El gobierno de Milei debe decidir si acepta que Brasil juzgue a un sospechoso del atentado a la AMIA

Se trata de una decisión política que puede marcar un hito en la larga causa por el atentado contra la AMIA. La explosión que terminó con la vida de 85 personas aquella mañana del 18 de julio de 1994 no tiene ningún culpable preso. El ex reducidor de autos Carlos Telleldín, que tuvo en sus manos la camioneta bomba antes del ataque, fue dos veces absuelto -en un fallo que debe ser revisado por Casación-, los ex policías bonaerenses a los que él había acusado quedaron exculpados en la causa tras demostrarse que existió un pago ilegal para involucrarlos; y los iraníes que están sospechados de ser los responsables de ser los que planificaron el atentado se refugiaron en su país y nunca pudieron ser siquiera interrogados.

Pero ahora, a casi 30 años de la masacre, existe la posibilidad de juzgar a al menos uno de los últimos sospechosos en el caso: Farouk Abdul Hay Omairi, un hombre de casi 80 años, origen libanés y con residencia en la zona de la Triple Frontera que se hizo brasileño. Precisamente, Brasil ya dijo que por su legislación no entregará a un ciudadano suyo a la Argentina pero sí ofreció juzgarlo en sus tierras, tal como lo detalló Infobae en noviembre pasado.

Eso es lo que debe resolver ahora el Gobierno argentino. La respuesta de Brasil llegó en el último tramo de la gestión de Alberto Fernández. El entonces ministro de Justicia y hoy diputado, Martín Soria, había sido un impulsor para llevar adelante las gestiones y por lo tanto se descontaba que esa administración avalara la iniciativa brasileña. Pero en ese contexto se dio la llegada de Javier Milei al Gobierno. Y la respuesta quedó pendiente. Vía Cancillería, el Ejecutivo tiene la posibilidad de aceptar la oferta y rechazarla. Mientras no haya ninguna contestación, Brasil no puede avanzar porque no tiene caso, precisaron a Infobae las fuentes consultadas.

Para el fiscal de la UFI AMIA Sebastián Basso, un proceso judicial contra el acusado en Brasil sería “la opción más factible de avanzar firmemente en el objetivo de hacer justicia”. Y explicó por qué: el acusado es una persona de casi ochenta años y, según su historial migratorio y delictivo en el Brasil, “fue condenado por el delito de tráfico de estupefacientes y falsificación de documentos a la pena de 11 años y 8 meses de reclusión, al pago de 303 días de multa y no ha tenido viajes fuera del Brasil en los últimos treinta años”. Es decir, nada hace presumir que Omairi viajará fuera del Brasil en los próximos tiempos. “En ese contexto, es difícil imaginar que Omairi sea detenido por autoridades de otro Estado y sometido a un proceso de extradición”, se explicó.

Pero además la fiscalía destacó que sin la ayuda prestada por Brasil no se podría haber logrado el grado de esclarecimiento en torno a Farouk Omairi. En 2022, el fiscal Basso pidió la capturas nacionales e internacionales de cuatro sospechosos por el ataque: Hussein Mounir Mouzannar, Alí Hussein Abdallah, Farouk Abdul Hay Omairi y a Abdallah Salman (alias) José El Reda. Los tres primeros vivían en las zonas de la Triple Frontera, entre las ciudades de Foz de Iguazú y Ciudad del Este. El Reda, que ya está declarado prófugo de la Argentina por el atentado a la Embajada de Israel en 1992, se encontraría en El Líbano.

El fiscal Basso formalizó su acusación: imputó por asociación ilícita armada, agravada por su finalidad discriminatoria, y pidió detenerlos para indagarlos tras entender que está “suficientemente acreditada su pertenencia y/o cooperación con la banda criminal” que sería el brazo armado del ‘Hezbollah’. El juez Daniel Rafecas, entonces a cargo de la causa, ordenó las capturas en junio de 2023 y, a pedido de la UIF argentina, en Paraguay se congelaron sus bienes.

Según pudo determinarse en la causa, Farouk Abdul Hay Omairi adquirió la nacionalidad brasileña el 3 de agosto de 1987 y reside en Foz de Iguazú, una de las ciudades ubicadas en la “Triple Frontera”. No ha registrado movimientos migratorios desde hace más de cuarenta años. A él lo señalaron como uno de los líderes del grupo terrorista por ser uno de los más encumbrados comerciantes de la Triple Frontera y también activo religioso. Su vínculo con la mezquita Husseinia y con la Sociedad Benéfica Islámica sirve como contacto con la comunidad y puerta de entrada para coordinar sus tareas. Incluso es considerado el “gran coordinador” por los libaneses de ese triángulo geográfico. Se le atribuyó haber montado un esquema de narcotráfico desde la Triple Frontera. Omairi estuvo preso pero “consiguió escapar de la cárcel pública local de Foz de Iguazú, en un extraño y, hasta hoy, mal explicado equívoco de cumplimiento de órdenes”, según describió la jueza que lo investigó.

En tanto, Alí Hussein Abdallah también obtuvo también la ciudadanía brasileña y vivió en la zona de la “Triple Frontera” hasta el año 2000, fecha en la cual partió hacia el Líbano. Allí falleció de COVID-19 el 20 de noviembre de 2020, de acuerdo con lo informado recientemente por la oficina INTERPOL de ese país. Abdallah Salman, en tanto, es conocido en la Argentina bajo la falsa identidad obtenida ilícitamente en Colombia como José El Reda. Actualmente está en el Líbano, según INTERPOL. Vivió durante un largo tiempo en la “Triple Frontera”, donde habría obtenido la nacionalidad paraguaya. Por su parte, Hussein Mounir Mouzannar vivió en la Triple Frontera hasta que se enteró de que era buscado por la Justicia argentina y se fue al Líbano. También tiene ciudadanía paraguaya. Desde el 18 de junio de 2023 reside en Líbano, país al cual se le ha requerido que lo detenga y lo entregue a las autoridades argentinas. Un abogado argentino busca convertirse en su representante pero hasta ahora no lo logró. Quiere que su cliente declare pero sin quedar detenido. Hasta ahora esa posibilidad le fue rechazada en los tribunales.

Se trata de los últimos sospechosos en la causa, pero la Justicia argentina ya ha acusado a un grupo de funcionarios iraníes considerados responsables de decidir, planificar y ejecutar el acto terrorista fueron: el ex presidente de la República Islámica de Irán Alí Akbar Hashemi Bahramaie Rafsanjani, el ex Ministro de Información iraní Alí Fallahijan, el ex Ministro de Relaciones Exteriores de la nación persa Alí Akbar Velayati, el ex jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria “Pasdaran” Mohsen Rezai, el ex encargado de la fuerza de elite “Al Quads” perteneciente a la Guardia Revolucionaria Ahmad Vahidi, el ex Consejero Cultural de la Embajada iraní en nuestro país Mohsen Rabbani, el ex Tercer Secretario de la representación diplomática iraní en Argentina Ahmad Reza Asghari o Mohsen Randjbaran y el ex Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires Hadi Soleimanpour. Ninguno de ellos pudo ser interrogado en indagatoria.

En mayo del 2022, Rafecas ordenó a Interpol la prolongación de las alertas rojas que pesan sobre cinco de los ciudadanos iraníes imputados. Las capturas vencen cada cinco años. Están vigentes hasta el 2027. El caso ahora quedó en manos del juez Ariel Lijo, interinamente a cargo del juzgado federal 6 que está vacante desde la jubilación del magistrado que estuvo al frente del caso, Rodolfo Canicoba Corral.

Ahora, con la localización de Farouk Abdul Hay Omairi y la certeza de que Brasil no lo entregará, el Gobierno argentino tiene pendiente la respuesta sobre si solicita formalmente que se lo juzgue allí. La respuesta podría marcar un punto de inflexión en la causa, pero también abrir el interrogante sobre cómo avanzar con el resto de los sospechosos. La ex presidenta Cristina Kirchner firmó el Memorándum con Irán en 2013, pero en enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman la acusó -cuatro días antes de su muerte- de buscar encubrir a los imputados a través de ese pacto. Por esa causa, la ex jefa de Estado y varios de sus ex funcionarios será juzgada en breve, según lo dispuso el año pasado la Cámara Federal de Casación Penal.