Zanchetta, acusado de espiar jueces, insiste en pedir su libertad y hubo que salir a buscar magistrados: varios fueron sus víctimas

Ariel Zanchetta, el ex policía que está acusado de haber sido un agente inorgánico de inteligencia que espió a jueces de Comodoro Py y la Corte Suprema, busca salir de prisión. Allí está alojado desde hace seis meses. “Muerte al espía del pabellón 9″, le advirtieron hace un mes en la cárcel. El ex policía que se proclama periodista reclamó su excarcelación, pero el juez Marcelo Martínez De Giorgi se lo rechazó: porque aún se están llevando adelante medidas de prueba. Pero el ex uniformado apeló. Lo curioso es que, en medio de la feria judicial, no consigue magistrados para que resuelvan: tres camaristas tuvieron que excusarse porque fueron víctimas de esas maniobras, revelaron a Infobae fuentes judiciales.

En las últimas horas previas a la feria judicial de verano, la defensa llegó a la Cámara Federal con un pedido de libertad para Zanchetta. Su memorial con los argumentos para sostener el planteo fue presentado formalmente el martes 2 de enero. Habitualmente, el expediente es revisado en el segundo piso de los tribunales de Retiro por los miembros de la Sala II de la Cámara Federal: Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Pero durante enero solo Boico se quedó trabajando y sus colegas entraron de licencia.

En la primera quincena del año también se quedaron trabajando dos integrantes de la Sala I, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Sin embargo, los dos aparecen en los listados que el propio Zanchetta buscó en la base SudamericaData, el indicio que lo llevó al ex policía a estar preso en esta causa. El mismo día que buscó los datos del camarista Mariano Borinsky, al hoy presidente de Casación le habían hackeado el teléfono. Frente a ese escenario, Bruglia y Bertuzzi decidieron excusarse de intervenir en el caso.

Pero no había más miembros para intervenir en la Cámara Federal activos, y, por lo tanto, fueron a buscar a la Cámara en lo Penal Económico. Allí, las sillas de los jueces también están desiertas por la gran cantidad de vacantes. Durante la feria quedó solo Roberto Hornos (y Bruglia subrogaba en ese tribunal las causas a resolver). Pero apenas fue notificado de que había que intervenir en este expediente, Hornos también se excusó: su hermano, el juez de Casación Gustavo Hornos, también fue uno de los jueces hackeados, que son víctimas en este expediente.

Nunca antes había sucedido que no hubiera jueces de la Cámara Federal o de la Cámara Penal Económico disponibles para resolver, contaron a Infobae fuentes judiciales. En ese contexto, el tribunal decidió notificar a la Cámara de Casación. El viernes, Borinsky -en su calidad de presidente- resolvió integrar, como plantea la ley de subrogancias, con jueces de tribunales orales. Por sorteo, la suerte recayó en la jueza Sabrina Namer, del Tribunal Oral Federal 8; y el juez Luis Losada, juez del Tribunal Oral en lo Penal Económico n°2.

Mientras aguardan por la aceptación de su pedido de excarcelación, Zanchetta recibió otra negativa: la del juez Martínez De Giorgi a otorgarle la prisión domiciliaria. El 27 de diciembre pasado, su defensa solicitó que se le concediera una morigeración de la prisión preventiva porque padece diabetes de tipo 2 y la situación de encierro había provocado un agravamiento en su salud.

Zanchetta explicó que perdió 8 kilos, que se le duermen los brazos y las piernas, que le aparecieron “forúnculos en el cuerpo y en la cabeza” y sufre dolores de cabeza, lumbares y al orinar. Y su defensa aseguró que la atención médica que recibía en el penal era deficiente y evidenciaba “un alto grado de desidia”. Subrayó que el médico personal de su cliente recomendó un estudio de pancreas, pero que el SPF solo conseguía turno para febrero. Y añadió que su edad, 57 años, más un ACV previo, en un contexto de detención “habría devenido en la alteración de su situación nerviosa, lo que agravaría su condición médica general”.

El fiscal Carlos Stornelli, que llegó al expediente recientemente tras la excusación de seguir interviniendo de su colega Gerardo Pollicita, rechazó el planteo: dijo que la supuesta falta de tratamiento y supervisión médica adecuada por parte del SPF “no presenta correlato en las actuaciones incorporadas al expediente –más precisamente en el Legajo de Salud formado respecto del imputado-” y, por lo tanto, no correspondía hacer lugar a la morigeración solicitada, más allá de continuar con el seguimiento respecto del estado de salud de Zanchetta -en el marco del respectivo legajo de salud-, así como de instar a las autoridades del SPF a que se tomen todas las medidas correspondientes a los efectos de que el detenido reciba tratamiento debido y control de las afecciones clínicas padecidas.

El juez pidió informes al Director Médico de la Unidad Médica Asistencial del Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz incorporado al expediente, sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento requeridos. “Las conclusiones vertidas allí ilustran que la unidad de detención cuenta con todos los medios para asistir de forma debida al interno, aunque se puso énfasis en que ante la patología que padece, la adecuación al tratamiento y su cumplimiento, a los fines de lograr los objetivos glucémicos y metabólicos, recaen, en gran medida, dentro de su ámbito de responsabilidad individual. Ello es, que resulta de particular importancia la colaboración que el paciente preste para lograr los objetivos de su tratamiento”, señaló el fallo al que accedió Infobae.

Y añadió: “no se advierte, y tampoco se acreditó en el incidente, cómo, bajo el cuidado familiar en su domicilio, el encartado podría recibir un cuidado médico con mejores prestaciones a las brindadas en una institución médica como es la UMA del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz”. En función de eso, el juez afirmó que “la concesión de la prisión domiciliaria resulta improcedente”. No obstante, instó a las autoridades penitenciarias a un seguimiento período del detenido en donde se informe al tribunal cada 15 días su cuadro de salud.

Ahora, la Cámara Federal revisará el pedido de libertad de Zanchetta y es probable que también llegue, por cuerda separada, el reclamo de domiciliaria.

En la causa, hay otro detenido: Ezequiel Nuñes Pinheiro, el hacker misionero que también está preso hace medio año y que participó de las maniobras para hackear el celular de varios jueces, además del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y el entonces diputado Diego Santilli. A él, los jueces Boico e Irurzun le rechazaron la excarcelación en los últimos días de diciembre: el caso reviste gravedad institucional y está caracterizado por el modo clandestino y oculto en que se manejaban sus autores. Todavía no se sabe quiénes más estaban detrás de las maniobras e instaron al juez a acelerar las investigaciones

En noviembre pasado, el fiscal Pollicita sostuvo que Zanchetta fue un espía inorgánico de la ex SIDE y de la AFI desde 2009 hasta la actualidad. El acusado negó los cargos y aseguró que investigaba a los jueces porque era periodista. Pero del análisis de sus dispositivos surgió que también tenía archivos de distintos informes y tareas de inteligencia sobre políticos, dirigentes, periodistas y jueces. El fiscal pidió volver a indagarlo y acusó además a tres agentes de la AFI y al ex funcionario de la AFIP y hombre de La Cámpora, Fabián Nestor “Conu” Rodríguez, por estar vinculados con estas maniobras.

Es que, según unas fotos que guardó en su celular, “Conu” Rodriguez, entonces subdirector General de Servicio al Contribuyente, le encomendó a Zanchetta el día 9 de octubre de 2022 la realización de un “parte” y de una nota periodística para publicar contra el objetivo y le confirma que siga “reportándose” a aquél. El objetivo era la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Dos días después, Zanchetta hizo sus búsquedas en SudamericaData, una firma que quedó también bajo la mira de los investigadores ante la sospecha de que funcionaba con datos “de fuentes desconocidas” y sin autorización oficial. Luego, apareció la nota “periodística” contra la entonces ministra. El encargo se pagó con pauta de la provincia de Buenos Aires.

A Rodríguez no lo encontraron cuando lo fueron a buscar a la sede de la AFIP para secuestrarle el celular. El fiscal aseguró que, según los registros, estaba en ese edificio pero se escondió de la policía. A tres días de ese procedimiento, Pollicita pidió su detención y el juez lo rechazó. “Conu” se presentó en tribunales al día siguiente y dejó su celular. Ahora, se está esperando evaluar el contenido de ese dispositivo, junto a las otras computadoras secuestradas en su casa. Aún no fue indagado. La fiscalía lo acusó por ser partícipe de las maniobras de espionaje.

En la causa hay otro imputado: el diputado Rodolfo Tailhade, integrante del Consejo de la Magistratura y una de las voces del kirchneristas más críticas sobre Comodoro Py y la Corte Suprema. Por esta ahora se recupera de un trasplante renal. Su imputación en la causa fue fruto de que se incorporó al caso otro expediente en donde D’Alessandro lo acusó de espionaje por la intrusión a su teléfono. Tailhade estuvo trabajando en el área Contrainteligencia, tras la salida de Antonio Stiuso y la creación de la AFI, según confirmó él mismo en una entrevista radial en la que denunció una operación en su contra. Zanchetta tenía como contacto a Tailhade, y un informe de la oficina de la Corte DAJUDECO detectó conversaciones con el policía detenido, en donde éste le mandaba o le ofrecía información sobre causas de Elisa Carrió, el senador Luis Juez o le prometía material sobre los diálogos de jueces que habían ido a Lago Escondido cuando ya estaban haciéndose públicos.