Se reanuda la actividad en los tribunales con el foco puesto en la Corte: el DNU de Milei y las causas de CFK

Terminó enero y, con el mes, la feria de verano que rige en los tribunales. Fue, de todas maneras, un enero atípico para el mundo judicial: los efectos del mega DNU que firmó Javier Milei el 21 de diciembre agitaron las aguas de los juzgados, con amparos y planteos que llevaron a los jueces de feria a tener un protagonismo pocas veces visto. A dos días del final de la feria, la Cámara Nacional del Trabajo dijo que la reforma laboral del DNU era inconstitucional y la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo rechazó los amparos para voltear todo el texto del Ejecutivo, sin pronunciarse sobre el fondo. Esos cuestionamientos llegarán ahora por apelación a la Corte Suprema, donde a los ministros los está esperando una demanda contra el DNU que impulsó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, uno de los que el año pasado habían pedido el juicio político de los miembros del máximo tribunal.

Si todos los ojos en general están siempre puestos en la Corte Suprema, esas miradas se potenciarán a partir de hoy aún más. La Corte Suprema no tiene plazos para resolver en sus causas.

“Se hace saber que esta Corte estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero”, dijo la resolución de apenas una carilla que firmó el secretario de Originarios el 29 de diciembre, apenas recibieron el pedido de La Rioja en el marco de una “acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad” de la norma impulsada por el Poder Ejecutivo; Quintela sostuvo que “produce perjuicios irreparables a la ciudadanía”.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 declaró “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″, y comenzó a regir el 29 de diciembre. Está vigente salvo en capítulos puntuales: cayó la reforma laboral en su totalidad y se dictaron medidas cautelares que frenaron algunos artículos como la derogación de la Ley de Tierras, la conversión de clubes de fútbol en sociedades anónimas o las subas de algunas prepagas por los reclamos puntuales de algún afiliado. Durante enero, a contrapelo de lo que quería el Gobierno Nacional, el juez contencioso de feria Enrique Lavié Pico desguazó el proceso colectivo que había impulsado su colega a fines de diciembre el magistrado Esteban Furnari: ahora un freno puede venir desde cualquier frente.

No obstante, a los tres primeros planteos que se motorizaron contra todo el DNU les dijeron que no porque no existía “un caso”. “¿Quién estaría legitimado para impugnar todo un texto tan amplio?”, se preguntaban en Tribunales. Tal vez habría que pensar en por qué hace 14 años no hay defensor del Pueblo de la Nación, una silla que la Corte Suprema reclamó varias veces ocupar. Una de esas veces fue en agosto de 2016 cuando el máximo tribunal volteó el aumento de tarifas que llevó adelante la administración de Mauricio Macri por la falta de audiencias públicas.

Será la decisión de la Corte evaluar si hace lugar a los planteos contra el DNU de Milei. Y también los tiempos. En el cuarto piso suelen dejar que haga su propio juego la política y el Congreso aún no definió la integración de la comisión bicameral donde se revisan los DNU: el Senado designó a sus miembros pero Diputados aún no.

Por lo pronto, hay antecedentes en la jurisprudencia del máximo tribunal que juegan en contra de las pretensiones de Milei por la vía del DNU porque en esos casos se sostuvo que se requería “una situación de rigurosa excepcionalidad y urgencia” y que fuera “imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes”. “El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”, dijo la Corte en el fallo “Consumidores Argentinos”. Aquella decisión se tomó en 2010. Objetaba un DNU de 2002 que modificaba la ley 20.091 de entidades de seguros.

Pero más allá de la discusión legal sobre el DNU, la Corte Suprema también debe definir otras cuestiones claves que tendrán repercusión en el mundo político. Y ahí aparecen los planteos que hizo la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Kirchner contra la orden de enjuiciarla por los casos Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces. Los tribunales orales que tenían a cargo esos juicios dictaron dos sobreseimientos para la ex jefa de Estado y el resto de los implicados en 2021. Hubo apelaciones y a fines del año pasado la Cámara Federal de Casación revocó sendas decisiones y ordenó llevar adelante el juicio oral.

La defensa de CFK apeló: reclama que vuelva a dictarse su sobreseimiento y, en ese reclamo, que el debate no se lleve adelante. Por eso quedará en la evaluación de los dos tribunales orales si avanzan con el debate o esperan la palabra de la Corte Suprema. El máximo tribunal también tiene a su estudio la apelación contra el sobreseimiento de CFK en la causa dólar futuro, un expediente en donde se dio un escenario distinto al de las otras dos causas: el tribunal oral, por mayoría, quería a avanzar y fue Casación quien resolvió el cierre.

En todos los casos intervino la Sala I, la misma que también revisa la causa de los “cuadernos” en donde Cristina Kirchner está acusada de ser la jefa de una banda de ex funcionarios que recaudaba coimas entre empresarios. Habrá que ver si este año se avanza con poner fecha a ese futuro debate en donde grandes hombres de negocios también tendrían que sentarse en el banquillo de los acusados.

Cristina Kirchner ya tiene una condena sobre sus hombros: la que la sentenció a seis años de prisión por administración fraudulenta en la llamada causa Vialidad. En diciembre del 2022, el Tribunal Oral Federal 2 la encontró culpable de ese delito y revocó aplicarle también la figura de asociación ilícita. Fue una decisión dos a uno. Para el tribunal, no habían dudas de que durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner el empresario Báez fue beneficiado de manera ilegal con obra pública para la provincia de Santa Cruz, en el marco de un “interés personal sobre el plan criminal de parte de Cristina Fernández de Kirchner” a raíz de “múltiples operaciones comerciales con el empresario detrás de las sociedades ilegalmente beneficiadas”.

La fiscalía apeló para que se agrave la condena. Las defensas también apelaron en busca de su inocencia. Eso es lo que comenzará a debatirse a partir del 22 de febrero ante la Sala IV de la Cámara de Casación Penal. Serán varias audiencias. CFK reclamará su absolución el 7 de marzo. Tras la exposición de las partes, que finalizarán en abril, Casación quedará en condiciones de estudiar el caso y resolver. El tema está en manos de los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Podría haber una definición antes de mitad de año.

A diferencia de esas causa en donde CFK es acusada, la vicepresidenta también espera que el Tribunal Oral Federal 6 ponga fecha al inicio del debate en donde se investiga su intento de asesinato: allí están acusados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, como coautores del intento de homicidio, y Nicolás Carrizo, el llamado jefe de “Los Copitos”, como partícipe secundario. La querella busca además avanzar con lo que se denuncia fue la “pata política” del ataque: CFK puso en la mira al diputado del PRO, Gerardo Milman. La pista en su contra la dio un asesor del Frente de Todos que se presentó en tribunales 23 días después del ataque para decir que oyó a ese legislador, aliado a Patricia Bullrich, decir 48 horas antes del hecho “cuando la maten voy a estar en la costa”. La justicia ordenó analizar los teléfonos de Milman.

En Comodoro Py también se esperan para los primeros meses definiciones en causas de resonancia política. Una de ellas es el expediente del espionaje a jueces de la Corte y de los tribunales federales, en donde está detenido Ariel Zanchetta, un agente inorgánico de inteligencia que por ahora insiste en que era un periodista. En sus teléfonos se encontró que recibía órdenes del ex funcionario kirchnerista Nestor Fabián “Conu” Rodríguez para hacer una operación contra la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz. Ahora habrá que esperar a saber qué hay en los celulares de “Conu” Rodríguez, aunque el secuestro de su dispositivo se demoró varios días lo que incluyó hasta un pedido de detención en su contra que fue rechazado. Zanchetta también tenía lazos con otros hombres de la AFI. La aparición de Zanchetta y sus lazos también están bajo la lupa en el caso por la muerte de Alberto Nisman.

La Cámara Federal porteña comenzará a evaluar si confirma la decisión de cerrar el expediente por la “mesa judicial” de Mauricio Macri. Tal como reveló Infobae, la jueza María Eugenia Capuchetti dictó en diciembre el sobreseimiento del ex presidente y varios de sus ex funcionarios, como el ex ministro de Justicia Germán Garavano y el ex asesor Fabián Rodríguez Simón: dijo que el delito no existió, que, a lo largo de cuatro años, no se encontraron pruebas que sustentaran esa hipótesis, y que los jueces que fueron puestos en foco nunca hicieron la denuncia, una obligación que tenían como funcionarios públicos, ni tampoco se asumieron como víctimas. El fiscal Franco Picardi apeló.

Capuchetti también tiene en sus manos una de las causas que marcó la gestión de Alberto Fernández: el escándalo del vacunatorio vip. Aunque en un primer momento la jueza había cerrado el expediente, la Cámara Federal ordenó reabrirlo y la jueza ordenó una serie de indagatorias que continuarán este mes. Entre los convocados está el ex ministro de Salud Ginés González García.

Hay otras investigaciones por afuera de los tribunales de Retiro que estallaron el año pasado y que la política seguirá con atención: la causa por el enriquecimiento ilícito al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y los alcances del expediente que disparó la figura Julio “Chocolate” Rigau, el puntero del PJ bonaerense que fue atrapado in fraganti retirando dinero del Banco Provincia con 49 tarjetas de débito y expuso un entramado de corrupción que funcionaba en la Legislatura bonaerense. En la causa también quedaron detenidos el concejal platense Facundo Albini y su padre, Claudio Albini, pero el juez de la causa Guillermo Atencio advirtió que nada de lo que ocurrió pudo haber sido ajeno a los legisladores. El lunes, mientras tanto, en el marco de otra causa, un político se sentará en el banquillo de los acusados: el ex gobernador de Tucumán José Alperovich comenzará a ser juzgado por abuso sexual de su sobrina.

Esta semana se conoció que Argentina descendió cuatro lugares en el ranking de la ONG Transparencia Internacional (TI) que mide la percepción de la corrupción en 180 países: pasó del puesto 94 al 98, un lugar que comparte con Bielorrusia, Albania, Etiopía, Gambia y Zambia. Según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2023, Argentina sacó 37 puntos sobre 100.