La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ya interviene en algunas causas judiciales contra el DNU

En el amplio tablero de ajedrez jurídico y político de la causas judiciales contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70 del gobierno de Javier Milei un nuevo jugador comienza a mover desde hoy. Es la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que a pedido del gobierno revisará dos decisiones que la semana pasada tomó el juez Enrique Lavié Pico.

El Poder Ejecutivo quiere que el tribunal vuelva a armar el amparo colectivo para nuclear en un solo expediente todas las presentaciones contra el DNU y que expresamente le quite al fuero laboral las causas contra las reformas laborales del decreto. La Cámara ya recibió los dos expedientes y los puso “en acuerdo”, lo que significa que quedó en condiciones de resolver.

El gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Rodolfo Barra, apeló dos decisiones que tomó Lavié Pico. Una fue desarmar el proceso de amparo colectivo que se había armado la última semana de diciembre.

Lavié Pico entendió que cada expediente, debido a la amplitud de temas que aborda el DNU, debía tramitarse donde se había presentado y no en un único tribunal. La segunda, ante esa decisión, fue declarar inoficioso el planteo del Gobierno para que la causa que inició la CGT en el fuero laboral pase al contencioso. Ese planteo de la CGT tuvo una medida cautelar que suspendió la reforma laboral del DNU. Luego se sumaron otros dos fallos similares.

Ante la apelación del Gobierno, el juez Lavié Pico ya concedió las apelaciones, informaron a Infobae fuentes judiciales. El Poder Ejecutivo pidió que sea con efectos suspensivos. Es decir, que mientras la Cámara analiza las causas, los efectos de los fallos sean suspendidos. El magistrado no se pronunció expresamente sobre eso. Dijo que elevaba las causas a la Cámara “a sus efectos”.

Sobre desarmar el amparo colectivo, el oficialismo planteó en su apelación que esa decisión “produce efectos gravísimos para la defensa del Estado Nacional, en tanto produce la multiplicación de litigios con el riesgo de tener sentencias contradictorias”. Y agregó: “Adviértase también el estado de incertidumbre en el que queda sumida la población argentina, en cuanto a la proliferación de juicios en los que se decida: en algunos casos sobre la vigencia, y en otros por la no vigencia o suspensión del DNU”, agregaron los abogados del estado.

Respecto de la causa de la CGT, el Poder Ejecutivo reclamó que la Cámara Contencioso tome la competencia de ese expediente y que declare nula la medida cautelar que la semana pasada dictó la Cámara del Trabajo y que suspendió el título IV del DNU 70 en el que se dispusieron las reformas laborales. A esa decisión se sumaron dos similares: las cautelares que pidieron la CTA y la Federación Única de Viajantes de Comercio de Argentina.

Esos planteos ahora están en mano de los jueces Sergio Fernández y Carlos Grecco, integrantes de la Sala III de la Cámara Contencioso y quiénes están de feria en el tribunal durante el receso judicial de enero. Fernández es un magistrado de amplios contactos en la política y la justicia, hermano de Javier Fernández, auditor general de la Nación y también con ramificaciones en tribunales de quien está distanciado. Tiene un peso fuerte en el fuero aunque en los últimos tiempos encontró resistencias entre sus colegas.

Grecco es uno de los jueces más antiguos del fuero y atraviesa una situación especial. En marzo cumple 80 años y necesita un nuevo acuerdo para continuar en el cargo. La Constitución Nacional establece que la edad máxima para ser juez son 75 años excepto que el Senado de un nuevo acuerdo por cinco años más. Grecco recibió ese acuerdo a los 75 y ahora pidió continuar. El gobierno de Alberto Fernández envió el 11 de octubre al Senado el pedido para que Grecco siga cinco años más. Pero la cámara alta no llegó a tratarlo.

Cuando asumió Milei, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, retiró el 12 de diciembre 63 pliegos de jueces y fiscales del Senado, una práctica habitual de todo gobierno. Pero no retiró otros cuatro pliegos, entre ellos el de Grecco. Pero el 29 de diciembre entró al Senado una nota del Poder Ejecutivo, firmada por Milei y por Cúneo Libarona, en la que pidieron el retiro del pedido de acuerdo de Grecco y el resto de los jueces. Ahora, el juez de la Cámara Contencioso debe esperar que el gobierno decida si vuelve a proponerle cómo continuar en el cargo.

Mientras tanto, el juez Lavié Pico habilitó la feria judicial para tratar los expedientes del Observatorio del Derecho a la Ciudad, del abogado Jorge Rizzo, de la Federación Argentina de Municipios y de la Asociación Civil Inquilinos Agrupados, entre otros.

En todos se reclama la inconstitucionalidad del DNU por entender que se dictó de manera contraria a lo que establece la Constitución Nacional. En algunos se pide que se suspenda todo el texto y en otros algún aspecto puntual. Ese fue el caso de la CGT y la CTA con los cambios laborales o el de la Asociación de Inquilinos Agrupados que reclama por la derogación de la ley de alquileres.

Al habilitarse la feria judicial, el juez Lavié Pico comenzó a tramitar las causas. En varias de ellas le pidió al Gobierno -tal como establece la ley de amparos- que opine sobre los reclamos. Para hacerlo sobre las medidas cautelares le dio tres días y cinco para el fondo del reclamo. Esos plazos comienzan a vencer este jueves. A partir de allí el magistrado quedará en condiciones de resolver si acepta o rechaza las causas.

Según un relevamiento que hizo este medio entre las causas judiciales que se presentaron, casi todos los temas del DNU tienen un reclamo judicial.

El texto tiene 15 títulos. Cada uno es un tema que se reforma o deroga, excepto el primero que plantea los objetivos del DNU. De los 14 restantes, en 10 hay expedientes iniciados. Son reforma del Estado, trabajo, comercio exterior, bioeconomía, aerocomercial, justicia, salud, comunicación, deportes y turismo.