Entre el 1° de enero y el 14 de diciembre de 2023, los sistemas de prevención de intrusos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación detectaron y bloquearon 87.025 ataques informáticos y se logró impedir el ingreso de 1.030.530 correos no deseados (spam) y se bloquearon 930 intentos de phishing, según revelaron a Infobae fuentes judiciales. El fenómeno se da a partir de un incremento de los incidentes de inseguridad informática a nivel global, que vieron una explosión a partir de 2021, durante el segundo año de la pandemia por Covid-19 y la profundización del trabajo remoto.
Los organismos públicos se convirtieron en un principal objetivo de ataque de los hackers. Así lo demuestran los registros entre 2020 y 2023. Desde la Dirección Nacional de Migraciones, en 2020 se filtraron datos personales de más de 25.000 argentinos que volvieron al país en plena pandemia: había datos de nombre, apellido, fecha de nacimiento, teléfonos particulares o números de celulares, direcciones, procedencia y puerto de ingreso al país de quienes volvieron entre abril y mayo de este 2020.
En 2022 también se atacó al Poder Judicial de Chaco: ahí se identificó al grupo “Hive Ramsonware” como responsables del hackeo. Hasta el FBI (Federal Bureau of Investigation) advirtió el año pasado de la peligrosidad del “Hive ransomware”. Pero en ese período también hubo un maniobras que dejaron sin sistemas al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, se filtraron personales del Registro Nacional de las Personas; y ataques a las páginas del Senado de la Nación, CONICET, la Suprema Corte de Buenos Aires, el sitio web del Poder Judicial de Córdoba y la Legislatura de la Ciudad, entre otros casos que incluyen también a la Comisión Nacional de Valores, al PAMI, municipios, hospitales y otros organismos.
En ese marco, la Corte Suprema, por medio de la acordada 32/2023, creó una Oficina de Ciberseguridad que funciona bajo la órbita de la Dirección de Sistemas y tiene como misión gestionar la seguridad del tribunal en esta materia, en busca de garantizar “la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información y sistemas, mediante una gestión proactiva frente a amenazas cibernéticas y promoviendo una cultura robusta de seguridad informática”, dice la decisión oficial.
La dependencia asumió, entre otras funciones, las de supervisar y proteger la infraestructura tecnológica para detectar, prevenir y neutralizar actividades maliciosas a través de un monitoreo constante; y realizar una evaluación continua de vulnerabilidades y riesgos, diseñando e implementando estrategias para mitigarlos. Además, instrumenta programas de capacitación y concientización para el personal, que promuevan prácticas seguras en el uso de tecnologías.
En aquella resolución, los ministros sostuvieron que la Corte, “como custodio de información crítica y sensible, tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la resiliencia y protección de sus sistemas informáticos frente a cualquier amenaza cibernética”; y que la supervisión de la operatividad, seguridad y resiliencia de los sistemas informáticos del Máximo Tribunal resulta fundamental “para garantizar el acceso efectivo a la justicia, proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y fortalecer el Estado de Derecho en un entorno digital”. En ese marco, el área efectúa actualizaciones en la infraestructura de los servidores, computadoras de escritorio, instalación en las aplicaciones para mitigar las vulnerabilidades detectadas y capacitación de personal técnico, para mitigar los intentos de ataque que se han intensificado desde 2022.
Según los trabajos hechos durante el 2023, se detalló que entre el 1° de enero y el 14 de diciembre los sistemas de prevención de intrusos detectaron y bloquearon 87.025 ataques informáticos. No trascendieron detalles sobre el nivel de daño potencial de cada uno de esos registros. Los voceros señalaron que además se impidió el ingreso de 1.030.530 correos no deseados y se bloquearon 930 intentos de phishing, de acuerdo al balance del área que evaluaron los ministros. Se trata de hechos que ocurrieron hacia la Corte Suprema y no a todo el sistema del Poder Judicial.
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