los próximos años de su vida dependen de la credibilidad que se asigne a sus dichos y, por ello, quiere dotar a los mismos de la mayor potencia convictiva posible, lo que sólo podrá garantizarle -con un nivel de grado forense- la participación en una prueba poligráfica Por todo lo previo, se solicita se desinsacule perito poligrafista de aquellos disponibles en el Ministerio de Seguridad de la Nación (que cuenta con once de ellos), a los fines de que practique amplia examinación poligráfica sobre mi asistido”, sostuvo Marano.