“Vamos a ser los primeros en denunciar cuando veamos hechos de corrupción”, aseguró el titular de la OA

Alejandro Melik lleva apenas dos semanas al frente de la Oficina Anticorrupción, pero ya tuvo que intervenir en varios conflictos de intereses por la catarata de designaciones en el Poder Ejecutivo. En lo inmediato, también comenzarán a llegar denuncias sobre hechos de corrupción, muchas de ellas anónimas.

En diálogo con Infobae, Melik asegura que el organismo que conduce se encargará de verificar esas denuncias y luego las pondrá disposición de la Justicia. “Vamos a ser los primeros en denunciar cuando veamos hechos de corrupción”, ratificó ante la polémica por el rol de la OA.

Apenas asumió, el flamante ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidió que la OA y la Unidad de Información Financiera (UIF) dejarán de ser querellantes en las causas de corrupción y de lavado de dinero, marcando una diferencia con los gobiernos anteriores. “Los organismos del Estado, la UIF y OA, no son organismos de persecución. No es tarea del Ministerio de Justicia salir a buscar delitos. Acá se desnaturalizaron a los organismos, y terminaron siendo querellante la UIF, la OA y la AFIP”, dijo hace dos semanas en una entrevista con este medio.

En el caso de la OA, durante el gobierno de Alberto Fernández, y bajo la gestión de Félix Crous, el organismo ya se había retirado de los expedientes penales. Eso incluyó las causas de corrupción de la gestión kirchnerista y especialmente los expedientes donde estaba procesada la ex vicepresidenta Cristina Kirchner.

El proceso comenzó en 2020 y fue paulatino porque todavía había algunos juicios orales en marcha. Para justificar su decisión, en ese entonces, Crous argumentó, entre otras cosas, que el Estado seguiría representando en los expedientes a través de los fiscales. “La oficina cumple funciones que en buena medida se superponen con las específicas del Ministerio Público Fiscal, especialmente su órgano especializado en la materia, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (art. 25 de la ley 27.148), circunstancia reconocida ya en la ley de creación (ley 25.233)”, decía esa resolución.

Pasaron más de tres años y ya no hay querellas activas de la OA en la Justicia. Pero sí hay investigaciones internas que comenzaron en el gobierno anterior y continúan su curso.

Entrevistado por Infobae, Melik ratificó que el organismo denunciará apenas tenga pruebas suficientes de hechos de corrupción. “Acá no habrá privilegios ni impunidad para nadie. Nosotros usaremos todas las herramientas para investigar y prevenir hechos de corrupción, y si ocurren los denunciaremos. Luego es la Justicia la que tiene que actuar y decidir. Para eso existe y debemos respetar la independencia de poderes. El Poder Ejecutivo denuncia y el Poder Judicial juzga”, explica.

-Hubo críticas ante la decisión de no impulsar las querellas. ¿Usted ratifica lo que dijo el ministro?

-Sí, claro, estamos totalmente de acuerdo en eso. Escuchamos los reclamos de la sociedad pero no es el Poder Ejecutivo el que decide qué hacer con lo que se denuncia, sino el Poder Judicial y específicamente el Ministerio Público Fiscal quien lleva adelante las acciones penales. Sería una intromisión en la facultad de otro poder. No estamos para perseguir delitos.

Algo similar viene planteando Cúneo Libarona, que conoce a Melik desde los 90′, cuando juntos defendían a Guillermo Coppola en la famosa causa del jarrón. El ministro sostiene que hubo una “guerra” desde la política y que tuvo su epicentro en los tribunales de Comodoro Py. En ese marco, habló de “pacificación” y recibió algunas críticas, incluso desde sectores de Juntos por el Cambio que acompañaron a Javier Milei en el balotaje.

Pese a la decisión del Gobierno de retirar a la OA de las querellas, la Ley Ómnibus incluyó, por error, un inciso donde asegura que ese organismo podrá “constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado”. Melik ratificó que “se va a corregir”. En el Ministerio de Justicia aseguran que será mediante un decreto. Pero para eso falta.

El proyecto enviado ayer al Congreso, plantea reformar el artículo 13 ter de la ley N° 25.233, que habla de la facultades de la Oficina Anticorrupción. El inciso “M” de ese artículo quedó redactado sin los cambios previstos: “Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado, dentro del ámbito de su competencia”.