El Colegio Público de Abogados porteño volvió a rechazar dos de los cambios de la Ley Ómnibus

A un día de que la Cámara de Diputados discuta de forma particular la “Ley Ómnibus”, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal volvió a manifestar su “enfático rechazo” a la aprobación de las normas vinculadas a los divorcios administrativos y las sucesiones notariales. A través de una nota dirigida a los 257 diputados nacionales y firmada por su presidente, Ricardo Gil Lavedra, la entidad porteña señaló que esos temas “carecen de vinculación alguna con los instrumentos que solicita el gobierno para enfrentar la grave crisis que enfrenta el país”.

Se trata de dos propuestas contempladas en el megaproyecto enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso que apuntan a introducir modificaciones en el proceso sucesorio y en la disolución del matrimonio. Según el Anexo IV y el artículo 352 de la “Ley de Bases” redactada por el oficialismo, que fue trabajada durante la semana pasada en el recinto de la Cámara Baja, los procesos sucesorios pasarían de la órbita judicial a la notarial, mientras que los matrimonios que decidan de común acuerdo disolver el vínculo sólo deberían comunicarlo a las autoridades administrativas del Registro Civil, en un trámite que no requeriría la intervención de abogados ni jueces.

En ese marco, el titular del CPACF reiteró su desacuerdo con relación a ambas modificaciones por medio de una carta dirigida a todos los congresistas encargados de analizar, a partir de mañana, artículo por artículo, el proyecto de ley aprobado de manera general el viernes pasado. En esa misiva expresó: “En vísperas de la votación en particular en la Cámara de Diputados de la Nación de la denominada ‘ley ómnibus’, el Colegio Público de la Abogacía reitera su enfático rechazo a la aprobación de las normas relativas a los divorcios administrativos y a las sucesiones notariales”.

“Como hemos adelantado, esos temas carecen de vinculación alguna con los instrumentos que solicita el gobierno para enfrentar la grave crisis que enfrenta el país. En el caso de los divorcios se desconoce el sistema del Código Civil en cuanto a la necesidad de que todos los efectos del divorcio sean considerados integralmente para la protección de la parte más vulnerable”, afirmó Gil Lavedra.

A su vez, el ex diputado radical señaló:“En cuanto a las sucesiones, se intenta agregar una nueva regulación sin beneficios ciertos, toda vez que se otorgan a los escribanos las mismas facultades de los jueces e idéntico procedimiento; por todo esto advertimos que no hay mejoras en cuanto a la desformalización de esos juicios y podría haber encarecimiento en los costos”.

Y concluyó: “En ambos casos, creemos que es insustituible la presencia del juez para garantizar de mejor manera los derechos en juego”.

Hace dos semanas, la entidad porteña había emitido otro comunicado donde denostó la inclusión de los divorcios administrativos en el tratamiento de la ley, en tanto “pone en riesgo los derechos de la parte más vulnerable de la relación”. Asimismo, al analizar las sucesiones notariales aseveró: “No se advierte la ventana ni la economía en sortear la intervención judicial. Sin beneficio apreciable se otorgan a los escribanos las mismas facultades que tienen los jueces, una nueva regulación que no acarreará para los interesados ninguna economía ni mejora en los tiempos del trámite”.

Así las cosas, si la Cámara de Diputados aprueba la letra chica del proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, que pasó de tener 664 artículos a un total de 382 más anexos, el trámite seguirá en el Senado, que podrá validarlo para su posterior sanción o implementar cambios que harían regresar el tratamiento a la Cámara baja.