La empresa venezolana EMTRASUR apeló la orden de decomiso y por ahora frenó el traslado del avión iraní a Estados Unidos

La disputa judicial por el destino del avión iraní-venezolano, retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio de 2022, todavía tiene varios capítulos por escribir. La orden de decomiso firmada por el juez federal Federico Villena antes de la feria judicial fue apelada por la empresa venezolana EMTRASUR y ahora deberá decidir la Cámara Federal de La Plata. Fuentes judiciales consultadas por Infobae no descartaron que la definición se conozca durante la feria de enero, aunque no hay una urgencia que acelere los tiempos. De hecho, el trámite estuvo casi ocho meses cajoneado en el Ministerio de Justicia durante la gestión de Martín Soria y Juan Martín Mena y recién se destrabó cuando asumió el gobierno de Javier Milei.

Todo ocurrió la última semana de diciembre. El 26, el nuevo secretario de Justicia, Sebastián Amerio, le mandó al juez Villena dos solicitudes complementarias de asistencia jurídica remitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La primera estaba fechada el 26 de octubre de 2022. Nunca había sido enviada al juzgado de La Matanza. La segunda, del 5 de mayo de 2023, era crucial porque solicitaba el decomiso del avión para que finalmente se pueda trasladar a Estados Unidos. También fue cajoneada por decisión del gobierno kirchnerista.

Apenas recibió la nota de Amerio, el juez Villena le corrió traslado a la fiscal Cecilia Incardona, que en menos de 48 horas dictaminó a favor del decomiso. Esa decisión desencadenó una dura embestida del gobierno venezolano. “La Justicia argentina pretende desconocer el contenido del artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional que establece la prohibición o paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes, y que luego de probarse en un juicio, lleno de arbitrariedades en incumplimiento del propio ordenamiento jurídico interno, que la tripulación, la aeronave y la carga, cumplieron todas y cada una de las normas internacionales para la navegación aérea y del ordenamiento jurídico argentino”, sostuvo el gobierno de Nicolás Maduro.

No es la primera vez que Venezuela ataca a la fiscal y al juez de la causa. En este caso, el comunicado activó una respuesta de la Procuración General, que respaldó a Incardona y a un funcionario de ese organismo, Diego Solernó, al afirmar que cumplieron con sus funciones “en el marco de un proceso donde les toca intervenir por imperio legal”.

Con el dictamen de la fiscal, el 29 de diciembre, último día hábil del año, el juez Villena ordenó que se cumpla el decomiso del Boeing 747-300, número de matrícula YV-3531, y le pidió al FBI que designe una persona para que reciba la aeronave.

Pero el avión sigue en Ezeiza porque la empresa EMTRASUR apeló la resolución y logró trasladar la decisión a la Cámara Federal de La Plata. “Se habilitó la feria pero no hay urgencia para tratarlo en enero”, advirtió una fuente judicial que deberá intervenir en los próximos días.

Entre otras cosas, la empresa venezolana, representada por el estudio de Maximiliano Rusconi, sostuvo que el juez Villena “se arrogó arbitrariamente competencia sobre el nuevo pedido de colaboración” y que “no hay una causa penal en Estados Unidos” que habilite la aplicación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre Argentina y Estados Unidos. Además, EMTRASUR planteó que no tuvo la posibilidad de defenderse ante la justicia estadounidense, que ordenó el decomiso luego de un extenso proceso.

Hasta que la Cámara no se expida no habrá novedades sobre el destino del avión. El juez Villena ya había aclarado que su decisión estaba condicionada a una apelación “por alguna de las partes y que un Tribunal superior decida revocar lo aquí decidido”.

La aeronave está hace más de un año bajo custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en el aeropuerto de Ezeiza. Pueden hacer inspecciones mecánicas y de los lugares de almacenamiento aunque todas las tareas de mantenimiento quedaron a cargo de la empresa Risk Mondial, Aviation & Recovery.

En los últimos meses, el avión se puso en movimiento más de una vez y circularon videos en las redes. Todo indica que apenas se destrabe la cuestión judicial, podrá volar a Estados Unidos.

El proceso había quedado congelado en el Ministerio de Justicia, durante la gestión de Soria y Mena, que tiene estrechos vínculos con Venezuela. Apenas asumió, Mariano Cúneo Libarona dio la orden de cumplir con el Tratado y remitir las actuaciones al juez Villena.

Documentos judiciales a los que tuvo acceso Infobae revelan que el pedido de decomiso estuvo frenado en el ministerio de Justicia desde el 5 de mayo del año pasado. Dos días antes, un Tribunal de Columbia había dictado el decomiso y determinó que “las autoridades estadounidenses habían cumplido con la ley al haber notificado debidamente a todos los terceros identificados y al público en general mediante notificación pública concediendo tiempo suficiente para presentar cualquier reclamación de tercero”.

El avión incautado en Ezeiza pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE.UU. El conflicto comenzó cuando la aeronave pasó a manos de EMTRASUR, una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), sin la autorización del gobierno de Joe Biden. La situación se agravó entre febrero y mayo de 2022, porque la empresa venezolana permitió que el avión viajara desde Caracas a Teherán y Moscú.

La aeronave llegó a Buenos Aires el 6 de junio de 2022 con una carga de autopartes de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para Volkswagen. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. Con el tiempo se comprobó que hubo una cadena de contrataciones entre varias empresas para ocultar a Emtrasur.

El 8 de junio, dos días después de su llegada, el avión intentó volar a Uruguay para cargar combustible pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar. Ante el escándalo, el gobierno argentino argumentó que se habían tomado todas las medidas de seguridad posibles. Pero igualmente debió soportar las presiones diplomáticas de Venezuela e Irán.

En la causa judicial local también se evaluó la situación de los 19 tripulantes: 5 iraníes y 14 venezolanos. Al comienzo del expediente, el FBI hizo llegar un informe con supuestas pruebas que vinculaban al piloto, Gholamreza Ghasemi, con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y Hezbollah. También apuntaba a una supuesta relación comercial con Fars Air Qeshm, la aerolínea de carga iraní sancionada por Estados Unidos. Pero el piloto nunca fue procesado. En mayo del año pasado, la Justicia argentina confirmó la falta de mérito de Ghasemi y otros cuatro tripulantes, y unos días después regresaron a Venezuela.

En el vuelo de regreso, el piloto hizo la señal de la victoria. Pero la historia todavía no está cerrada.