Condenaron con prisión condicional a un docente universitario por falsificar sus títulos para dar clases en la UBA

La pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 porteño fue de 2 años y medio bajo el marco de un juicio abreviado. También deberá indemnizar a la institución educativa por todo el tiempo que trabajó allí como docente

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Sede de la Facultad de Agronomía de la UBA, donde el condenado por falsificación de documentos públicos daba clases
Sede de la Facultad de Agronomía de la UBA, donde el condenado por falsificación de documentos públicos daba clases

En el marco de un juicio abreviado, un profesor universitario fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 porteño a la pena de dos años y seis meses de prisión condicional por falsificar sus títulos de grado para dar clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además deberá pagarle a la institución educativa casi 130 mil pesos en virtud del tiempo que trabajó allí como docente.

Se trata de Álvaro Lamas, de 64 años, quien luego de reconocer los hechos imputados en su contra recibió la pena acordada con el Ministerio Público Fiscal por ser considerado, en rigor, partícipe necesario del delito de falsificación de documento público, en concurso real con el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Según el fallo al que accedió Infobae, que llevó la firma del juez Germán Andrés Castelli, se tuvo por comprobado que en 1994 Lamas presentó a la UBA, donde él ya trabajaba como docente desde 1988, los títulos de grado de Ingeniero en Producción Agropecuaria y de Licenciado en Ciencias Agrarias -con especialidad en Zootécnica-, que figuraban emitidos por la Pontifica Universidad Católica Argentina (UCA), para que sean agregados a su legajo administrativo personal. Ambos documentos estaban a su nombre y llevaban la fecha del 6 de abril de 1986.

Años después, en septiembre de 2017, el ahora condenado se inscribió en un concurso docente de la misma universidad donde presentó copias de sus dos títulos de grado y agregó, a su vez, un diploma a su nombre de “Magister Scientae” en Ecología Social, que llevaba el respaldo del “Institute for Social Ecology - Instituto Latinoamericano de Ecología Social”, de Montevideo, y la fecha de 4 de febrero de 1995.

A raíz de la tramitación de ese concurso, los integrantes del jurado de la Universidad registraron una serie de anomalías en la documentación del inscripto. En efecto, según detalló el juez Castelli, “el título de grado y de posgrado parecían haber sido expedidos en el mismo año; el título de licenciado no mencionaba que fuera de posgrado; la copia del título de maestría no contaba con sello de la institución emisora, a la vez que tenía un error en el nombre del instituto, del que, además, no pudo comprobarse su existencia”.

La detección de estos indicios implicó el rechazo de la postulación del docente al concurso universitario, que fue declarado desierto. Luego se dio lugar a la formación de un expediente administrativo donde quedaron verificadas todas las anomalías, “destacándose particularmente que Lamas no figuraba como egresado de la Universidad Católica de Buenos Aires”, explicó el juez al relatar los antecedentes del caso. Y agregó: “la firma inserta en el título de maestría era diferente a la atribuida a la misma persona que surgía del título analítico presentado por el imputado”.

Con base en esta información, la secretaria de Asuntos Legales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires presentó una denuncia que llevó a la instrucción fiscal a allanar el domicilio del profesor, donde se pudieron secuestrar los títulos de Ingeniero en Producción Agropecuaria y de Magíster. Poco después, tras un peritaje de la División Scopometría de la Policía Federal, se determinó que ambos eran apócrifos.

El imputado recibió una condena por valerse de títulos de grado apócrifos para dar clases en la universidad pública (Foto ilustrativa)
El imputado recibió una condena por valerse de títulos de grado apócrifos para dar clases en la universidad pública (Foto ilustrativa)

“En definitiva, las evidencias enunciadas demuestran, con certeza necesaria, que Álvaro Manuel Lamas, con pleno conocimiento y voluntad, obtuvo mediante engaño los distintos cargos mencionados en la Universidad Pública de Buenos Aires. Entre otras razones, se destaca la utilización, para ello, en un primer momento, de dos títulos en cuya falsificación intervino los que, años más tarde, volvió a presentar con idéntico objetivo, junto con un tercer título también apócrifo, con el mismo conocimiento y voluntad”, expresó el magistrado del TOCF 7 porteño.

Y añadió: “Para ello, basta reparar en los informes realizados por la Universidad de Buenos Aires, las pericias practicadas a los documentos, y el propio reconocimiento del imputado”.

De acuerdo a las actuaciones, Lamas ocupó cargos remunerativos en la UBA desde el 1 de agosto de 1988 hasta junio de 2021, donde trabajó como Ayudante de 1°, Jefe de Trabajos Prácticos y Profesor Adjunto, en todas las instancias bajo la modalidad de interino y regular. Este hecho llevó a la fiscalía a imputarlo por “haber defraudado las arcas públicas, generando un perjuicio económico para el erario público” durante todo el periodo en que ejerció la docencia en aquella institución.

Así las cosas, el juez Castelli dijo: “La conducta descripta (...) y atribuida a Álvaro Manuel Lamas resulta constitutiva del delito de falsificación de documento público falso, en concurso real con el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, por los que deberá responder en calidad de partícipe necesario (artículos 45, 55, 292, primer párrafo y art. 174 inciso 5° en función del art. 172 del Código Penal de la Nación.)”.

Al graduar la condena el magistrado validó la pena propuesta por las partes en el acuerdo abreviado. En esa línea valoró como agravante “la afectación a dos bienes jurídicos distintos” y como atenuantes “la falta de antecedentes penales y la admisión del hecho realizada por el imputado”.

Con todo, Lamas recibió una pena de cárcel de dos años y medio en ejecución condicional y la obligación de fijar residencia y de notificar cualquier cambio de domicilio al Tribunal. También quedó a su cargo el pago de una indemnización a la UBA por $127.315 y de las costas del proceso.

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